“(…) el Senado deberá resolver de qué lado está. Del lado de los estudiantes (…) o del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia. Así de simple. Así de claro”. Con estas palabras el Presidente Piñera, por medio de la red social Twitter instaba al Legislativo a aprobar el proyecto Aula Segura. De buenas a primeras el Ejecutivo planteó un escenario binario frente al proyecto, en el cual toda oposición -fundada o no- a las ideas matrices de la aspiración legislativa implicaba necesariamente apoyar a aquellos que se encuentran al margen de la legalidad en los Colegios. Una visión monocromática que no aceptaba ni distinguía matices. Que calificaba la diversidad como divergencia, con el agravante de asociarla a un andamiaje institucional que promueve la impunidad frente a hechos delictuales.

Este maniqueísmo político, luego fue replicado por la Ministra de Educación que sostuvo que el “(…) Gobierno defiende expulsión y separación inmediata de estudiantes que lanzan molotov o lanzan bencina a profesores, y la izquierda vota por ampararlos”; y, a continuación, refuerza este dualismo las expresiones de la Vocera de Gobierno que llamó al Senado a demostrar con su voto “de qué lado están”, ambas utilizando la misma red social, las que a su vez fueron recogidas por la prensa nacional.

De un examen -ni tan- detallado del panorama dibujado por el Ejecutivo, es forzoso concluir que estuvo presente la clásica falacia lógica del falso dilema, en virtud del cual se presentan dos puntos de vista como las únicas y excluyentes opciones posibles, cuando en realidad existen una o más alternativas que no han sido consideradas. Este ardid queda en evidencia cuando se constata que se puede estar perfectamente en contra del proyecto y no amparar la delincuencia. No existe nexo causal efectivo entre ser opositor a la propuesta y ser un promotor del fenómeno criminal.

Resulta evidente que las referencias que hace el Gobierno no fueron más que una puesta en escena que tuvo por objeto capturar la opinión pública de modo tal que sirviera de calzador para su agenda legislativa. Dicho de otro modo, no fue más que un mecanismo comunicacional que tuvo por propósito contrapesar su minoría parlamentaria.

Dicho lo anterior, cabe reafirmar que las modificaciones que proponía la mayoría en el Senado, que desfiguraron en cierto modo el proyecto original, no tenían como sustento el fomento de la criminalidad al interior de los establecimientos educacionales como se ha señalado o -al menos- en ninguna parte del debate parlamentario, los que han sugerido cambios recurrieron a dichos argumentos. Muy por el contrario, las ideas basales que plantearon los que asumieron el rol de contraparte del proyecto es el respeto al debido proceso, al establecimiento de plazos racionales para investigar y ejercer la defensa en el contexto de un procedimiento sancionatorio, y a la imposibilidad de otorgar facultades discrecionales a directores que vulneren derechos fundamentales de los involucrados. No se negaron en ningún momento a la posibilidad de separar -e incluso expulsar, a pesar de las advertencias que hicieron especialistas- a aquellos que han cometido infracciones graves o gravísimas al interior de Colegios y Liceos, sino que el debate se ha centrado en el procedimiento empleado por la autoridad escolar para promover la sanción. En esos términos ya lo había advertido la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, al señalar que el establecimiento de sanciones sin un procedimiento previo era inconstitucional por ser contrario al debido proceso; y en esa línea, la Comisión de Educación del Senado propuso cambios.

Pero frente a las nuevas indicaciones el Gobierno decidió ser contumaz, al menos desde un punto de vista comunicacional. Probablemente veían toda concesión como un fracaso político, que por alguna razón les resultaba intolerable. Optaron por renunciar al diálogo y al debate político, erguirse como los custodios de una verdad absoluta, y desconocer, conscientemente, que al frente existía una oposición que podía tener argumentos válidos que justificaran las objeciones que habían formulado.

Por suerte, tal estratagema fue desoída por los senadores oficialistas, quienes recogieron las inquietudes de su contraparte y lograron un consenso. Al Gobierno no le quedó otra que valorar el acuerdo y publicitarlo como un éxito, en circunstancias que objetivamente, lo acordado responde enteramente a lo promovido por la oposición. El proyecto que pronto iniciará su segundo trámite constitucional abandona completamente la idea de expulsión directa y sumaria, y permite suspender a los alumnos involucrados en infracciones graves o gravísimas mientras se lleva adelante una investigación que resguarda el debido proceso.

Con todo, esta metodología o curso de acción del Gobierno para eludir su minoría en el Congreso es una apuesta que conduce necesariamente a la bipolaridad del espacio político: O se está con unos u otros (blanco o negro; bueno o malo), sin que existan -en el discurso- más trincheras que esas. Una jugada arriesgada, sucia, irresponsable y, en este caso, injuriosa. Arriesgada, porque no necesariamente el resultado de las maniobras comunicacionales terminará en un proyecto aprobado a gusto del Ejecutivo (bien lo saben luego del debate sobre el sueldo mínimo y ahora, se ve reafirmado con este mismo proyecto). Sucia, porque su único sustento es un embuste argumentativo que sólo podría seducir a los incondicionales adherentes o a los menos cautos. Irresponsable, porque bien se sabe en Chile las consecuencias y heridas de la polarización política. Pero lo más grave fue que en este caso en particular, además adquirió ribetes injuriosos, porque se asoció, bajo vínculos causales, a la oposición política con los fenómenos delictuales. No tuvieron resguardos para categorizar a los adversarios políticos como participes y miembros del círculo de protección de los sujetos que despliegan conductas penalmente reprochables en esos espacios de enseñanza. Ese discurso político, de transformarse en algo sistemático y sostenido en el tiempo, desembocará inexorablemente en la criminalización de la oposición.

Esto último es gravísimo, ya que busca la homogenización de las ideas y los actores políticos de forma ilegítima, en donde constantemente se denuncia que los adversarios escapan del permitido, lo que ha conducido en otros tiempos -o actualmente en otras latitudes- a justificar su persecución. Es la antesala de la aparición de una policía política y de un Estado Policial. Es la principal herramienta de regímenes totalitarios para perpetuar a sus élites en los centros de poder. Un síntoma de populismo que puede acabar en tragedia.


Abogado y Magíster en Derecho Penal