El inicio del juicio a los ocho acusados de asesinar a la activista ambientalista Berta Cáceres en Honduras hace más de dos años fue nuevamente suspendido hasta nueva fecha. La audiencia prevista para este lunes quedó al aire por segunda vez por un nuevo recurso de amparo interpuesto por la familia de la activista, que teme que la justicia proteja a empresarios, socios y ejecutivos de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA), implicada en el caso.

“La acusación privada considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia de conocer la causa”, dijo la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, quien indicó que la Sala de lo Penal resolverá el recurso y se pronunciará sobre él este miércoles. Tras dos años de múltiples obstáculos, el caso se encontraba a la espera de celebración del juicio oral entre numerosas denuncias de irregularidades emitidas por el equipo legal de la familia de la líder indígena. Esta es la segunda vez que la familia de Cáceres, quien fue asesinada en 2016 pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, presenta una apelación contra el tribunal de sentencia. El primer juicio tendría que haber iniciado el pasado 18 de septiembre, sin embargo, aquel día el equipo legal de la familia de la activista y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que Cáceres lideraba, presentaron dos denuncias en contra del tribunal que juzga el caso por encubrimiento de pruebas y por abuso de autoridad, entre otros delitos. En base a esta denuncia penal, los abogados interpusieron una recusación al tribunal de sentencia por incompetencia que no fue admitida.

En un comunicado manifestaron su rechazo “al accionar y la aptitud de los magistrados por conocer este caso y solicitan que sena sustituidos por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar la justicia en este caso”. Pese a que la decisión de no admitir la recusación fue apelada, el pasado viernes, el tribunal notificó que el proceso se reiniciaría este lunes, lo que fue considerado “ilegal” por el Copinh.

Si se declara como admitida la apelación interpuesta, se preve que para el próximo miércoles exista una resolución de la Sala de lo Penal y que se dé inicio al juicio contra los responsables del asesinato de Cáceres.

La implicación de DESA

Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Completan la lista Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas. Los presuntos implicados fueron capturados pocos días después del asesinato, mientras que el presidente ejecutivo de DESA fue detenido en marzo de 2018 y es procesado por asociación ilícita y asesinato. La Justicia aún deberá determinar si es sometido a juicio.

Según el Código Penal hondureño, el delito de asesinato es castigado con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20.

Ante la falta de respuesta a la petición de una investigación independiente, los familiares y el COPINH crearon un grupo de expertos internacionales (GAIPE) para estudiar los hechos. Sus conclusiones quedaron reflejadas en un informe que documentaba la implicación de agentes estatales y la hidroeléctrica hondureña en el asesinato de la líder hondureña. La compañía  DESA, que siempre ha rechazado las acusaciones.