¿Quién quisiera un proyecto energético que genere externalidades negativas en el territorio que habita? Asumo que nadie lo desea, nadie desea una nueva controversia como la ocurrida con la Central Hidroeléctrica de Ralco. Es posible advertir en medios escritos, radiales y redes sociales, los argumentos de organizaciones de la sociedad civiil y habitantes de Ancud en contra de la construcción del Proyecto Eólico Chiloé en Mar Brava. No con una postura en contra de las energías renovables -muy al contrario- consideran que es fundamental la existencia de éstas, pero argumentan que todo proyecto debe ser construido en un lugar que no atente a las particularidades del territorio.

Organizaciones como Salvemos Mar Brava, mencionan que la construcción de este proyecto eólico generará riesgos en la Reserva Marina de Pullinque, los islotes de Puñihuil, la Playa Mar Brava, el Humedal de Quilo, a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Su solicitud no es otra que cambiar el lugar autorizado para la construcción de dicho parque eólico.

Este no es el único aprobado, existen otros 32 proyectos tipo c (central generadoras de energía mayores a 3MV) en la región de Los Lagos. ¡No pueden existir 33 posibles conflictos socioambientales!

Es oportuno mencionar que los proyectos de energías renovables no deben generar riesgos ni incertidumbres en los territorios. Todo proceso de evaluación del impacto ambiental debería tener en consideración las particularidades económicas, sociales, políticas, cultuales, espirituales, ambientales del territorio en cuestión. Una manera de afrontar esto es que exista una convergencia entre varios aspectos: un proceso de evaluación de impacto ambiental atingente al territorio, una adecuada participación social de actores con interés en la problemática y decidores públicos sensibles a la sustentabilidad ambiental.

Hacerse cargo de las incertidumbres y riesgos que generan estos proyectos no es solo tarea de los movimientos sociales, es fundamental que las instituciones públicas, los actores privados, las universidades y las comunidades estén en sintonía respecto a los impactos que éstos pueden tener en los territorios.

 


Estudiante Doctorado de Ciencias Sociales ULagos