El 26 de junio de este año, el gobierno anunció orgulloso que durante 2018 procederían a la expulsión de 2 mil personas, que se concretarían a lo largo del año y en distintas etapas. El presidente de la República, Sebastián Piñera, le puso nombre a la política: “Ordenar la casa”.

Una de esas operaciones ocurrió la madrugada del 16 de agosto, cuando 51 ciudadanos colombianos subieron esposados y resguardados por funcionarios policiales a un avión en el Grupo 10 de la Fach. Andrés Chadwick Piñera, ministro de Interior, declaró ante las cámaras que llegaron al lugar insistiendo en la idea matriz, ordenar la casa.

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La política de ordenar vía deportaciones no le ha costado barato a la administración piñerista. Según un oficio enviado a la Cámara de Diputados, al que tuvo acceso este medio, se da cuenta de que, al 23 de octubre de este año, se han expulsado a 347 personas, lo que ha arrojado un costo total de $618.695.729.

Junto a los expulsados viajaron 355 escoltas y 4 enfermeros. La Subscretaría informa que cada expulsión ha tenido un valor promedio de $1.763.878

“Sería bueno que al mismo tiempo del anuncio, se diga cuánto va a costar y hacer el ejercicio de qué hubiera ocurrido si cómo sociedad invirtiéramos esos recursos en tratar de insertar a la sociedad a estas personas”, afirma el diputado Jorge Brito (Revolución Democrática), quien hizo la solicitud vía oficio.

Por su parte, la también parlamentaria Catalina Pérez, miembro de la comisión de Gobierno Interior y Regionalización, asegura que el “gobierno  insiste en dar tristes espectáculos de instrumentalización de la migración. Las visas especiales para ciudadanos haitianos, la implementación de un plan ‘humanitario’ de retorno y la mediatización de las expulsiones de extranjeros son solo algunos ejemplos”.

“Lo que se requieren son políticas públicas transversales, que se hagan cargo del fenómeno migratorio en su integridad. La arista delictual saca portadas, pero no soluciona el problema de fondo”, agregó Pérez.

El documento, firmado por el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, da cuenta también del desglose de nacionalidad de los 347 expulsados del país. Son 245 colombianos, 24 dominicanos, 19 peruanos, 13 ecuatorianos, 9 paraguayos, 9 venezolanos, 7 bolivianos, 7 brasileños, 4 búlgaros, 2 haitianos y un uruguayo, español, griego e italiano.

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