Debido a las complicaciones sanitarias que se han desarrollado durante las últimas semanas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, el Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial la resolución que da inicio al proceso de elaboración del plan de Prevención y Descontaminación para la zona.

Esto implica que se podrán reducir de forma legal a la mitad los plazos entregados para realizar de análisis y elaboraciones de reglamentos que en otros procesos se han extendido por varios meses, incluso años.

El documento, plantea que se podrá ordenar que se aplique la tramitación de urgencia al artículo 63 de la Ley 19.880 en caso de interés público, ya que “los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos”, segun consigna La Tercera.

Lo anterior debido a que en las comunas, hasta el 12 de septiembre pasado, se contabilizaron 792 consultas de personas con síntomas de intoxicación, 14 fueron hospitalizadas y cinco experimentado síntomas neurológicos. Es por esto que texto plantea también como meta la reducción progresiva de contaminantes.

El documento deberá ingresar a Contraloría antes del 31 de diciembre de este 2018.

Además, se ordena que la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso haga entrega de un informe que permita elaborar la regulación, cuya fecha tope para recibir antecedentes sobre la zona es en los próximos 10 días. Mismo plazo que tienen las personas naturales o jurídicas para sumar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos.

De esta manera, se busca establecer una nueva y más estricta regulación para las industrias ubicadas en Concón, Quintero y Puchuncaví, y delimitar el máximo de emisión de contaminantes, como dióxido de azufre, material particulado fino y compuestos orgánicos volátiles. Todas sustancias que ponen en peligro la salud de la población.

Las dudas

Sin embargo, no todas sins buenas noticias, ya que  expertos y vecinos de las comunas, aseguran que se trata de un proceso “exprés” que no les garantiza seguridad ni que sea de calidad.

Es por esto que Hernán Ramírez, miembro de la Fundación Terram y representante de organizaciones de Ventanas, expone que “un plan así no es riguroso. La autoridad debería tener respeto por la comunidad”.

Además, subrayan que actualmente, la Ley de Bases del Medio Ambiente exige la realización de dos etapas: la primera de un anteproyecto y posteriormente el diseño un expediente final.

Es este último el que genera más dudas, ya que cuenta con plazos definidos de un año para su elaboración y una consulta pública de 60 días.