Ayer se publicó en el Diario Oficial el reglamento que permite a tanto equipos profesionales como instituciones acogerse a la objeción de conciencia en el marco de la Ley de despenalización voluntaria del embarazo en tres causales.

La esperada normativa llega después de meses en la polémica y limita la objeción de conciencia institucional a las instituciones que no tengan convenios gineco-obstétricos con el Estado, lo que fue el principal punto con conflicto con la Contraloría y obligó a una nueva redacción.

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Pese a que el nuevo reglamento deja conforme a la Red de Salud UC -uno de los principales grupos de presión en el tema- al dejar fuera de la práctica a sus centros de atención primaria ambulatoria, y así ser objetor institucional y mantener convenios con el Ministerio de Salud, desde la derecha preparan una nueva ofensiva para ampliar aún más la objeción de conciencia y limitar el acceso a la Ley de Aborto.

Parlamentarios de Chile Vamos -liderados por la UDI- trabajan ya en dos requerimientos que presentarán al Tribunal Constitucional, uno de los diputados y otro de los senadores.

La solicitud de los senadores estaría enfocada en los supuestos “vicios” de inconstitucionalidad que, según ellos, tiene el proyecto con la afectación a la libertad de conciencia, la vulneración del derecho de acceso a la salud y la vulneración a la autonomía de los cuerpos intermedios, por ampliar la objeción a privados en convenio con el Estado.

El constitucionalista Jorge Barrera sería el seleccionado para llevar adelante la acción ante el TC. “El reglamento vulnera de manera grave la garantía de objeción de conciencia con la que cuentan aquellas instituciones privadas que entregan prestaciones en pabellón. Con esto, se perjudica el derecho a la salud de las mujeres más vulnerables, quienes en muchos casos no tienen otra opción que asistir a un centro asistencial no estatal”, dijo el abogado a Pauta.

Entre los diputados, donde se necesitan 39 firmas, ya hay 30 de la UDI. “Más allá de una discusión sobre aborto, se trata de cómo la sociedad civil puede seguir prestando servicios de salud ginecoobstétricos a las mujeres más vulnerables. Se trata de la diferencia entre lo público y lo estatal, y si el Estado puede imponer requisitos que terminen perjudicando a la gente por un capricho ideológico. Es la esencia del principio de subsidiariedad que -creo- comparten Evópoli, la UDI y RN, por lo que esperamos conversar con todos para que se puedan sumar a este requerimiento”, aseguró el diputado Javier Macaya.