El Estado chileno acaba de autorizar las tronaduras para la extracción de carbón en Isla Riesco, promoviendo de esta forma el uso de combustibles fósiles para generar energía eléctrica; lo que transita en sentido claramente antagónico a los compromisos ambientales que ha suscrito Chile. Hemos de decir Estado y no Gobierno dado que, al menos el congreso, sólo reviste una comparsa de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y que, efectivamente, atañen a la economía, el medio ambiente y a las/os trabajadoras/es.

Aparentemente provocativo, esta autorización se produce en medio del drama que viven las personas de las zonas de Quintero y Puchuncaví quienes, por la gravedad que implica la intoxicación de familias completas, ha concitado la atención de los medios durante las últimas semanas.

Sin embargo, sospechamos que no se trata de provocación alguna, sino que simplemente son acciones propias de una sociedad y un Estado que se ha dedicado a administrar el negocio que significa asumir las directrices del capitalismo mundial, controlado por organizaciones que representan los intereses de las empresas multinacionales; excediendo las competencias u obligaciones que en un Estado-Nación deberían ser prioritarias, como la salud, la vida de sus habitantes y -especialmente- de los niños y comunidades más vulnerables.

Con la debida consideración que merecen los seres humanos que están sufriendo las consecuencias de las emisiones contaminantes en estos días, especialmente las cuarenta y nueve personas que oficialmente fueron reconocidos como intoxicados el pasado 25 de septiembre, resulta necesario echar mirada diferente de esta situación que padece el país; en la zona en cuestión, pero generalizado a lo largo y ancho de todo el territorio.  No por nada, en la III Cumbre de Movimientos Sociales, desarrollada en Valparaíso, la síntesis fue que “Chile es un país de sacrificio”.

Como fuere, las personas afectadas en las últimas semanas comienzan a manifestar su rabia, en medio de intentos por parte del Gobierno, a fin de “normalizar” la situación, indicando una serie de acciones como la de sostener que los niveles de emisiones contaminantes se encuentran en rangos que no afectan a la salud de la población, mientras por otro lado  se comunica que se han desarrollado reuniones con las empresas del sector, las que se comprometerían a disminuir las operaciones en los momento en que las condiciones climáticas lo aconsejaran. En el fondo, el Gobierno intenta convencer a las y los chilenos de que se regularán con mayores exigencias estas actividades.  Esto, dice la tecnocracia, con el objetivo de evitar las consecuencias que conocemos, escondiendo factores materiales que hacen imposible en este modelo de desarrollo un cambio o una humanización de la tortura. A continuación, comentaremos porque no es posible que existan mayores niveles de regulación:

La regulación a la que ha estado sometido el gran capital multinacional y nacional en nuestro país, en términos de su relación con el trabajo y la naturaleza, es precisamente la desregulación; situación que mediante la creación de un espacio jurídico basado especialmente en la constitución de 1980 y reforzado con la legislación que se ha producido en estos veinte y ocho años de gobiernos pos-dictatoriales, han permitido tasas de ganancias descomunales a los capitales que se han afincado en nuestro territorio.  La anarquía neoliberal chilena, porcentualmente, le ha permitido al Capital estar muy por encima de las utilidades registradas en los países capitalistas centrales.

En el ámbito cultural, la contribución cómplice del mundo de la Academia y la casta burocrática que administra el modelo se han encargado, por la vía de los medios de comunicación masivos, de generar una atmósfera de bienestar a través de un dispositivo de control social como el endeudamiento. Actualmente este tipo de esclavitud moderna alcanza a más de 11 millones de chilenos, los que acceden a tasas de interés usureras y a una banca y sector comercial que gozan de una liquidez extraordinaria; producto entre otros factores, a la ausencia de libertad sindical que permite que los ingentes excedentes de las empresas -con sede en el territorio- sean colocadas en el mercado financiero.

Estas condiciones han permitido que Chile exhiba un ejemplo a nivel mundial de someter a su población a un modelo de desarrollo que, basado en la ideología del crecimiento infinito, ha logrado persuadir de que la destrucción del medio ambiente es un costo inevitable para lograr el desarrollo. Sin embargo, en la práctica, tenemos situaciones como el caso del cobre que, según datos de la Dirección de Presupuesto, Codelco entre los años 2001 y 2014 controlando menos del 30% del mineral aportó en promedio 3.910 millones de dólares por año al fisco; a diferencia de la gran minería privada que con más del 70% del negocio, solo aportó 2.664 millones de dólares de promedio anual en los mismos años.

“La paradoja de la abundancia”

Nuestro territorio está invadido de negocios en mano de rentistas internacionales asociados, en muchos casos, con “empresarios” nacionales dedicados al extractivismo; mayoritariamente en el área de recursos no renovables y en muchos casos en recursos que, siendo renovables, su alta tasa de explotación los coloca en riesgo de transformarlos también en recursos no sustituibles.

Estas explotaciones tienen características de enclave, es decir, estas operaciones se desarrollan aisladas del resto de la economía del país en que se encuentran. Este tipo de actividad no es nueva, se remonta a la invasión y al período colonial y poscolonial como fue el caso del salitre en el siglo XIX en que, al igual como ahora, fue reluciente testigo del saqueo de los territorios. La diferencia que vivimos hoy, no es como ideológicamente sostienen los ideólogos criollos de la economía neoclásica cuando afirman que “antes el comercio exterior era de suma cero para nosotros como exportadores de materias primas y que en cambio hoy recibimos compensaciones”.

Desafortunadamente creemos no equivocarnos, y que la única diferencia con el siglo XIX es que, producto del desplazamiento de las cadenas de valoración al Asia, se ha mantenido por un plazo más largo los términos de intercambio favorables para nuestro país como exportador de materias primas y con escaso valor agregado. Sin embargo, lo más probable es que en algún tiempo regresemos a lo que se ha llamado la “paradoja de la abundancia”, la cual devela que, en definitiva, las potenciales riquezas naturales generan pobreza en los lugares en que se encuentran.

Si examinamos bien esta paradoja, podremos ver que las relaciones de poder impuestas, necesariamente mediante la violencia, no hacen más que confirmar que el estado del capitalismo en que nos encontramos en Chile, ratificando al joven-viejo Carlos Marx, quien sostenía que (la acumulación originaria), “sabido es que en la historia real desempeña un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato: la violencia, en una palabra.

Así, la promesa del capitalismo de poner fin a la escasez mediante el desarrollo productivo y, por tan tanto, dar paso a la libertad ha demostrado que es imposible esta forma de explotación no sea, sobre todo, producción de pobreza. Hoy, en pleno siglo XXI, las cifras reveladas por el profesor estadounidense, Jay Shambaugh, director del Proyecto Hamilton, dan cuenta cómo “en 2016, casi 41 millones de personas (el 13% de la población) vivían en la pobreza frente al 15% registrado durante el punto álgido de la recesión en 2010”. Lo anterior, en lamentable sintonía con el informe Unicef 2018, el cual sostiene que en Chile el 25,5% de los niños vive en la pobreza.

Esta ideología en que se desenvuelve el Estado chileno obedece a las directrices del capital financiero, a quién se les otrora el negocio de los derechos sociales; como salud y educación, derechos fueran brutalmente mercantilizados.

No obstante, lo anterior un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, referida a las diez empresas más grandes de la minería nos señala que “las estimaciones muestran que la riqueza regalada a estas empresas alcanza un valor piso de 114.000 millones de dólares entre 2005 y 2014. Estas rentas son neutras en relación con las decisiones de inversión y producción, es decir, si estas empresas privadas hubiesen pagado al fisco chileno el monto calculado, su inversión y producción totales no habrían cambiado, pero el país habría podido disponer de esos cuantiosos recursos”.

Esto ocurre mientras que el poder insiste en una ideología que pone en riesgo la vida de miles de chilenas y chilenos entre los que se encuentran especialmente los habitantes de la zona de Quintero y Puchuncaví, a quien están dedicadas esta reflexión.

En una fría primavera del 2018.

A la memoria de mi hijo Felipe.


Sociólogo, Fundación Sociedad y Trabajo