“Cada partido es la expresión de un grupo social y nada más que de un solo grupo social. Sin embargo (…) algunos partidos representan un solo grupo social en cuanto ejercen una función de equilibrio y de arbitraje entre los intereses del propio grupo y los de los demás grupos” (Antonio Gramsci)

Es de público conocimiento que Jaime Guzmán diseñó la arquitectura institucional de nuestro país a través de la Constitución de 1980, con la intención deliberada de garantizar la continuidad de la obra de la dictadura, independientemente de la continuidad de los militares en el gobierno, o en sus propias palabras “procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría” (El Camino Político. Revista Realidad N°7. 1979. Pág. 19). Esto es lo que la Concertación denominó “enclaves autoritarios”, como un justificativo para mantener por largos años inalterados los fundamentos de la obra del pinochetismo.

Pero, contra lo que podría indicar el sentido común, he llegado a la conclusión de que para que funcionara el diseño político de Jaime Guzmán era absolutamente imprescindible la Concertación: una serie de gobiernos dispuestos a jugar su juego, mantener un modelo económico y un tipo de Estado orientado por los intereses de clase de los grandes propietarios del país ¿Acaso no resulta casi inimaginable la estabilidad del orden transicional sin la colaboración activa del concertacionismo?

En primer lugar es posible encontrar plena conciencia de las consecuencias de una salida negociada a la dictadura: el congreso del Partido Socialista (Almeyda)de 1985 sostenía que “negociar con el régimen fórmulas de democracia restringida y excluyentes del movimiento popular (…) no alteraría las bases del sistema de dominación” (Resoluciones del 24° Congreso del Partido Socialista de Chile. Agosto de 1985. Pág. 8 y 9.), proponiendo que solo el derrocamiento de la dictadura podría asegurar una democracia más profunda.

Optar por el camino de la negociación, en conciencia de las restricciones, implica que la Concertación tiene una responsabilidad política frente al país de la mantención hasta la actualidad de un entramado institucional que garantiza el predominio de los intereses empresariales y subordina los intereses de la gran mayoría de los chilenos que vive a penas por encima de la pobreza, o sencillamente en ella.

Luego hay un segundo movimiento. La renovación socialista (pero también la renovación en la Democracia Cristiana) comienza por abandonar todo proyecto de una sociedad no capitalista, e interioriza en su ideario propio no solo el capitalismo, sino específicamente su versión neoliberal creada por el pinochetismo. Su aspiración se reduciría ahora a poner complementos al mercado mediante subsidios para los más pobres. Pero esa concepción era la misma con que la dictadura abordó el problema, inventando la ficha CAS en 1979, precisamente con el objetivo de corregir “fallas” del mercado, y hacer que funcione de manera óptima.

Sobre esto hay un elemento implícito. Adoptar el capitalismo en su versión neoliberal al propio ideario del concertacionismo implica una opción política de representar los intereses de los grandes propietarios del país, en desmedro de las demandas y perspectivas de los trabajadores y los sectores populares en general. En ese sentido es ilustrativo recordar que siendo presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Manuel Bustos, un comprometido militante demócrata cristiano, en diferentes oportunidades rompió relaciones con los gobiernos de Aylwin y Frei, ambos demócrata cristianos, debido a que éstos excluían sistemáticamente las demandas de los trabajadores, mientras que canalizaban en políticas concretas las propuestas empresariales. Se fue formando así un noviazgo no entre “dinero y política”, sino entre la Concertación y la burguesía, que acabó en matrimonio de corrupción.

En ese sentido, los cinco gobiernos de la Concertación no se limitaron a administrar un modelo económico que no era de su agrado, pero con el cual debían convivir. Al contrario, desarrollaron creativamente el neoliberalismo, expandiendo la privatización y la mercantilización hacia nuevas esferas de la sociedad que ahora eran base de poder y riqueza del capital.

Pero hay un tercer movimiento. La Concertación implementó un sistema de control político para desarticular a las voces opositoras.

Para la interna se fusionó la militancia con el trabajo remunerado en el Estado. Ello tuvo como consecuencia el solapamiento de las relaciones laborales verticales hacia los partidos: oponerse a la línea oficial de los partidos suponía para los militantes poner en riesgo su fuente laboral. Eso anuló cualquier posible discusión más o menos profunda sobre modelo económico, democracia u otros temas de fondo.

Hacia las organizaciones sociales en cambio se montó un sistema de control “blando” mediante el temor y la cooptación. Temor de la presencia del dictador, que implicaba un imperativo de moderar las demandas en función de preservar la democracia que tanto había costado construir.

Y cooptación, o si se prefiere el teatro. Para explicarlo me remitiré precisamente a 1992, uno de esos momentos en que la CUT rompió relaciones con el primer gobierno transicional de Patricio Aylwin. En palabras del propio Manuel Bustos: “Hace más de tres meses que conversamos con el ministro del trabajo para buscar la forma de plantear algunas reformas laborales a la legislación y sólo ahora nos ha dicho que no habrá más reformas. De esta forma, los tres meses que conversamos para intentar corregir algunas situaciones de injusticia se perdieron” (Congelado el diálogo con el ministerio del Trabajo. Unión y Trabajo, Agosto de 1992. Pág. 4-5). Como se puede leer en la cita, el honorable señor ministro fingió por más de tres meses, tomándose el tiempo de reunirse periódicamente con la CUT. El objetivo era hacerles creer que ese trabajo se iba a traducir en reformas que canalicen las demandas de los trabajadores.

Finalmente se puede interpretar que tanto la Concertación como la dictadura impusieron los intereses de la burguesía al conjunto de los chilenos. Pero, mientras que el pinochetismo lo hacía de manera bruta, mediante la violencia y el terror; la Concertación lo hizo con un autoritarismo blando, mediante la ilusión de participación y democracia