El pasado miércoles el Estado chileno volvió a violar los Derechos Humanos del pueblo mapuche en un operativo policial en la comunidad de Temucuicui que culminó con el asesinato de Camilo Catrillanca a manos del denominado Comando Jungla.

La muerte del comunero desató la ira de la gente que salió a las calles de distintas ciudades del país para protestar en contra de la política de represión y militarización que sostiene el Estado chileno en La Araucanía y que ha dejado más de una decena de muertos en los últimos 20 años.

Ante esta situación la respuesta de las autoridades ha sido la misma de siempre. En un primer momento guardan silencio, llaman a esperar las investigaciones respectivas para aclarar los hechos, dilatan el proceso, esperan a que la situación desaparezca de los medios de comunicación, y cuando se individualiza un responsable éste es dado de baja y luego enfrenta a la Justicia Militar donde le dan una condena ridícula que casi siempre cumple en libertad.

Esta práctica no es nueva. Este es el guión que han utilizado los gobiernos “democráticos” de los últimos 28 años para seguir dando rienda su política represiva que está amparada en una institucionalidad que permite que el Estado y sus instituciones salgan impunes al asesinar a sus propios ciudadanos. Las responsabilidades políticas no aplican en este tipo de casos. Ningún muerto ha hecho tambalear a ningún ministro del Interior, ni siquiera a sus subsecretarios, ni menos a un general de Carabineros.

De hecho, el presidente Sebastián Piñera ya blindó a Andrés Chadwick e incluso el general director de Carabineros, Hermes Soto, visitó al Comando Jungla como señal de apoyo en medio de la tensión que ha significado la muerte de Catrillanca. Estas repudiables escenas no son diferentes a las de los gobiernos de la Concertación donde también murieron comuneros asesinados por efectivos policiales como es el caso de Matías Catrileo, quien murió el año 2008 después de recibir un balazo por la espalda durante el gobierno de Michelle Bachelet, quien ahora le da clases al mundo sobre Derechos Humanos desde su puesto como alta comisionada en la ONU.

La complicidad tanto de la Concertación como Chile Vamos con la impunidad de Carabineros es innegable y se agrava aún más con las nulas reformas a la Justicia Militar que han sido exigidas desde el año 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado de Chile limitar la competencia de los tribunales militares a delitos estrictamente de carácter militar y excluir a los civiles de su jurisdicción.

Todo esto debido a que la Corte Marcial dictamina fallos que le permiten a la policía salir impune en casos de violación a los Derechos Humanos. Incluso, organismos como Amnistía internacional han señalado que “los tribunales militares de Chile no abren investigaciones ni procesamientos contra los agentes sospechosos de haber cometido un delito. Los juicios ante estos tribunales no suelen presentar ni siquiera el grado más básico de independencia e imparcialidad”.

En ningún país decente se permitiría que los tribunales militares sean los encargados de investigar, procesar y sancionar a los miembros de sus propias filas en crímenes que involucran a civiles.

Lamentablemente, lo más probable es que el crimen de Camilo Catrillanca llegue a la Justicia Militar lugar donde sólo se consagra la impunidad. Un ejemplo de esto es el caso de Miguel Millacura, quien asesinó a Manuel Gutiérrez el 25 de agosto del 2011 con una submetralladora UZI en medio de una protesta en Macul, y que fue procesado por la Corte Marcial bajo el delito de “violencias innecesarias con resultado de muerte” y que posteriormente fue recalificado como “cuasidelito de homicidio” con lo cual recibió una condena de 400 días de presidio remitido.

Las reformas a la justicia militar son urgentes ante el auge de la protesta social en nuestro país. Los ciudadanos y ciudadanas de Chile deben contar con la garantía mínima de que su vida no correrá peligro al manifestarse. De eso se trata la democracia.

Si tanto le gusta a nuestros diputados y senadores decir que recuperamos la democracia profundicemos en ella. Mejoremos las leyes para desterrar el terrorismo de Estado y no permitamos que el asesinato de Camilo Catrillanca quede impune.