Las elecciones brasileñas están atrayendo miradas ansiosas de todo el mundo. La posibilidad de que sea electo un candidato de extrema-derecha causa escalofríos en amplios sectores democráticos internacionales y en millones de trabajadores y trabajadoras latinoamericanos, muchos de los cuales vivieron la brutalidad de las dictaduras cívico-militares en los últimos 50 años.

Bolsonaro, candidato por el anteriormente minúsculo partido PSL (que pasó de tener 1 diputado en 2014 a 52 diputados en 2018), salió de la primera vuelta electoral como el favorito a ser el próximo presidente de Brasil. Bolsonaro es capitán reservista del Ejército y tiene como su candidato a vice-presidente un general también de la reserva, Hamilton Mourão. Ambos son muy conocidos por sus declaraciones en defensa de la dictadura militar y de la tortura. Mourão incluso llegó a defender un posible “autogolpe” en su gobierno caso la situación social salga del control.

Bolsonaro se presenta como un candidato outsider, un candidato anti-sistema, contra la corrupción y el modelo político brasileño. Su discurso radical (principalmente en contra de los sectores tradicionalmente oprimidos – la población LGBTI, las mujeres y los/las negros/as) esconde su larga trayectoria como un actor coadyuvante dentro del sistema político brasileño. Bolsonaro es diputado hace 27 años. De sus 5 hijos, 2 también son diputados y uno es concejal de Río de Janeiro. Toda su familia sobrevive del presupuesto estatal y del corrupto sistema político brasileño hace décadas.

¿Por qué entonces un candidato que defiende abiertamente la tortura y la dictadura militar, habla en contra de amplios sectores sociales y es parte de la sucia política institucional brasileña hace casi 30 años puede tener el voto y canalizar la necesidad de cambio de más 50 millones de brasileños?

Para entender el fenómeno Bolsonaro y el ascenso de la extrema-derecha en Brasil tenemos que volver un poco en el tiempo.

Los gobiernos del PT – el fracaso (o éxito) de la conciliación de clases

El Partido de los Trabajadores gobernó Brasil por 14 años, de 2003 a 2016. Los años del gobierno Lula – 2003 a 2010 – fueron los más “prósperos” desde la redemocratización del país. El crecimiento económico chino sostuvo el crecimiento latinoamericano en la primera década del siglo XXI. Brasil fue parte de ese ciclo, al lado de Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile y otros países. Los precios de las materias-primas, los llamados commodities, fueron el motor del crecimiento.

La situación económica favorable permitió el ascenso, en varios países latinoamericanos, de gobiernos que lograron amortiguar las contradicciones sociales por más de una década. Mientras mantenían el capitalismo y las enormes ganancias de las burguesías nacionales e internacionales (como todos los gobiernos anteriores), hicieron pequeñas concesiones a los trabajadores y lograron mantener los conflictos sociales bajo control.

En Brasil, el gobierno del PT fue la máxima expresión de lo que llamamos gobierno de “conciliación de clases”. Desde los años 90 el PT venía abandonando su discurso y práctica contra los grandes empresarios y banqueros para transformarse en un partido “digestible” a estos. Los patrones dejaron de ser enemigos y pasaron a ser aliados, ya que si a ellos les iba bien, al trabajador también le tocaría su parte. El PT intentó conciliar los intereses de la masa trabajadora y popular con los de la gran burguesía. Tuvo éxito por diez años. Hasta que el buque se hundió.

Los banqueros y grandes empresarios nunca lucraron tanto como en los gobiernos del PT. El propio Lula lo reconoció más de una vez. Para que tengamos una idea, en los dos mandatos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (antecesor de Lula, estuvo en el gobierno de 1995 a 2002) los 9 principales bancos lucraron alrededor de 30.000 millones de reales (en valores actualizados). En el gobierno Lula, el lucro de las mismas 9 instituciones llegó a 174.000 millones de reales, 5 veces más.

Lula llegó a decir que los empresarios del agronegocio eran los héroes de la sociedad brasileña. Este sector agrario-exportador es ampliamente conocido en el país por emplear trabajadores en las peores condiciones laborales (incluso en situaciones análogas a la esclavitud) y por ser uno de los grandes agentes de la deforestación de la Amazonía. En menos de 20 años los héroes del PT dejaron de ser los trabajadores metalúrgicos y pasaron a ser los empresarios del agronegocio.

El mercado financiero nunca ganó tanto dinero con el pago de los intereses de la deuda pública. Este desvío de billones de dólares anuales al mercado financiero no fue una particularidad de los gobiernos del PT. La deuda pública brasileña tiene un largo histórico. La enorme deuda actual se remonta a los préstamos tomados por el gobierno hace más de 40 años, en el régimen militar.

El endeudamiento público es una de las principales formas que tiene el capital financiero internacional para aspirar la riqueza de los países periféricos. Para que se tenga una ideia, entre 1995 (gobierno Fernando Henrique Cardoso) y 2007 (gobierno Lula) la deuda pública brasileña pasó de 62 mil millones de reales a 1.3 trillón de reales (si dividimos los valores por 3,7 llegaremos a los montos actuales y aproximados en dólares). En el mismo periodo el país pagó 651 mil millones de reales en interés. ¡O sea, pagamos 10 veces la deuda y el monto total subió en 20 veces! En los años de gobierno Lula/Dilma la deuda pasó de 867 mil millones de reales a casi 3 trillones de reales. Todos los años el país gasta aproximadamente la mitad de su presupuesto estatal para pagar los intereses de la deuda. En el último año de gobierno Dilma, por ejemplo, el gobierno gastó 367,6 mil millones de reales con pagos de interés y la deuda creció en casi 500 mil millones.

La deuda pública brasileña (y eso no es una particularidad de Brasil) es una máquina de concentración de renta que saca el dinero de millones de trabajadores y los manda directamente a los grandes bancos, fondos de pensión y grandes empresas, que son los acreedores de esa deuda. El PT no solo no rompió este círculo vicioso, sino que lo amplificó. La máquina de concentración de riqueza se mantuvo intacta.

Los gobiernos de Lula y Dilma también realizaron importantes ataques a los derechos de las y los trabajadores. Un ejemplo fue la primera reforma de las pensiones en el gobierno Lula, que aumentó la edad de la jubilación. Las privatizaciones de empresas estatales siguieron – uno de los mayores ejemplos fue la entrega a empresas extranjeras de los campos de petróleo del “pre-sal”, descubiertos en 2006 por la Petrobras. La tercerización aumentó brutalmente en todos los sectores productivos e improductivos – un ejemplo es la misma Petrobras, principal empresa brasileña, que pasó de 121 mil trabajadores subcontratados en 2003 a 360 mil en 2014 – un crecimiento de 200% (en el mismo periodo el número de trabajadores de planta pasó de 40 mil a 86 mil) Esa política generó una fuerte división entre los trabajadores de planta y los subcontratados. Además de la precarización laboral traída por la tercerización, ésta también significó un duro golpe a la posibilidad de organización de los trabajadores, ya que los dividió en trabajadores de primera y segunda categoría.

Mientras entregaba ríos de dinero a los banqueros, empresarios y multinacionales, el PT logró frenar el descontento de los sectores más pobres. El crecimiento económico de los años 2000 posibilitó amortiguar las contradicciones sociales.

Así, el gobierno creó o amplió programas sociales que permitieron una relativa estabilidad política y social, aplazando la fecha del estallido social inevitable. Los programas sociales del PT fueron varios – Bolsa Familia (renta mínima a los más pobres), cuotas raciales en Universidades Federales, el programa Mí Casa Mí Vida (construcción de viviendas) etc. Algunos de estos programas fortalecieron también a los sectores empresariales, como fue el caso del PROUNI, programa estatal que subsidiaba las universidades privadas en cambio de más cupos para estudiantes pobres, o el Mí Casa Mí Vida, que daba préstamos a trabajadores para financiar la construcción de sus casas. El PROUNI y el Mi Casa Mi Vida, para quedarnos solo con estos dos ejemplos, entregaron millones de reales a los grandes tiburones de la educación privada y a las grandes constructoras.

Los trabajadores más pobres, muchos que nunca habían tenido acceso al crédito, ahora empezaban a tener la capacidad de comprar. Se transformaron en consumidores. Nunca se vendieron tantos televisores, automóviles, refrigeradores, microondas, notebooks, celulares y un largo etc. Ese poder de consumo fue también el poder de endeudarse. El endeudamiento público y privado fue la máquina de los años “prósperos”. Se vendió la ilusión de que Brasil era una potencia emergente. Todos pensábamos que algún día (no tan distante) seríamos un país desarrollado. Pero todo lo que es sólido se desvanece en el aire, como decía Marshall Berman.

Mientras el PT permitía la entrada de muchos trabajadores pobres a la esfera del consumo y de sus hijos a las universidades (al mercado de los diplomas), la clase media miraba el gobierno del PT con desconfianza, a pesar de también haber sido beneficiada en estos años. Los títulos universitarios, antes privilegio de las familias de clase media o burguesas, pasaron a ser alcanzados por jóvenes más pobres. Muchas familias de clase media ahora veían como los hijos de sus empleadas domésticas empezaban a convivir con sus propios hijos. Los negros empezaban a “tomar el lugar de los blancos”.

Una de las medidas aprobadas en los años del PT más criticadas por los seguidores de Bolsonaro fue el proyecto de ley que dio derechos laborales a las trabajadoras domésticas. Esto significó que la clase media y la burguesía tuvieron que empezar a pagar los mismos derechos que tenía cualquier otro trabajador formal a “sus empleadas domésticas”. La ley, sin embargo, no cambió la realidad de informalidad de la mayoría de esas trabajadoras. Los datos actuales demuestran que el porcentaje de trabajadoras beneficiadas por la ley no llega a 30%; un 70% todavía se mantiene en el mercado informal. Esa medida molestó profundamente a la pequeña burguesía urbana, que la vio como un ataque a su privilegio de tener dentro de su casa trabajadoras muchas veces en condiciones de semi-esclavas. La lógica argumentativa de esa clase media es la misma de los que atacan los derechos laborales: trabajadores con más derechos significan más gastos para los patrones y consecuentemente menos empleos. Es necesario sacrificar derechos para mantener el empleo. El discurso de Bolsonaro/Mourão encuentra un eco perfecto en ese sector de la clase media privilegiada.

El PT logró, por 10 años, mantener el país bajo control. Mientras los ricos seguían enriqueciéndose y los pobres, con muchas dificultades, empezaban a tener acceso al mercado, a las universidades y a unos pocos derechos (mientras se quitaban otros), el Brasil bajo el velo seguía su ritmo de violencia, caos, precariedad y desigualdad social.

En los años del PT, el deterioro de los servicios públicos fue enorme. Con el pago de la deuda pública, fue prácticamente imposible ampliar el financiamiento de los servicios públicos. Así, el Sistema Único de Salud fue casi completamente abandonado. La falta de médicos, remedios, las enormes filas de espera, la pésima situación de gran parte de los hospitales y centros de salud ilustran esa realidad. Miles de personas murieron (y siguen muriendo) todos los años en las filas de los hospitales públicos, que en algunos casos llega hasta a 12 años de espera por una cirugía. Con la destrucción del sector público, el sector privado fue ganando cada vez más espacio.

Al lado de la salud, el transporte público en las grandes ciudades siguió cada vez más caótico. El crecimiento desenfrenado de las grandes ciudades en los últimos 50 años transformó el transporte público en uno de los principales problemas nacionales. En las grandes capitales un trabajador o una trabajadora puede pasar diariamente más de 3 o 4 horas en el transporte público. El desprecio de los sucesivos gobiernos en invertir en trenes y metros y el incentivo al crédito para que todos tengan su auto particular transformó el tránsito urbano en una pesadilla. Según el Estado de São Paulo, una persona que vive en la ciudad de São Paulo suele pasar, al año, alrededor de 1 mes y medio en el taco. El promedio de tiempo perdido por un trabajador de São Paulo en la locomoción en 2015 era de 2h58 por día. Además de estos problemas, la privatización de los transportes públicos significó alzas sucesivas de los precios, lo que llevó a las protestas de 2013.

Podríamos multiplicar los ejemplos de precariedad de los servicios públicos, pero esta no es la idea del texto. La mala calidad de los servicios públicos sumada a la precarización laboral de la mayor parte de los trabajadores (la tasa de informalidad en los años del PT nunca cayó abajo de los 30% del mercado laboral) se transformaron en un agujero negro para los trabajadores con la llegada de la crisis económica.

Por último, uno de los problemas endémicos y más importantes del país es la violencia. Según el Mapa de la Violencia de 2018, entre 2008 y 2018 murieron 553 mil personas por violencia intencional en Brasil. Los números son superiores a los de la guerra civil siria, que ya dura 7 años. La mayor parte de los muertos son jóvenes y negros. La juventud periférica paga el precio de tanta desigualdad. El narcotráfico penetra las venas abiertas de las favelas sin ninguna traba, utilizando la juventud sin perspectivas como carne de cañón. “La carne más barata del mercado es la carne negra”, cantaba la sambista brasileña Elza Soares. La guerra contra las drogas es la guerra contra los pobres. Los pobres son los más afectados por la violencia, pero la pequeña-burguesía y la burguesía también sufren con ella. La mayor parte de la población del país vive en un clima de miedo y tensión permanentes.

En síntesis, los gobiernos del PT lograron amortiguar las desigualdades y conflictos sociales por una década, pero sin hacer cambios estructurales en el país. Las históricas y profundas contradiciones sociales – el racismo, la desigualdad, la violencia, la pobreza y un largo etc. – se mantuvieron y se profundizaron en los gobiernos petistas. En 2013, un terremoto social dejó en evidencia las profundas fisuras adormecidas.

Antes de llegar al terremoto de 2013 y a la situación actual, tenemos que entender cómo gobernó el PT, en qué instituciones y partidos se apoyó para llevar adelante su proyecto de conciliación de clases. La Parte II de este texto pretende analizar la política de alianzas de los gobiernos del PT, las luchas de masas que empezaron en 2013 y la caída de Dilma Roussef.

 

Fuentes:

Ganancias de los bancos

 Los heroes de Lula

 Deuda pública

 Tercerización en la Petrobras

 

Proyecto de Ley de las trabajadoras domésticas

 Transporte

Mapa de la Violencia


Sociólogo y profesor brasileño