Gonzalo Neira no vive en la Villa Pinochet, no la ha visitado personalmente ni sabe cuántas personas residen ahí. Pero en junio, mientras estaba como juez civil subrogante en la Corte de Apelaciones de San Miguel, la conoció, al menos, en el papel.

A mitad de este año, el abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile asumió las funciones de la magistrada Katherine Campbell, que se tomó sus vacaciones, y estuvo a cargo de resolver una serie de sentencias. Él es juez suplente del Tribunal desde hace dos años.

La mañana del 20 de junio llegó a su despacho un fallo que le llamó la atención. Si bien el tema de fondo que debía resolver era un desalojo, leyó que el domicilio se ubicaba en la Villa Presidente Augusto Pinochet, en El Bosque. La villa se fundó como un proyecto de soluciones habitacionales para los ex campamentos Zanjón de la Aguada y las Turbinas, construida entre los 70′ y 80′, durante la dictadura.

Neira resolvió el asunto y escribió que, “sin perjuicio de lo anterior”, se oficiara a la Dirección de Tránsito y al Concejo Municipal que “evalúen el oprobio que pudiere ocasionar el nombre de la Villa Presidente Pinochet existente en dicha comuna, al hacer apología de quien dirigió la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado”.

Reconoció que las declaraciones no eran competentes para esa causa y que, incluso, era complejo incluirlo en una resolución judicial, pero que en un contexto general era posible hacerlo. Todo, en el entendido de que era algo que le correspondería hacer a cualquier funcionario público, en una posición de garante de derechos.

A los días, supo de la denuncia que interpuso en su contra el concejal de Renovación Nacional Carlos Contreras ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por haber emitido opiniones inapropiadas en la causa. Para él, Neira se estaba dando “un gustito personal”.

El pleno de la Corte designó a la fiscal judicial Carla Troncoso para que investigara y, en septiembre, los llamaron a declarar.

−Más que oprobio, como el juez lo señala, existe de parte de los pobladores, agradecimiento por la solución habitacional obtenida, ya que han transcurrido más de 28 años de plena democracia en el país y este tema del nombre de su población, jamás ha sido un problema para los vecinos−, aseguró el funcionario municipal según consta en el sumario.

Además, agregó que el cambio de nombre era un tema del municipio y que su denuncia era a título personal y que no representaba al Concejo ni a su partido. Este hecho, consideró, afectaba la imagen del Poder Judicial.

En el sumario, Gonzalo Neira argumentó que es conocido que en el sector sur de Santiago es donde existe el mayor número de detenidos desaparecidos y, además, dio el ejemplo de la comuna de La Pintana donde se cambió el nombre del dictador español Francisco Franco por el de Violeta Parra, entre otros.

La investigación avanzó y el 23 de octubre la fiscal Troncoso le formuló cargos al juez por infringir la prohibición del artículo 323 N°1 del Código Orgánico de Tribunales, que le prohíbe a los funcionarios judiciales “dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos”.

El caso tiene un correlato. Este año la Corte Suprema dictó el nuevo procedimiento para la responsabilidad disciplinaria de los jueces, a propósito de un informe emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del juez Daniel Urrutia que le concedió el derecho a voto a las personas privadas de libertad. Urrutia es conocido como “el niño terrible” del Poder Judicial y, en su historial, acumula varias sanciones por sus fallos pro derechos humanos. Se comentaba que con sus resoluciones buscaba cambiar la estructura, aún muy conservadora, de este poder del Estado.

Ahora, bajo el nuevo reglamento de la Corte, el juez Gonzalo Neira es el primer procedimiento que se cursa en el año.

Más allá de toda esta historia, el alcalde de El Bosque Sadi Melo recogió la observación de Neira y lo puso en tabla para que se discutiera en el Concejo Municipal y, según se indica en la formulación de cargos, por una votación de seis contra uno, se aprobó iniciar la discusión sobre el cambio de nombre de la Villa Pinochet. El tema todavía no está resuelto en el Concejo, pero se reconoce una mayoría a favor de terminar con la identificación del dictador, aunque sea en lo legal.

Desde el municipio aseguran que a este sector se le reconoce como villa Los Volcanes, haciendo referencia a los nombres de los pasajes. Y dicen, también, que es casi una “mitología urbana”, que en el tiempo en que se fundó la villa a los vecinos les dijeron que si querían recibir el beneficio de la vivienda social, tenían que votar por el SÍ.

Mira el documento de la formulación de cargos al juez Neira:

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