El Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat rechaza la actuación de Carabineros de Chile ante los hechos ocurridos el miércoles 14 de noviembre de 2018 en la comunidad de Temucuicui, región de la Araucanía, que conllevaron al asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca y a los abusos físicos contra el menor de edad que le acompañaba, por parte de una unidad del denominado “Comando Jungla”. Asimismo, rechaza la respuesta del Gobierno de Chile ante esta situación, la cual apunta a “normalizar” y “procedimentalizar” hechos que transgreden los derechos fundamentales.

Nos preocupa el actuar del Estado de Chile, en tanto violador de los derechos humanos y propugnador de la violencia y el terrorismo, todo lo cual constituye transgresiones a nuestra propia legalidad y a diversas convenciones y tratados internacionales que Chile ha adoptado. Se podrían incluso calificar estos hechos como un crimen de lesa humanidad, puesto que ocurren en una comunidad indígena que ha sido intervenida por fuerzas policiales militarizadas. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen contra la humanidad es todo aquel acto de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos reconocidos en el mundo como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Nuestra preocupación se sitúa también desde la comprensión de que la militarización de la Araucanía contenida en los planes del actual gobierno constituye un apoyo al modelo económico socialmente injusto que padece la sociedad chilena, que ha transformado ciertos territorios en zonas de sacrificio, y que ha degradado los estándares internacionales al negar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas que habitan el territorio en que Chile se propugna soberano, desconociendo su derecho a la autodeterminación, convirtiendo los procesos de consulta indígena en farsas que solo sirven para reproducir la violencia estructural. Un modelo económico que, basado en la producción de la inequidad, sostiene la pobreza y la exclusión, en particular de comunidades indígenas y rurales, pero que al mismo tiempo promueve el multiculturalismo como modelo de gobernanza de la diversidad.

Nos sumamos a las organizaciones que exigen el fin inmediato del Comando Jungla, que se enmarca dentro de las principales acciones que derivan del Acuerdo Nacional por La Araucanía – iniciativa comprometida en el Programa de Gobierno – y que constituye un fuerte plan de cambio productivo para la región. Dentro de las acciones, el Plan Impulso, enfocado en el desarrollo económico de tres ejes estratégicos: la agricultura, el turismo y las energías renovables, desconoce las demandas territoriales y políticas históricas del pueblo mapuche, por lo que su ejecución sólo puede ser posible a través de la fuerza. Por tanto, estas iniciativas son expresión de la violencia señalada anteriormente.

Por último, exigimos que todas las autoridades y funcionarios que han participado en este inaceptable suceso – sea aplicando violencia directa o encubriéndola, o manipulando información para engaño de la opinión pública – rindan cuentas, se disculpen públicamente y sean sancionados ejemplarmente, de acuerdo con los estándares internacionales y humanitarios.