Los resultados de la última encuesta de caracterización socioeconómica (CASEN) muestran, amargamente, un dato que parece haberse convertido en una inamovible realidad nacional: la desigualdad en la distribución del ingreso, medida como el índice de Gini, se mantiene inalterada respecto del año 2015. Este es el último dato de una larga trayectoria de estancamiento: los mejores datos que tenemos disponibles, indican que, desde el retorno a la democracia, el índice de Gini se ha mantenido relativamente estable, en un nivel cercano al 0,53. Otros indicadores de desigualdad, como el porcentaje del ingreso nacional que posee el 1% más rico, muestran básicamente la misma historia.

Un espectador neutral que observe lo anterior no puede más que sentirse incómodo cuando economistas de peso como Sergio Úrzua, señalan que es el pobre crecimiento económico de los años recientes el responsable de este estancamiento. Sus dichos, por cierto, se enmarcan en un discurso conservador que todos conocemos: el proceso de crecimiento trae, automáticamente, una mejor distribución del ingreso, en virtud del “chorreo” que emanará de los bolsillos de nuestra clase empresarial en un ambiente de bonanza, o bien debemos esperar a que el crecimiento económico de nuestro país sea lo suficientemente robusto como para gastar recursos fiscales en políticas redistributivas altamente ineficientes, debido a que, supuestamente, distorsionan las decisiones de empresarios y trabajadores.

No obstante, la experiencia reciente de nuestro país pone en tela de juicio esta clase de discursos: ¿Cómo cuadran estos dichos con el innegable hecho que, durante los años 90, Chile fue el país del mundo con la sexta mayor tasa de crecimiento (un espectacular 4,8%) y no registró ninguna baja significativa en la desigualdad? Si el crecimiento tiene un impacto causal negativo sobre la desigualdad, aunque sea tenue, esperaríamos que hubiera sido visible durante esta década.

Es más, es posible argumentar, de forma bastante sencilla, que la relación de causalidad tiene el sentido inverso: Si bien en una pequeña economía abierta como la chilena existen múltiples determinantes del crecimiento – determinantes que explican, en parte, nuestra exitosa trayectoria durante los años 90 –  la distribución de ingreso juega un rol fundamental en hacer crecer la economía.

Para entender el vínculo entre ambas variables es necesario reconocer dos hechos evidentes: el primero es que la demanda agregada, es decir, la suma de todo el gasto de los agentes de la economía, estimula el crecimiento económico. Cualquier empresario expresará que uno de sus principales problemas es la falta de clientes y la imposibilidad de vender todos sus productos. El segundo, es que los hogares más pobres ahorran una fracción menor de su ingreso. Según datos del Banco Central, los chilenos que poseen un ingreso menor a 750.000 pesos solo ahorran un 14% de su ingreso; mientras que los hogares con un ingreso entre 750.000 y 1.700.000 ahorran un 27%, y los hogares con un ingreso mayor a 1.700.000, ahorran un 45%.

Dado lo anterior, el vínculo entre desigualdad y crecimiento opera de la siguiente manera: cuando redistribuimos ingreso de los más ricos hacia los más pobres, una mayor fracción de este ingreso se gasta, dado que los hogares más pobres ahorran menos. Este incremento en el gasto lleva a un incremento en la demanda agregada, en las ventas de los empresarios, y con ello una mayor inversión en plantas, maquinaria y equipo para hacer frente a este aumento en la demanda agregada. Por lo tanto, una mejora en la distribución del ingreso puede favorecer el crecimiento económico, mostrando que, contrario a la aparente sabiduría convencional, no existe ninguna necesidad de postergar políticas redistributivas hasta que “pase el tiempo de las vacas flacas”: son estas mismas políticas las que pueden potenciar el crecimiento.

Obviamente, una parte central del debate es cómo mejoramos la distribución del ingreso – y los datos sobre la distribución del ingreso mencionados anteriormente nos indican que hemos fracasado rotundamente como país en resolver este problema.

Un candidato natural que ha acumulado sólida evidencia empírica en los últimos 30 años es reformar el mercado laboral – reformarlo para fortalecer y centralizar la organización sindical. En particular, sabemos que cuando las tasas de sindicalización se incrementan se cierran las brechas salariales entre trabajadores calificados y no calificados, se cierran las brechas salariales entre hombres y mujeres; cuando se centraliza la negociación colectiva, los salarios mínimos fijados  en acuerdos nacionales son mayores relativos a los que fija el Estado, y que altas tasas de sindicalización pareadas con negociaciones salariales centralizadas incrementan la participación del trabajo en el producto – y dado que el ingreso medio del trabajador es menor al del capitalista, este efecto redistributivo incrementa la demanda agregada.

Evidentemente, reformar el mercado laboral no es la única vía para disminuir la desigualdad, pero en un país como Chile, donde la clase trabajadora se encuentra atomizada sindicalmente, la negociación colectiva fragmentada a nivel de empresa, y con nulo poder de negociación frente al capital, existe amplio espacio para avanzar. Políticas de esta clase pueden revitalizar el crecimiento de nuestro país y combatir la desigualdad – y un Chile con menor desigualdad y mayor crecimiento es algo que, ciertamente, todos los chilenos deseamos, independiente de nuestras preferencias políticas.


Candidato a Magister en Economía por la Universidad de Chile