Por falta de «presupuestos materiales»: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por tráfico de armas

Luego de una audiencia de formalización que se extendió por más de 13 horas, el Tribunal de Talagante rechazó la prisión preventiva de cinco ex funcionarios de Carabineros y un médico psiquiatra, tras ser imputados por tráfico de armas en una unidad de la unidad dependiente de la 23° Comisaría de la comuna.

Todos quedaron con libertad condicional tras la formalización que involucró a 31 personas. Según el Ministerio Público, el hecho consistió en toda una operación de adquisición de armas, inscripciones irregulares e introducción de 188 pistolas, revólveres y escopetas en el mercado informal durante los años 2013 y 2015.

La investigación reveló que cada arma era vendida en dos millones de pesos y que la banda en cuestión era liderada por los carabineros indagados. Por su parte, la Fiscalía acusa a 26 funcionarios de tener participación menor en el delito, mientras que otro seis -entre ellos, un carabinero dado de baja y cuatro en retiro, pero con contrato vigente- y un psiquiatra tienen participación «grave e intensa».

Sin embargo, pese a que se solicitó la prisión preventiva, la jueza declinó ordenar esta medida argumentando que no hay presupuestos materiales para ninguno de los delitos de infracción a la ley de armas ni de asociación ilícita. El tribunal fijó un plazo de 90 días para investigar.

Del resto de los involucrados, solo tres quedaron con arresto domiciliario total, mientras que los demás deberán respetar el arraigo nacional. La decisión molestó a la fiscalía, que anunció que recurrirán ante la Core de Apelaciones. Al respecto, el fiscal Heriberto Reyes señaló que «no compartimos el criterio de la magistrado que ha resuelto esto, de manera que vamos a tener que ocupar los recursos que la ley nos arbitra para tratar de revertir esta situación».

En la audiencia, Reyes detalló cómo operaba la red en torno al tráfico de armas: convencían, a través de videos, a personas sin antecedentes policiales para que inscribieran armas a su nombre, previo pago de 80 mil pesos. Luego, el líder respondía las pruebas para autorizar el uso de las armas, mientras que las personas captadas eran llevados a un psiquiatra en Santiago que hacía pasar las pruebas físicas y psíquicas.