A partir de las 11 horas de este jueves, Rafael Garay vivió la lectura de la sentencia en su contra por los delitos reiterados de estafa. En la instancia, el ingeniero comercial fue condenado a 7 años de prisión efectiva y al pago de una multa de 21 unidades tributarias mensuales.

Entre los atenuantes que jugaron a favor de Garay se encuentra su colaboración en el proceso de investigación y su intachable conducta anterior, aunque se rechazó la reparación del mal causado.

El autodenominado economista tendrá que pagar de manera individualizada diversas compensaciones a sus víctimas, que van desde los $10 millones a los $137 millones por concepto de daño moral emergente. En total, la cifra supera los 875 millones de pesos.

El tribunal desestimó todas las solicitudes que insistían en pagos por conceptos de lucro cesante. En adelante, las partes interesadas contarán con un pazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad.

Además, a los 7 años de condena se le debe descontar el tiempo que Garay ha pasado detenido de manera preventiva. Según el certificado que realiza Gendarmería, podría ser más de un año.

El ingeniero podrá optar a beneficios penitenciarios en caso de que cumpla más de la mitad o dos tercios de la condena. Tras conocer la decisión de la justicia, el abogado querellante de las víctimas y ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, valoró la decisión.

“Creemos que se acogió la pretensión punitiva de la Fiscalía y los querellanates, incluso un poco más de los 6 años. Se ajusta a la prueba rendida en el juicio oral (…) nos deja tranquilos, es una pena proporcionada, se le reconoció solamente un atenuante, pero se aumentó la pena en conformidad a una norma que reiteradamente habíamos pedido que se aplicara, que es el artículo 351 del Código procesal Penal”, sostuvo.

En tanto, respecto a las devoluciones de dinero que tendrá que realizar Garay, el abogado sostuvo que se cumplirá “en la medida que tenga bienes, pero no tiene bienes. De manera tal que tiene una condena civil que solamente se puede cumplir si tiene bienes a su nombre o los adquiere en un futuro, dentro de cinco años”.

Daniel Celis, abogado de Garay, sostuvo que “si esta causa no hubiera tenido los ribetes cinematográficos estaría con una pena que, con suerte, serían cuatro años y yo creo que Rafael no habría ni siquiera mantenido prisión preventiva”.

Además, el defensor señaló que “no hay otra explicación para ese hecho y Rafael está consciente de eso. Nosotros sabíamos que la pena venía dura desde el día del veredicto”.