Mucho se ha dicho sobre el proyecto de ley ‘Aula Segura’. Poco ha sido escuchado por un gobierno que intenta desesperadamente limpiar su imagen. Para hacerlo, han desviado el debate a algo meramente superficial, lo que ha llegado a un punto donde cualquier crítica al proyecto sea ser partidario de la violencia. No importa cuántas veces digamos que no estamos de acuerdo con que rocíen a personas con bencina, pero que el proyecto tiene múltiples defectos, para el oficialismo esto sigue siendo una batalla entre los que están ‘del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz y los que están ‘del lado de los delincuentes de overol, que quieren destruir y atemorizar con bombas molotov y violencia’, como lo puso el presidente Piñera.

En medio del show mediático que ha sido armado por personas tales como el alcalde Alessandri o Canal 13, se ha perdido el debate sobre el enfoque punitivo que tiene el proyecto o la efectividad de este mismo.

Aunque parezca obvio, hay que decirlo: los actos con los que el gobierno ha intentado caracterizar a los ‘delincuentes disfrazados de estudiantes’ ya son ilegales. Portar bombas molotov o rociar a una persona con bencina, es una violación de la ley, y, consecuentemente, los servicios públicos tales como Carabineros ya tienen la facultad de sancionarlos de acuerdo a esta. La pregunta evidente es, entonces, ¿por qué estas instituciones no son capaces de tomar las medidas que se supone deberían estar tomando?

La respuesta también parece ser obvia, aunque los que promueven el proyecto de ley parecen ignorarla. Carabineros y los cuerpos que castigan las violaciones a la ley no son capaces de identificar a los culpables. De todas maneras, el proyecto parece creer que los directores de los establecimientos educacionales van a ser capaces de identificar a los estudiantes que cometan actos violentos, y aplicar las sanciones que correspondan. Como en el mundo real esto no va a suceder, el proyecto de ley queda completamente vació de cualquier tipo de utilidad que pudiera tener (excepto, claramente, dejar al gobierno parado como defensores de los estudiantes).

La expulsión, en sí, es un mecanismo inútil para enfrentar los problemas de violencia. No responsabiliza a nadie de los actos cometidos. Permite que el establecimiento educacional, que debería tener un rol formativo y rehabilitador, se lave las manos de los estudiantes que más necesitan de su atención. Si este proyecto consigue algo, el estudiante será trasladado a otro establecimiento, si ninguna garantía de que no cometa otro acto violento. Cuando esto inevitablemente llegué a pasar, probablemente será trasladado a otro establecimiento, y así sucesivamente.

De todas maneras, el Estado seguirá teniendo una responsabilidad de proveer al estudiante de educación. Esto implica que habrá establecimientos que no tomarán la medida más extrema, la expulsión, y que harán lo mínimo que requiere el proyecto de ley: abrir un proceso sancionatorio. El proyecto además propone que el establecimiento al que el alumno será reubicado tendrá que contar con profesionales que presten apoyo psicosocial. Solo ciertos establecimientos contarán con estos profesionales, por lo que solo los estudiantes serán trasladados a solo ciertos establecimientos. En un sistema educativo que ya está extremadamente segregado, lo que menos necesitamos es una ley que marginalice aún más a los estudiantes más precarizados. Ni hablar de la calidad de los servicios públicos de ayuda psicosocial.

Esto es, por cierto, asumiendo que este proyecto consiga algo. Pero este no es un proyecto que en su centro tenga la preocupación por el bienestar de la comunidad educativa. Si fuera así, entendería que la solución no está en aislar estudiantes. Esta en trabajar en conjunto las comunidades educativas, en darles los recursos que necesitan para cumplir su rol formativo.