Ha sido el acontecimiento mediático político en estos días, que se pone en escena con el envío por parte del gobierno del proyecto de ley llamado coloquialmente como “aula segura”. Al mismo tiempo, asistimos a las objeciones de sectores de la oposición (pertinencia, insconstitucionalidad) y de grupos significativos de investigadores (evidencias, estudios comparativos, testimonios en contrario).

Hasta la fecha, Aula Segura ha sido un dispositivo efectivo para modificar y manipular la opinión pública coyunturalmente, reducir la presión de las fuerzas políticas en ejercicio y retomar la dirección de la agenda pero, no tiene entre sus objetivos fortalecer la educación chilena sino todo lo contrario.

A partir de la denuncia de un Alcalde de derecha que tiene desde hace poco a su cargo la administración de un conjunto de “liceos emblemáticos”, acompañado de imágenes y relatos de agresiones de estudiantes a profesores y autoridades escolares, emergue un relato que estigmatiza y criminaliza a los estudiantes (no hay descripción de particularidades, sino un discurso general, abstracto y totalizador), dimensiona debilidades institucionales de los establecimientos (falta de ejercicio de autoridad fundado en la represión) y moviliza  a los actores educativos en una confrontación (padres y apoderados vs  estudiantes).

La indicación legal propone dotar a las direcciones escolares de atribuciones de expulsion inmediata y otros medios de coerción y castigo directo. Un especie de sheriff escolar, muy del gusto de la tradición conservadora oligárquica.

A nuestro juicio, esto trata, de un nuevo ejemplo de la gestión de la educación como un nicho de mercado. Indicar medidas de expulsión de estudiantes que “alteran el orden”, no es otra cosa que ver a la escuela desde la óptica de un gerente que requiere de reglas de seguridad, las cuales serán aplicadas por guardias (los inspectores) y los gerentes o jefe de local (directores). En ningún caso, nos detenemos a pensar en causas y medidas pedagógicas que serían las que caracterizan a un centro educacional y por el cual en años anteriores, se han implementado medidas asociadas a la convivencia escolar. ¿O es que este gobierno esta afirmando el fracaso de la convivencia escolar impulsada en estas últimas décadas y con esto, todos los esfuerzos realizados por equipos directivos, docentes, estudiantes e investigadores?.

Para entender este problema desde una mirada no punitiva, diferenciemos antes entre convivencia escolar y violencia.

La convivencia escolar es el reflejo de la convivencia ciudadana y al mismo tiempo forma parte de los efectos de la acción política de  quienes gobiernan el país. Es decir, si encontramos problemas de convivencia en la escuela o violencia como les gusta hablar a algunos, estas se refieren al clima ciudadano y a los efectos que las políticas públicas en materia educacional han provocado en la vida cotidiana de las escuelas.

La violencia por su parte, es una acepción de raigambre sociopolítica y cultural. Según Arendt la violencia es instrumental y sirve a intereses de poder. Así, palabras comunmente usadas en el espectro político como “agresión”, “bullyng”, “terrorismo” o “delincuencia” tienen un compleja y difusa línea de entendimiento común y más bien reflejan “juegos de poder” de ciertas épocas y coyunturas. Consideramos que hoy, la violencia en las escuelas no es más que un síntoma de la violencia social que produce la exclusión y desigualdad económica, la violación de los ddhh, especialmente en la niñez y la juventud y las mujeres. Y además que esa violencia no nace y surge desde los estudiantes sino todo lo contrario se ha constituido una práctica de décadas, contra ellos (indicadores bajisimos de calidad, deterioro infraestructural y de condiciones laborales, curriculum desactualizados, mantención de conductas disciplinarias atentatorios con los derechos de los estudiantes, altas tasas de desempleo juvenil, ausencia de políticas de salud, etc.).

El gobierno de lo escolar hoy, se nutre de discursos políticos autoritarios para ejercer poder pero, a diferencia de lo que indicaba el estudio clásico de Bourdieu, de lo que se trata hoy es de gestionar un mercado de la educación manipulando deseos y expectativas y, no reproducir la cultura. Avanzar hacia los nuevos requerimientos de la cuarta revolución industrial, son para las mayorías, una utopía inalcanzable. Es también, violencia, plantearle a las nuevas generaciones que se quedarán fuera de la sociedad del futuro.

Gestionar un nicho de mercado como el del sistema escolar, conlleva desde la perspectiva del managament público, la construcción de un escenario de guerra en todos los espacios sociales, de tal manera de hacer imposible la presencia del Estado como representación del poder ciudadano y ejercer la piratería del más fuerte (la “sana competencia”). Así, los movimientos estudiantiles son vistos como enemigos del “orden de los negocios”.

Debemos entender que los/as/es estudiantes no son “menores” irresponsables que debemos proteger sino, ciudadanos con derechos y deberes que los negocios de algunos han conculcado, a nombre de su “inclusión“. Como ciudadanos estos jóvenes tienen “derecho a educarse” por sobre los designios familiares (padres vociferantes de la seguridad, devotos del mercado e incapaces de la crianza afectiva) y las diatribas de los políticos de turno (que ocultan sus intereses pecuniarios en discursos morales y/o disciplinarios). Como ciudadanos también, están afectos a las leyes de la convivencia social como todos. Pero no necesitamos nuevas medidas represivas, sino una nueva educación ciudadana.

Esa es la verdadera crisis de la convivencia escolar actual. Nuestra tarea hoy, es detener la violencia que se ejerce hacia nuestros jóvenes e invitarlos a protagonizar nuestra sociedad futura. Nos queda poco tiempo.


Profesor de Filosofía y pedagogo social.