Un oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dirigido al director subrogante del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (Smapa) provocó la alerta: El bajo rendimiento de la empresa municipal puede terminar en una millonaria multa al municipio de Maipú e incluso con la pérdida de la concesión.

Smapa es hoy por hoy la última empresa sanitaria pública del país, la que da año a año cuantiosos recursos al municipio. Sin embargo, desde hace años que está en un constante vaivén. En 2013, bajo el primer año de gestión de Chritian Vittori, tuvo un 0% de cumplimiento de sus metas, de acuerdo a los registros de la Superintendencia. Después mejoró notablemente con un 97%, 05% y 71% en los tres años siguientes.

La cifra bajó una vez más con Cathy Barriga al mando de Maipú. En 2017 anotó un magro 5% y en lo que va de 2018 lleva incluso un 0%.

Según un reportaje de El Dínamo, esta situación se da pese a un presupuesto de $15 mil millones para el Plan de Desarrollo de Smapa y que mes a mes se cobran las cuentas de agua a los 750 mil vecinos que entrega el servicio.

“Se solicita a la empresa adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al Programa de Inversión comprometido (…) Esta Superintendencia debe adoptar las acciones administrativas que la legislación establece para los casos de incumplimiento. Esto es sanciones de ‘cincuenta y una a diez mil unidades tributarias anuales’”, dice el documento que fue enviado a Smapa. La multa podría variar entre los $29 millones y los $5 mil 700 millones.

“Smapa debe dar máxima prioridad a la ejecución de las mismas”, dice la Superintendencia.

“Los diez concejales estamos al tanto y transversalmente hemos querido buscar una solución para esto. Pero lo que nosotros podemos hacer y hemos hecho es aumentar la fiscalización de que esto se cumpla”, aseguró el concejal Ariel Ramos, quien insiste en que “la alcaldesa es la única que puede decidir dónde inyectar recursos”.

Por su parte, la concejala Marcela Silva afirmó que “no hay voluntad de la administración de hacer esas obras. Los fondos están, pero se están usando de mala manera, porque se ocupan para hacer decenas de eventos, pero para invertir en Smapa no hay recursos. Ella ha dicho que no quiere poner en riesgo la empresa, que es el ‘oro de Maipú’, pero no se hacen las obras. Se prefiere inyectar 1.800 millones en un programa de médicos a domicilio, que a mi juicio no ha sido positivo porque ni siquiera contestan los teléfonos, al mismo tiempo que hay un déficit enorme en salud. Desde los consultorios nos reclaman que no hay insumos ni profesionales. Entonces, priorizan por un lado pero no ponen recursos donde debieran”.

Según Rodrigo Peña, jefe de la Oficina Metropolitana de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el incumplimiento de una empresa puede generar un proceso sancionatorio. “Todo el proceso de fiscalización es largo y en él se determina a cuáles concesionarias se les abrirá un proceso sancionatorio, a través de la fiscalía de la Superintendencia. En SMAPA, por lo ocurrido en 2017, hoy está en el término del proceso de fiscalización, donde se terminan de recopilar los antecedentes y tras eso podría pasar eventualmente a fiscalía para abrir un expediente sancionatorio”, aseguró.

La ley contempla la posibilidad de  caducar una concesión si se acreditan “fallas reiteradas en la calidad del servicio y a lo largo del tiempo, además del incumplimiento en los planes de desarrollo.