A 10 años de la firma del 169: Pueblos indígenas analizan los límites de la poco respetada consulta previa

Ayer se realizó el seminario «El convenio 169 de la OIT y los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas» en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, instancia organizada por el centro de estudiantes de dicha facultad y el Programa de Antropología Jurídica de la Universidad de Chile (PRANJU), contando con el apoyo de la fundación Fiedrich Ebert Stiftung (FES), el Instituto Igualdad y la Fundación por la Democracia (FPD).

La actividad pretendió poner en perspectiva los aciertos y deficiencias de esta herramienta de consulta indígena a 10 años desde su ratificación en Chile. En un contexto de amplia vulneración de derechos humanos de los Pueblos Originarios, y marcado por el reciente anuncio del gobierno de Sebastián Piñera del Plan Impulso Araucanía, que busca “la paz y el desarrollo integral” en la zona de conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche.

La primera mesa de debate estuvo enfocada en la consulta indígena y el derecho a la identidad de los pueblos originarios. Contó con la participación de la antropóloga del PRANJU, Milka Castro, el doctor en Etnohistoria del Centro de estudios mapuche Rümtum, Claudio Millacura; la vicepresidenta del CED y senadora Universitaria, Millaray Huaiquimilla; la oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Cono Sur, Patricia Roa; y la periodista y activista de «Belén dice No a la Minería», Leyla Noriega.

Los expositores compartieron que el Convenio 169 de la OIT permite, mediante la consulta indígena, defender los derechos de los pueblos originarios frente a los intereses económicos de privados, además de ser un instrumento de paz y diálogo. Sin embargo, Millacura sostiene que este diálogo «no puede ser posible si se hace desde la violencia o bajo premisas occidentales», además hizo una analogía con la frase del movimiento feminista «sin consentimiento es violación», señalando que en la ausencia de una consulta previa, cualquier decisión estatal o empresaria, vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

Huaiquimilla sostuvo que el convenio es el primero en reconocer internacionalmente como Pueblos a las comunidades indígenas, lo que conlleva una «responsabilidad del Estado ante los pueblos originarios». Sin embargo, como señala la antropóloga Milka Castro, existen deficiencias y negligencias respecto al correcto uso de la consulta de parte del Estado por la falta de capacitación que existe al realizar estas consultas, lo que genera una «desconfianza previa» de los pueblos indígenas a la institucionalidad. Huaquimilla agregó que los plazos establecidos por el Estado para el desarrollo a la consulta responde a «objetivos y presiones neoliberales extractivistas» de empresarios privados, lo que provoca o una «relación asimétrica» entre estos y los Pueblos Originarios. Según la Senadora Universitaria, se debe avanzar en una el trato a los pueblos indígenas desde la actual concepción de objeto a una de «sujetos de derecho pleno».

Finalizó la mesa con la intervención de la periodista y activista indígena, Leyla Noriega, que hizo una presentación de cómo el Pueblo de Belén, en Parinacota, se debe enfrentar a las decisiones del Estado que permiten la intervención de la minería privada de la zona generando daños a caminos ancestrales y a las comunidades indígenas residentes. Señaló además que en el primer gobierno de Piñera se estableció unilateralmente la minería como eje de desarrollo para la zona sin consulta, y actualmente se está desarollando el Plan Maestro Parinacota a cargo del canciller Roberto Ampuero, nuevamente sin la presencia ni consulta a organizaciones indígenas.

La segunda mesa del seminario se enfocó en el derecho al territorio y sus recursos naturales y sobre la criminalización de demandas indígenas de parte del Estado. Contó con la participación de abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yañez; el Consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), José Millalén; la abogada del Centro de Investigación y defensa Sur (CidSur), Pamela Nahuelcheo; y el Vicepresidente del Partido por la Democracia (PPD), Domingo Namuncura.

«La tierra y el territorio son la base de la identidad del pueblo indígena», inició en su exposición la abogada Yañez agregando que la relación que tienen los Pueblos Originarios con el territorio permite su «identidad étnica, cultural y de libre determinación», por tanto, son los mismos pueblos indígenas quienes deben tener el control de los recursos naturales. Millalén sostuvo que el «modelo económico de producción extractivista», instalado por las empresas forestales y el Estado ha sido un «atentado a la vida mapuche».

Yañez agregó que como la ley indígena no reconoce el concepto de territorio y la espiritualidad detrás de este, se ha proseguido con un modelo productivo que ha realizado históricamente una enajenación de las tierras indígenas. Además, señaló que los procesos de devolución de tierras ancestrales han sido en un marco de criminalización y violencia contra los Pueblos Indígenas.

La investigadora de CidSur, Pamela Nahuelcheo, sostuvo que existen dos tipos de criminalización indígena en la actualidad, lo que viven los mapuche y los defensores penales que han visto como de a poco se ha criminalizado las luchas que llevan a cabo para defender a miembros de comunidades de pueblos originarios. Agregó que «el Estado ha abusado de la Ley Antiterrorista para criminalizar la lucha mapuche» y que ha creado una presión mediática y política para condenar sin pruebas a comuneros. En efecto, señala que la Operación Huracán, es el primer caso de visibilidad nacional donde se pudo probar fehacientemente la realización de un montaje en contra del Pueblo Mapuche. Respecto al Convenio 169, indicó que si bien no permite evitar privaciones de libertad, asegura restringidamente el derecho a la espiritualidad y la práctica de ceremonias, así como el derecho al uso de la lengua en los juicios y de espacios especiales en las cárceles chilenas.

La última mesa apuntó a una conversación sobre participación política y autonomía de los pueblos originarios. Entre sus expositores estuvo el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter; la Trabajadora Social y militante del Partido Humanista, Ximena Montecinos; la Administradora Pública y Senadora Universitaria, Verónica Figueroa Huencho; el representante de la Fundación por la Democracia (FPD), Gonzalo Peña; y la representante del Areá de Desarrollo Indígena (ADI) Jiwasa-Oraje, Catalina Cortés.

Los expositores confluyeron en el punto de que cualquier solución dentro de los márgenes actuales del Estado y la constitución chilena son insuficientes, y que se debe apostar hacia un Estado Plurinacional que reconozca a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho. En ese sentido, Peña señaló que una ley de cuotas no resuelve el tema de la participación, debido a que la posibilidad de ser candidato no «asegura una representación política real» y que se debe ir más allá. Figueroa en este punto señaló que los cupos reservados permitirían generar decisiones indigenistas, aunque para ella el desafío es estructural. Para un reconocimiento de la diversidad e igualdad de los pueblos originarios, hay que generar marcos políticos y jurídicos que permitan correr el cerco y generar cambios estructurales en el poder agregó Figueroa.

Ese cambio estructural, para Montecinos es la necesidad de un cambio constitucional mediante un mecanismo democrático y participativo como lo es la Asamblea Constituyente. En ese sentido, sostuvo que es necesario superar la estructura unitaria y homogénea del Estado, y lograr una democracia efectiva y real mediante una asamblea legislativa unicameral que permita la inclusión de representante de todos los Pueblos Originarios. Cortés agregó que también es necesario que los Pueblos Indígenas participen de los concejos municipales, alcaldías y gobiernos regionales, para acabar con la visión de que los indígenas son «actores en contra del desarrollo de los no indígenas».

El diputado autonomista señaló que el estándar mínimo del Frente Amplio debe ser lograr que los Pueblos Originarios puedan desarrollar su libre determinación. Además, agregó que los diputados, como forma de representación, deben tomar posición para así formar mayoría y lograr estos cambios. Finalizó con que el Estado sí ha realizado una protección de la identidad, como lo hace con la de la identidad chilena, por lo que es mentira que no puede hacerlo con la cosmovisión de los pueblos indígenas y que es mentira además que no se puede lograr tener 2 estados conviviendo. «Encierra a abogados constitucionalistas y te aseguro que saldrán con una solución», señaló Winter.