Puede que le resulte exagerado el título de este artículo. Sin embargo, le invito a leerlo antes de quedarse con tal impresión. Es relevante evitar encapsular la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca como un acontecimiento policial o criminal.  Y es que su muerte/asesinato expone del modo más macabro y terrible los frutos de la política indígena de este gobierno, que no es más que la profundización de lo desarrollado por el gobierno anterior y de una irremediable ilusión del Estado chileno de poder tapar el sol con un dedo.

La política indígena de este gobierno ha favorecido de modo políticamente previsible, acontecimientos violentos e injustos como la muerte de Camilo Catrillanca. No estamos delante de un error puntual sino estructural, de diseño. Perseverar en la actual política indígena significa irremediablemente más muerte/asesinato como el de Camilo. Por este camino no hay justicia, no hay paz, hay violencia y muerte.

La actual política indígena se ha desenvuelto articuladamente en tres vías políticas respecto al Pueblo/territorio mapuche: (i) cultural, (ii) empresarial, y (iii) represiva. El centro neurálgico de la violencia está justamente en la opción política de no desarrollar una vía política destinada a abordar las demandas políticas del Pueblo Mapuche. Las tres vías políticas sin embargo, comunicacionalmente aparecen de modo desarticulado, al punto que mediáticamente el Acuerdo Nacional por la Araucanía pareciera representar la política indígena del gobierno, cuando en realidad no es más que un pequeño apartado, bastante deficiente por lo demás (Ver: ¿Acuerdo Nacional?)

La articulación de estas tres acciones políticas viene generando previsiblemente una presión insostenible en el territorio. Considerando el contexto es inexplicable, si lo que se busca es la justicia y la paz (Ver: Las presiones en Wallmapu y los gestos de gobierno). Revisemos brevemente estas tres líneas de acción política.

La vía cultural es el rostro de ésta política. Tan sonora como vacía insiste en reconocimientos culturales sin derechos políticos y concesiones periféricas, incluso ignorando las demandas emanadas del proceso de consulta indígena más amplio que se ha desarrollado en la historia de éste país (Ver: Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir) y saltándose la misma normativa de consulta indígena exigida por el Convenio 169 de la OIT para elaborar el triste Acuerdo Nacional por la Araucanía. Todo esto no hace más que crear la sensación mediática que se está avanzando, cuando quienes vivimos en este territorio sabemos que solo se está hablando para las cámaras. Triste e injusto, además de hipotecar las confianzas.

La vía empresarial es silenciosa, pues se camufla en palabras atractivas como desarrollo, inversión, emprendimiento, etc. Lo cierto, es que desde el inicio de la campaña presidencial los grupos político-empresariales iniciaron acciones para no renovar el Convenio 169 de la OIT y flexibilizar la ley Lavkenche; dos de los grandes logros de los Pueblos Indígenas. Una vez instalado el gobierno, se reanudo la tramitación de iniciativas tendientes a privatizar el borde costero del territorio, mediante concesiones; y también se aprobó en Arauco -territorio que hace más de 20 años alberga el conflicto entre la Industria Forestal y Movimiento Mapuche- el proyecto MAPA, que consiste en ampliar la Planta Celulosa Arauco para que sea una de las mayores de América Latina, lo que implica ampliar la superficie de plantación forestal a 48 mil hectáreas. Si a esto sumamos la propuesta del Plan Impulsa tendientes a la flexibilización de las tierras indígenas, lo que tenemos es una arremetida empresarial en territorio mapuche tanto por mar como por tierra.

Agreguemos un último componente. Tanto el Presidente de la República, el Ministro de Desarrollo Social y el Intendente de la Araucanía, pertenecen al mundo empresarial y político; incluso el último de estos fue presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, asociada a la Multigremial de la Araucanía, una de las partes en conflicto en el territorio y con un discurso que raya en el racismo contra los mapuche. Estos movimientos y opciones políticas presionan cotidianamente el territorio, cual olla a presión.

Finalmente la vía de acción político represiva. Comenzó en la campaña presidencial, liderada por el entonces candidato Sebastián Piñera, quién afirmaba categóricamente que existía terrorismo en la Araucanía, sin que existiera ni exista hasta el día de hoy, un solo condenado por terrorismo en este territorio. Luego, como presidente su primera visita fue para presidir el Consejo de Seguridad de la Maco Zona Sur, reunirse con las víctimas de violencia rural y anunciar el endurecimiento de la ley antiterrorista, contrariando a los organismos de derechos humanos. En los meses siguientes vimos aparecer un escuadrón antiterrorista, el Comando Jungla y un gasto millonario (en las regiones más pobres del país) en vehículos propios de países en guerra.  Pero donde no hay guerra por acá, tampoco terrorismo, el famoso Comando Jungla con sus vehículos acabaron haciendo controles vehiculares, entregando notificaciones judiciales, cuidando plantaciones y persiguiendo delitos comunes, como robos de automóviles. Claramente no capacitados para esto, como muestran los resultados y era de esperar dado el dudoso lugar donde recibieron su formación en Colombia.

Presionar un territorio en conflicto de este modo, es irresponsable. No solo porque no aspira a la justicia ni a la paz, sino porque genera muertes/asesinatos como el de Camilo Catrillanca. Sin embargo, que sea una acción política irresponsable no significa que no haya responsables, materiales y políticos. Asumir este diseño de política indígena considera también asumir las responsabilidades de éste, y aquí no es opción separar las distintas vías de acción políticas, pues justamente la articulación de éstas constituye la política indígena de éste gobierno, que ha significado la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca.

¿Era políticamente previsible este desenlace? Sí, pues en este diseño de política indígena, fortalecer la vía represiva con el antecedente directo de la Operación Huracán, que tienen bajo investigación desde el anterior Ministro del Interior, pasando por el alto mando de carabineros hasta los agentes de campo en territorio mapuche, lo hacía previsible (Ver: ¿Tiempos mejores para Wallmapu?)

Más aún, si consideramos las numerosas advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre el uso abusivo de las fuerzas policiales contra mapuche: Unicef (2009), ONU (2009), Amnistía Internacional (2013), ONU (2016), INDH (2016), Amnistía Internacional (2017), ONU (2017) y Amnistía Internacional (2018) entre otros. O si consideramos a mapuche asesinados a manos de fuerzas policiales: Alex Lemun (2002), Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collio (2009) entre otros.  O bien, hacemos un poco de memoria y recordamos a Brandol H. Huentecol recibiendo más de 100 perdigones en su espalda de manos de fuerzas policiales hace dos años, o las 6 querellas por torturas a mapuche interpuestas por el INDH contra fuerzas policiales, o los más de 60 recursos de amparo presentados por la misma institución para frenar la violencia policial contra mapuche.

Sí, era absolutamente previsible políticamente. Y si bien, es el Ministro del Interior quién responde por la vía de acción represiva que ejecuta materialmente la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca, y por tanto, seguramente deberá ser interpelado; no se debe perder de vista que es el diseño completo de la política indígena la que genera presión, violencia y muerte en territorio mapuche. Por ello es imperativo cambiarla, como también que todos quienes la lideran políticamente den cuentas de la actual situación.

Encapsular la muerte/asesinato de Camilo Catrillanca como un hecho meramente de abuso policial es caer en la lógica política que ha desplegado el Estado chileno a través de los sucesivos gobiernos: la criminalización. El problema es la política indígena que incentiva muertes/asesinatos como el de Camilo por no hacerse cargo del conflicto que mantiene con él Pueblo Mapuche.

Mis condolencias para la familia de Camilo Carillanca y para todas las familias que han perdido a sus seres queridos por la violencia azuzada por este tipo de políticas indígenas.


Sacerdote Comunidad jesuita de Tirúa.