El proyecto Aula Segura fue aprobado en general por el Senado y ahora pasará a discutirse en la Cámara de diputados.

La iniciativa que sufrió modificaciones durante su discusión en la Comisión de Hacienda, contó con 33 votos a favor y 1 en contra.

Entre los cambios que sufrió la ley está su nombre. de ahora en adelante el proyecto se llamará “Convivencia Escolar” y no “Aula Segura”.

La iniciativa ahora ya no sólo contemplará a los alumnos responsables sino que sancionará a cualquier miembro de la comunidad educativa.

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio por parte del establecimiento”, sostiene el oficio del Senado a la Cámara.

Se establece que el director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en el caso de “algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley“.

El procedimiento sancionatorio, donde la persona involucrada será suspendida de manera temporal, tendrá una duración de 10 días donde se resolverá si el alumno es expulsado. En este periodo de tiempo se respetará la presunción de inocencia y se podrán presentar pruebas para demostrar la inocencia del acusado.

También se establece que se podrá apelar a la resolución que se imponga en un plazo de 5 días, durante este proceso se ampliará el plazo de suspensión.

El proyecto también determina que el Ministerio de Educación, a través de la secretaría regional ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar”.