El coronel (R) Carlos López Tapia suma tres meses desahuciado e internado en el Hospital Militar. El pasado lunes, el ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad abandonó el tratamiento médico que lo mantiene con vida. 

Su decisión fue una respuesta al rechazo del presidente Sebastián Piñera al indulto que había solicitado por razones humanitaria. Al respecto, su hijo Carlos López señaló que “solo queremos demostrar la inhumanidad del ministro de Justicia”.

López Tapia fue condenado a más de 87 años de cárcel como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados, como parte de los casos de la Caravana de la Muerte en Linares y Cauquenes, en octubre de 1973. El coronel en retiro también participó de desapariciones forzadas en Villa Grimaldi, centro de torturas que se encargó de dirigir como agente de la Dina, en 1976.

El abogado Raúl Meza señaló a La Tercera que los motivos para solicitar el indulto son de “carácter estrictamente humanitario, en razón a su condición de enfermo crónico terminal y recientemente desahuciado por su equipo médico tratante”.

El ex coronel presenta patologías cardíacas, renales y hepáticas, razón por la que su hijo argumenta que “lo único que queríamos era que muriera en la casa”. Además, sostuvo que a su padre no le quedan más de tres o cuatro días de vida y que todas su condenas fueron “por presunciones de secuestro, por haber estado un año en Villa Grimaldi”.

Sin embargo, su abogado explicó que el gobierno no consideró las razones humanitarias y solo se basó en argumentos de orden jurídico y psicológico, “por carecer medianamente de la conciencia de los delitos que habría cometido”.

De hecho, en el rechazo a la solicitud se señala que el ex oficial no tiene “conciencia del delito y la mediana conciencia del daño causado a las víctimas”, según consignó La Tercera.

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,señaló que no van a interceder como organización porque consideran “legítimo que él quiera presionar a costa del riesgo de su vida” y añadió que López “está pensando en sí mismo, no en los familiares de las víctimas ni en el daño a su propia familia”.

Por su parte, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto señaló que ocurre algo similar a la huelga de hambre de reclusos y que, en ese caso, el Hospital Militar “debe obligarlo a seguir el tratamiento médico”, a través de un recurso de protección.

Desde el Hospital Militar declinaron referirse al tema y señalaron que “el tratamiento va en directa relación y concordancia con lo acordado con el paciente y su familia”.