La semana pasada, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, seis países -Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá- anunciaron su intención de solicitar formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al gobierno venezolano de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. La petición, que fue impulsada por la cancillería peruana, se realizó a través de una carta suscrita por los representantes los países junto a dos informes: uno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y uno de la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

A estos seis países, se sumó también, durante el fin de semana, Francia, que mostró su “preocupación” por los últimos acontecimientos de la crisis. La acción conjunta de los siete países busca imponer una mayor presión internacional al gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, la situación de Venezuela lleva meses siendo un tema en la CPI. El pasado mes de febrero, la Fiscalía del organismo inició un examen preliminar por el mismo motivo. Ahora la solicitud de estos países podría agilizar el examen preliminar y la apertura de una investigación. Pero ¿qué es la CPI y qué casos han sido juzgados allí?

La CPI es un tribunal de justicia internacional que al igual que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, tiene sede en la Haya (Países Bajos). A diferencia del anterior, este tribunal no forma parte de las Naciones Unidas y ha investigado casos que afectan mayoritariamente a los países africanos, y específicamente a las largas dictaduras que se instalaron después de la descolonización.

De hecho, varios jefes de estado africanos hace años que reclaman a los tribunales africanos en contra de la CPI, una institución a la que acusan de contribuir a mantener el colonialismo. Los líderes africanos se preguntan qué pasa con los crímenes cometidos por personajes como George Bush en Irak o el gobierno israelí, por ejemplo.

En 2016, diversos países como Sudáfrica, Kenya, Burundi y Gambia notificaron a Naciones Unidas su intención de abandonar la Corte Penal Internacional. El gobierno de Pretoria fue el primero en tomar la iniciativa para mandar un mensaje político al mundo de que el continente africano está “harto” que la CPI se centre solamente en los casos contra africanos. Finalmente, el primer país que pasó de las palabras a los hechos fue Burundi. “La República de Burundi se retira del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI), adoptado en Roma el 17 de julio de 1998”, suscribió en octubre de 2016 Pierre Nkurunziza, quien está siendo investigado por la fiscalía de la Corte per presuntas violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país desde abril de 2015.

En 2016, también Vladimir Putin anunció su retiro luego de que la Corte calificara la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa de conflicto armado.

Hoy, varios de estos países se han echado atrás. En 2017, la justicia sudafricana declaró “inválida e inconstitucional” la decisión del gobierno del país de abandonar la CPI al no haber sido ni debatida ni votada en el Parlamento. Según la justicia, el gobierno tiene atribuciones para firmar acuerdos internacionales, pero necesita la aprobación del Parlamento para retirarse de ellos.

También Gambia, con la llegada democrática del presidente Adama Barrow ha detenido la salida de la CPI.

Las acciones de los países africanos evidenciaron la confrontación entre éstos y el Tribunal, que empezó formalmente en 2009 cuando la Unión Africana (UA) empezó a promover que los países africanos no cooperasen con la CPI. Además de las críticas por llevar sólo causas africanas, los expertos también dicen que los reproches apuntan a una falta de credibilidad de la justicia internacional -los crímenes quedan impunes y no se hacen efectivas las extradiciones-, y a posiciones que sostienen que son los estados los que han de tener discrecionalidad para decidir si han de acusar a alguien y cuándo hacerlo.

Ahora, Venezuela podría incorporarse a este nuevo marco internacional, que algunos ponen en duda, tras la excepcional petición de intervención de varios países latinoamericanos.