Hacia el año 1986 la dictadura de ultraderecha, se veía enfrentada a una situación crecientemente crítica e inmanejable. Se vivía un proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas  por la libertad y la justicia, con significativa hegemonía popular: protestas multitudinarias, desobediencia civil extendida, territorios poblacionales liberados; milicias populares y varios miles de jóvenes forjados para tomar las armas en defensa del pueblo; unidad social y política de toda la oposición; además del total aislamiento internacional del régimen. Estos factores ejercieron una fuerte influencia en los poderes fácticos, que llegan a la conclusión que se debía promover un cambio radical en la conducción del país y, al menos, sacar a Pinochet de la escena. Ese fue el informe de Robert Gelbard, Secretario adjunto para América Latina del Departamento de estado de EEUU a su gobierno al regreso después de estar en Chile para la gran protesta del 2 y 3 de julio de 1986. Su estupor se acrecentó cuando se descubrió una masiva importación de armas, el fallido atentado al dictador y que se preparaba para fines de ese año una ofensiva mayor a todo lo conocido.

Crecientes grupos derechistas, en la política y los negocios, honestos algunos como Allamand y Luksic, oportunistas la mayoría, empezaron a abandonar a Pinochet y a buscar entendimientos con la franja democristiana conservadora. La incidencia de los señores Gelbard y Barnes, activos delegados de los EEUU en Chile, -y los factores políticos y financieros que pusieron en la mesa- fue decisiva para provocar esos acercamientos y cambiar el curso de los acontecimientos; tal como lo fue la labor de sus congéneres, léase Kissinger y otros, en los años 70’. Durante el año 1987 el pacto de la transición chilena cuajó.

Para viabilizarlo se desplegó una operación a gran escala que tuvo como centro inhibir a los movimientos sociales y dividirlos, así como dividir a la oposición política. La dictadura hizo lo suyo encarcelando a los dirigentes de la Asamblea de la civilidad y de la izquierda, además de infundir terror en las filas de la izquierda resistente, asesinando a mansalva a destacados dirigentes y activistas de sus filas. Los demócratas cristianos conservadores iniciaron una embestida en su partido para desplazar a sus dirigentes progresistas, fueron debilitando a la Asamblea de la Civilidad y retiraron a la DC del Comité político privado, en el cual se coordinaba toda la oposición. Los pretextos usados fueron variados, como siempre; lo central era sacar de la cancha al pueblo, desplazar a todo dirigente que se la hubiera jugado contra la dictadura y despejar el camino para instalar una cancha en que se disputara “civilizadamente” el poder, por cierto con la exclusión del pueblo  y de la izquierda. Aparecieron unos intelectuales socialdemócratas, casi todos recién regresados desde el extranjero, que se plegaron a la estrategia democristiana y buscaron afanosamente influir en los partidos socialistas y radicales. La prensa y la televisión se llenó de nuevas caras, tanto en los partidarios del pinochetismo como de la oposición, quienes no tardaron en sentarse a la mesa y aparecer ante el país con un acuerdo para una transición ordenada a un orden pospinochetista.

A esas alturas era evidente la amplia mayoría que se oponía a Pinochet, su tozudez de ir en la papeleta facilitó su derrota en el plebiscito. A nadie le cabía dudas que se le podía derrotar en las urnas, hasta Fidel lo aseveró tempranamente el año 1997 en una conversación con dirigentes de la izquierda chilena; el problema era que Pinochet aceptara que la Concertación, ayer alianza democrática, pudiera desplegar su campaña y respetara los resultados. Sectores del régimen, políticos, empresariales y militares, pusieron su fianza que así sería y pidieron pactar, entre otras, las siguientes condiciones: que se firmara un pacto constitucional que garantizara la supervivencia por al menos una década del poder de veto del pinochetismo; que se excluyera a la izquierda de toda negociación, alianza o participación incidente en la vida política; y que no se modificara lo esencial del modelo extremo/capitalista instaurado por la dictadura. La justicia en la medida de lo posible, es decir sin juicios reales a los principales responsables de los crímenes fue expresión del pacto. Pinochet fue aceptado como jefe de las FFAA por años. El parlamento un mero buzón, dado los senadores designados y el binominal, que costó más de 15 años derogar, fue muy útil a todos quienes concurrieron al acuerdo. Hasta el día de hoy, somos el único país del mundo en que se roba a los trabajadores parte de su salario para apalancar a las grandes empresas.

En este cuadro político, ante la inminencia de los plebiscitos, el movimiento popular y la Izquierda optaron por la única posibilidad ética que aparecía: movilizarse y votar contra Pinochet en el plebiscito el año 1988 y oponerse tajantemente llamando a no validar el engendro constitucional que se plebiscitó el año 1989. Lo hizo con el convencimiento ético y político que contribuir a derrotar a Pinochet y sacarlo de la Presidencia, era una noble opción, aún conscientes conscientes de la deriva indecente que imponía a Chile el pacto de la transición, y que demoró cerca de dos décadas superar, con enclaves aún pendientes. Luego se apoyó a Patricio Aylwin para Presidente, y obviamente no se logró representación relevante en el parlamento, acorde a los designios del pacto y su instrumento el binominal. La izquierda se fue reduciendo a la irrelevancia desde 1989 en adelante, cediendo por años la hegemonía a los sectores conservadores de la democracia cristiana y de la socialdemocracia. La principal responsabilidad de ello fue de la propia izquierda chilena. No faltó coraje ni resolución, sin embargo, tal cual el 73’, en el momento decisivo, se develó en sus propias falencias históricas: amateurismo y falta de consistencia en sus capacidades organizativas y de acción, además de lastres conservadores en el estilo y las propuestas de futuro. Ello fue acentuado con el desmoronamiento del así llamado campo socialista, especialmente por el derrumbe de la URSS y la RDA, que habían sido auspiciadores importantes de la izquierda chilena. Sucesos por demás, que dejaron al descubierto las miserias de los procesos y de las fuerzas revolucionarias que otrora alentaban a centenares de millones de seres humanos en todas las latitudes en sus esperanzas de una vida mejor.

Sin lugar a dudas la transición a la democracia pudo ser distinta, menos timorata y más resuelta en hacer de Chile un país democrático y decente. El pacto de la transición no lo permitió. Los reveses de la izquierda lo inviabilizaron. Con todo, a partir de la victoria del 5 de octubre de 1988, que -dicho sea, no fue debido a un lápiz, ni un dedo ni a publicistas astutos- concretamente con los gobiernos de la Concertación desde 1990, es altamente valorable el esfuerzo por construir y afianzar la convivencia en un clima de libertad básicas y de respeto a los derechos humanos. Ello importa un reconocimiento a sus actores. Aunque, se ha debido esperar un nuevo ciclo de auge de la movilización popular y ciudadana, como ha ocurrido desde el año 2011, para reponer la posibilidad de terminar con las odiosades estructurales heredadas de aquel pacto, en materias tales como: no seguir eludiendo las responsabilidades históricas por los crímenes de la dictadura y hacer posible la plena verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura; ampliar resueltamente el espacio de libertades valóricas y derechos de género; promover la libertad real de prensa y abrirse a nuevos paradigmas culturales libertarios; devolver los dineros sustraídos a los trabajadores con las famosas AFPs; reintegrar los dineros de Codelco sustraídos para amparar la corrupción en las cúpulas militares y renovar a éstas profundamente; y tantos otros asuntos que permitan proyectar una convivencia que despliegue amplias libertades e igualdad ante los desafíos de la vida; y constituya al país en un nosotros solidario, que mire al futuro con esperanzas ciertas de una vida mejor para todos sus habitantes, que sientan orgullo de ser parte de una sociedad decente.