Cuando se divulgó, el llamado caso Cócteles no remeció tanto a la política peruana como otros episodios de corrupción en el vecino país. Pero ahora la situación empieza a cambiar, con una orden de detención que acaba de promulgar el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en contra de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y ex candidata presidencial.

El fiscal José Domingo Pérez investiga a Keiko y a otras 17 personas por el caso, entre los que destacan los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, que involucra el presunto financiamiento ilegal de parte de la constructor brasileña Odebrecht.

La decisión del tribunal de detener a la “heredera” del clan Fujimori fue ante un “grave riesgo de fuga”. “El presente caso, se evidencia grave peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder políticos y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”, señala la resolución oficial.

Giuliana Loza, abogada de Fujimori, calificó a la medida de “abusiva” y “arbitraria”.

El caso dice relación con un presunto financiamiento de su campaña a través del cobro de cócteles y rifas, cuestión prohibida por la ley peruana. Cuando se destapó el caso, y se creyó que incluso podría anularse su candidatura, su candidato a vicepresidente dijo que “Keiko no tocó sobres de dinero, la virgen la protegió”.