Detenciones ilegales, forcejeos, detenidos esposados, agresiones físicas e incluso torturas son parte de las acusaciones que un numeroso grupo de vendedores ambulantes presentó en contra de fiscalizadores municipales y policías de la municipalidad de Providencia.

Las denuncias han sido recopiladas por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la comuna, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la CUT y el movimiento Providencia Participa, quienes señalan que los funcionarios municipales se han excedido de forma grave en sus facultades.

Entre las agresiones más severas se encuentran las que sufrieron tres inmigrantes (un hombre ecuatoriano, otro de origen peruano y una mujer boliviana), quienes presentaron sus respectivas querellas ante la justicia, debido a que aseguran que los funcionarios –a quienes no han logrado identificar– los detuvieron de forma ilegal y los trasladaron hasta un bus municipal, donde los agredieron e incluso aplicaron torturas.

“Ya en el interior del mismo me percaté de que se encontraban aproximadamente 10 personas más que se preocuparon rápidamente de cerrar todas las cortinas y así mismo, esposado, fui colgado y expuesto a insultos, escupitajos, apretones y golpes testiculares entre aproximadamente 15 hombres y mujeres”, es parte de la declaración de Víctor Williams, vendedor ambulante ecuatoriano, sobre los hechos que se remontan al pasado 9 de agosto.

En tanto, Fabiana Mariaca, inmigrante boliviana de 19 años, explica que el pasado 3 de octubre, donde un grupo de funcionarios la obligó a subir al vehículo y ya arriba, uno de ellos “me propina una golpiza a combos, patadas y del pelo me sujeta y a la cara me dijo ‘INDIA CULIA MUERETE’… al acusarme de que me había resistido a subir a su orden y culpándome de ser cabecilla de CONSTANTE RESISTENCIA, RESISTENCIA Y GOLPES en contra de estos hombres que, repito, nunca antes he visto”.

“Durante la detención se me acusó de cargos delictuales que jamás he cometido con la finalidad de presentar una petición de expulsión del país con la que se mofaban, diciendo que ‘ni los derechos humanos te libran, india culiá”, agrega su relato, que señala que incluso recibió escupitajos ante sus peticiones de que su caso fuera informado al consulado.

Los fiscalizadores municipales tienen como función aplicar multas a quienes ejercen el comercio ambulante y su funcionamiento es una de las medidas que adoptó la administración de Evelyn Matthei (UDI) como parte de su política para erradicarlo –lo calificó como una “mafia”–, y que también ha sido compartida por otros municipios como el de Santiago y Las Condes, liderados por Felipe Alessandri (RN) y Joaquín Lavín (UDI) respectivamente.

“Esta pelea ha sido bien compleja porque cada semana hay un caso nuevo. Los fiscalizadores se atribuyen la función de detener, llevarse gente, esposarla, subirlos a un furgón e incluso torturar y siempre ha sido el mismo patrón”, señaló Héctor Pujols, militante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, quien señala que las agresiones también se han aplicado hacia personas chilenas, pero son los extranjeros quienes han protagonizado los casos más extremos.

“A mi parecer la persecución contra los trabajadores y trabajadoras de la vía pública es parte de un plan por blanquear Providencia, por eliminar a esa otra Providencia que también existe”, agrega.

Sobre este tema existe un pronunciamiento previo de Contraloría, que en mayo de 2017 señaló sobre el caso de la municipalidad de Calera de Tango que resulta improcedente que “disponga que la creación del cuerpo uniformado que se controvierte tenga por objeto “velar por el cumplimiento de las Leyes y Ordenanzas comunales respectivas”, considerando que esa función, dada su amplitud, excede el ámbito de competencia que la normativa confiere a los municipios”.