Estas reflexiones recuerdan, en primer lugar, ciertos aspectos del largo proceso que condujo a la meta del plebiscito, señalando algunas de las vicisitudes por las que hubo que transitar.

El gobierno de Pinochet envió en 1985 al Tribunal Constitucional un proyecto de ley donde se señalaba que los órganos de control electoral público comenzarían a funcionar en los primeros comicios posteriores al plebiscito del 5 de octubre.

En esa instancia un grupo, liderado por el jurista Eugenio Valenzuela Somarriva, se opuso a esa tesis, esgrimiendo, entre otros argumentos, que crearía sospechas sobre los resultados de un evento electoral tan importante.

Finalmente, esa posición se impuso contra la tesis del Ministro de Justicia de la dictadura. Como se observa la intención inicial del régimen fue contraria al control público; deseaba un evento electoral sin ese tipo de resguardo. Sin embargo, debió someterse a las decisiones legales.

También hay que recordar que debieron realizarse largas negociaciones para eliminar de la constitución de 1980 los artículos que colocaban fuera de la ley a los comunistas y a otros militantes de partidos marxistas.

Sin embargo, lo más importante es lo que ocurre después del plebiscito. Los que afirman, sin agregar nada más, que con posterioridad al triunfo del no se recuperó la democracia tienen mala memoria o no desean recordar.

Ello porque entre el año 1989 y el año 2005, o sea hasta finales del gobierno de Ricardo Lagos, existió una democracia semi representativa, aquella de los llamados “enclaves autoritarios”, para usar los términos de Manuel Antonio Garretón.

Ello ocurría porque el senado tenía en ese entonces una composición mixta, con parlamentarios electos, una cantidad significativa de designados, más el vitalicio Augusto Pinochet.

Como es obvio ese diseño afectaba la representatividad, porque el sistema político tenía un carácter bicameral. No era la misma situación que existía en algunos países europeos con una parecida composición del senado. En ellos la institución tenía funciones distintas que en Chile.

Pero eso no era todo. Además, funcionaba un régimen electoral binominal, lo cual favorecía a la derecha, aumentando de manera artificial su cantidad de parlamentarios.

Por supuesto que este imperfecto sistema era mejor que la dictadura precedente. Pero no debe olvidarse que los factores señalados afectaban la correlación de fuerzas, disminuyendo, al principio de la transición, las posibilidades de cambio.

Más tarde se modificó la tendencia política de esos senadores, en especial de aquellos nombrados por el presidente. Pero ese hecho no cambio el efecto distorsionador de algunas instituciones del sistema político.

Por ello el gesto de Ricardo Lagos de eliminar el senado mixto tiene gran significación. Permitió el paso de un sistema semi representativo a uno representativo convencional.

Le falto, eso sí, instalar un régimen electoral de carácter más proporcional pues se mantuvo el binominal hasta el segundo gobierno de Michele Bachelet.

Estas observaciones deben ser consideradas cuando se juzga lo que era posible en los primeros momentos de nuestra “pacífica transición”- Sin duda tuvo ese carácter, pero también fue limitada.

Ello ocurría por múltiples razones. Entre ellas porque además de limitaciones institucionales existía el miedo a caer en un proceso regresivo, temor acentuado por las insólitas movilizaciones militares generadas por Pinochet para proteger a uno de sus hijos.

¿Habría que decir peor es nada? El presidente Aylwin afirmó algo parecido: hay que actuar tomando en cuenta lo posible. Esa atmósfera también tiene que ser recordada para emitir juicios sobre ese periodo histórico.


Sociólogo, Premio Nacional de Humanidades 2015. Docente Escuela de Sociología de la U. Academia de Humanismo Cristiano