Con 33 votos a favor y solo uno en contra, la Sala del Senado aprobó anoche el proyecto de ley “Aula Segura”, que tuvo varios pasos en falso durante su tramitación los últimos días.

La noche del martes, la comisión de Educación lo cambió por completo -incluso de nombre- removiendo temas claves como la obligación de expulsar y el tiempo del proceso.

Ayer, en su paso por la comisión de Hacienda, senadores de la oposición se cuadraron con el gobierno para reponer algunos de estos temas. Finalmente, y bajo el nombre de “fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula”, se aprobó la iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, no escondió su alegría y declaró que “salió perfecto” la tramitación del proyecto. “Quiero agradecer a los senadores el trabajo que se ha hecho en conjunto. Siempre quisimos poder aprobar esta ley que va a dotar a los directores de facultades que hoy día no tienen para enfrentar los hechos de violencia. Y los más importante, porque también era nuestra intención, el apoyo transversal de los senadores es una señal de apoyo a los directores y a los profesores que han enfrentado situaciones adversas”, agregó.

Ahora, el texto quedó con que ante casos de violencia de estudiantes, el director del establecimiento deberá “iniciar un proceso sancionatorio” y tendrá la facultad de expulsar al estudiante -no la obligación-, aplicando antes la suspensión como medida cautelar.

Los plazos, además, se ampliaron de 4 a 10 días el tiempo de acusación y de 2 a 5 los de defensa.

Otra de las indicaciones implica que los colegios tendrán un plazo máximo de 90 días luego de que sea publicada la ley para actualizar los manuales de convivencia. Igualmente, dichos reglamentos tendrán que definir como faltas graves el daño a la integridad física y psicológica, las agresiones sexuales y el porte de armas.

La presidenta de la comisión de Educación, Yasna Provoste, comentó que la expulsión sería tratada como un sanción final  que “sea más gravosa que la medida de suspensión”.