En una anterior columna de opinión, en el marco del análisis de los primeros 120 días de gestión en derechos humanos del gobierno de derecha, nos referimos a las lógicas estatales de criminalización al pueblo nación mapuche, y especialmente analizamos algunos detalles del juicio Luchsinger Mackay y la instalación de “Comando Jungla”, advirtiendo de la apuesta por la violencia estatal en el Wallmapu. Además situamos un elemento central, a nuestro entender, los mecanismos de persecución y condena entre gobiernos que formalmente estarían en veredas distintas, pero que a la hora de sintonizar respecto de materias estratégicas usan las mismas prácticas y mecanismos.

En momentos que se desata la justa indignación pública por el nuevo y burdo montaje para justificar la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, llama la atención un incómodo sigilo de los que ayer eran mando político de operaciones de inteligencia y mentiras varias, que respaldaban y aseguraban la eficiencia y el profesionalismo de las instituciones policiales, pero que instantes después tenían que reconocer que eran “engañados” por la tropa y el mando de carabineros, como en la Operación Huracán.

Estos y aquellos usan un mismo esquema: primero el respaldo político y un cerco comunicacional difundiendo la versión oficial; y luego cuando los hechos desmoronaban el mal montaje, la voltereta ofreciendo al populus el sacrificio de peones prescindibles, sin llegar a entregar las cabezas políticas de los operadores, ministros, intendentes y subsecretarios.

Lo dramático de los hechos de los últimos días simplemente ratifican las previsiones y advertencias que se han hecho habituales en el manejo de políticas públicas de orden y seguridad, con acentuaciones que van en la línea de profundizar las estructuras y procedimientos represivos, sin mayor preocupación por los efectos de la fuerza desproporcionada, asimetría que tarde o temprano tiene resultados tan dolorosos como la muerte de un comunero o, por ejemplo de modo más cercano, las lesiones de estudiantes secundarios.

En este espacio queremos reforzar un concepto que al parecer la autoridad oficial, los medios de comunicación del sistema, y alguna opinión pública favorable a los modos facsistoides pasan por alto con mucha facilidad.

El Estado es una organización que se reserva en ella una concentración de recursos y potestades que habitualmente pudiera chocar con diversos intereses de grupos sociales, disidencias que se ven criminalizadas en las formas de la presentación de sus demandas. El agente de Estado tiene los recursos, y es portador de un fuero que le permite utilizar, racionalmente, la fuerza ante lo que pudiera considerar una alteración del orden público. Ese accionar debe estar inserto en principios como el de la legalidad, respetando protocolos que garanticen la integridad física y psíquica de aquellos que pretende controlar. En las situaciones que se pudieran calificar de delito, el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema para investigar y eventualmente sancionar esas conductas.

Esta apretada conceptualización es un marco general, pues cuando el Estado entiende que una conflictividad requiere otros recursos es porque políticamente releva ese conflicto a un carácter estratégico.

Lo que se da en Wallmapu tiene esa impronta, un “conflicto” con una alteridad que cuestiona conceptos centrales del orden político estatal -identidades nacionales diversas, con reclamaciones territoriales específicas- y por lo tanto el camino que ha asumido es el del  enfrentamiento militar.

No se entiende de otro modo, y las consecuencias están a la vista.

Pero debemos ser justos. Este gobierno tiene una vocación natural por el orden y su papel en la dictadura está ampliamente verificado, pero los gobiernos de otros signos han actuado con la misma dureza, y ejemplo de aquellos son la decena de muertos que se han dado desde hace 20 años.

“Comando Jungla” es una iniciativa política y militar especializada –lo anuncio Piñera en mayo de este año en una llamativa ceremonia comunicacional que acentuó el carácter beligerante de la unidad-  que busca enfrentar a las comunidades disidentes del Wallmapu.

Sobre el origen e inspiración de Jungla se ha dicho que surge a partir de la experiencia de especialización de carabineros principalmente en Colombia, cuestión que nos plantea al menos dos reflexiones:

El presidente de extrema derecha colombiano Álvaro Uribe impulsó en sus dos mandatos consecutivos (2002-2010) una doctrina que denominó “Política de Seguridad Democrática”, que se insertaba en una etapa específica del conflicto armado de aquel país y que buscó involucrar a la sociedad civil en el combate de la insurgencia.

Por el tiempo que se vienen desarrollando las capacitaciones de los funcionarios de carabineros, mediados de la década de 2000, y entendiendo el carácter estratégico que tiene para el estado chileno el conflicto que mantiene con la nación mapuche, no es descabellado suponer que Jungla, a parte de los febril de su denominación caribeña, pudiera ser una operación de intervención mucho más profunda que involucra un diseño de etapas adaptado a la realidad del wallmapu.

Una iniciativa como esta no surge en tres meses de gestión de una nueva administración de derecha, se podría suponer muchas cosas si es que le damos crédito a un diseño mínimamente serio. Debiera ser una iniciativa de largo plazo, se ha dicho que las instrucciones son desde el 2007, por lo tanto creemos que es necesaria la aclaración de la oposición que hasta hace unos meses fue gobierno respecto a esta materia, especialmente cuando en el nuevo rol sus parlamentarios han salido a condenar el accionar de carabineros.

Las comunidades del Wallmapu, y amplios sectores de la población chilena exigen avanzar en el esclarecimiento de los hechos que rodean la muerte de Camilo Catrillanca, además de la obvia responsabilidad política por los dramáticos hechos. Pero también hay que buscar la voluntad política para abrir caminos de reconocimiento de demandas más que justas de la nación mapuche, si eso no se comienza a dar de verdad, es probable que el conflicto del Estado chileno con la nación mapuche siga escalando con dolorosas consecuencias para los habitantes del territorio en disputa.


ONG Defensoría Popular