La rápida reacción del gobierno frente al nuevo intento por parte de carabineros de ocultar este tipo de hechos criminales, que se suman a la serie de irregularidades como los montajes que ya son conocidos por la sociedad, no debe confundir una mirada de fondo del atolladero en que se encuentra el estado respecto de la nación mapuche y en general de todos nuestros pueblos originarios.

Para el estado chileno, que en los últimos años ha hecho correr la misma suerte de Camilo a: Agustina Huenupe, José Mauricio Huenupe, Antonio Suarez Marihuan, Alex Lemun, Julio Alberto Huentecura, José Gerardo Huenante (detenido desaparecido 2005), Juan Collihuin, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza Collío, José Quintriqueo, Victor Mendoza Collío y Rodrigo Melinao;  entre otros crímenes, es relativamente fácil justificar que se encuentra amparado en el legítimo uso de la fuerza para mantener el orden público y en términos generales en las pocas ocasiones en que se ha determinado él o los culpables, se ha logrado proteger a las instituciones salvaguardando el funcionamiento del estado.

Sin embargo, estas soluciones formales que tienden a la individualización de los responsables, oculta aspectos fundamentales que abordaremos en forma sucinta:

Vigilancia de la economía

Cuando se inculpa a él, o los autores materiales de estos crímenes o a una línea de mando que no alcanza hasta los niveles jerárquicos y menos a los responsables políticos, se está ocultando la doctrina con la que se forma a las personas que en un momento determinado tiran del gatillo y que probablemente influye en el momento a quienes cumplen órdenes. Esta doctrina insiste en la creación y mantenimiento de un enemigo interno, basada en la doctrina de seguridad nacional, que aplicada desde la década del sesenta al igual que hoy mediante el eufemismo de defenderse del comunismo y el terrorismo, implicó que la mayor parte de los estados de nuestra América Latina se organizaron para la defensa de los intereses que el capitalismo tenía en nuestros territorios, actualmente y luego de más de cuarenta años, el debilitamiento del estado nación como una expresión de soberanía económica es prácticamente inexistente, especialmente en Chile, donde las multinacionales dominan prácticamente todos los sectores de la economía, fundamentalmente los estratégicos.

En el caso concreto de la región de la Araucanía el estado defiende particularmente la industria forestal, este sector el año 2017 exportó un total de 5.376,8 millones de dólares, cifra que representó un aumento de un 2% respecto del 2016, no obstante, la fuerte militarización es posible explicarla para neutralizar  las acciones que los pueblos dueños ancestrales de esos territorios han efectuado,  frente a una clase dominante que en esas vastas zonas  ha  destruido  las tierras y el ecosistema  por los efectos de las plantaciones del tipo monocultivo de especies introducidas y otros atropellos al medio ambiente.

Pero, adicionalmente la fuerza del estado está dirigida a mantener los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, que en el caso del sector económico en que se encuentran las empresas forestales,  de acuerdo a la información del Banco Central de Chile,  es más injusta que el promedio nacional  al repartir la riqueza, donde tenemos que por cada 1.000 dólares producidos, en el 2016,  505 de ellos van a excedentes del negocio, 386 a remuneraciones y 109 a impuestos, en cambio el sector al cual pertenecen las forestales, por cada 1000 dólares,  las empresas se llevan 647, las remuneraciones capturan 325,  dejando solamente 28 dólares para impuestos.

El concepto de estado de derecho, al que recurren transversalmente a defender cada vez que es necesario toda la casta política, refiriéndose a nuestro funcionamiento como democrático en realidad es una simulación que dada la situación social y económica se trata más bien de una plutocracia con ropajes de democracia, donde diariamente se instala el mercado no solamente como una realidad si no como una ideología, en que los intercambios constituyen a los sujetos cada vez más y por tanto quienes oponen otros modos de relación son reprimidos.

Inquietante realidad socio cultural

Sin embargo, el rol del estado frente al mandato de la misma clase dominante que se beneficia económicamente, es más complejo y difícil de enfrentar, surgiendo de esta manera una segunda perspectiva y que tiene matices valóricos e históricos. Estamos hablando del mandato que ha recibido este estado constituido por la misma clase a la que pertenecía Eduardo Matte Peréz quien ya hace más de un siglo sostuvo, “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio

En efecto entre 1861 con José Joaquín Pérez como presidente y hasta 1883 en el gobierno de Domingo Santa María se desarrolla la llamada “pacificación de la Araucanía, que sin ánimo de un debate histórico corresponde a la colonización del Pueblo Mapuche, hecho que no había ocurrido bajo la dominación española, período en que incluso existió una verdadera relación diplomática entre el pueblo guerrero de nuestro sur y la corona de la península ibérica.

La colonización que estuvo destinada a sacrificar esos espacios en busca de rentabilizar la tierra, no solo mató físicamente a nuestros antepasados, si no que al deshumanizar las relaciones existentes destruyó valores del pueblo relacionados con la cosmovisión y la importancia de la tierra en la vida. Los valores que operan en el orden de lo simbólico, no son medibles es decir son inconmensurables y frente a esta realidad el estado chileno al hacer ese reconocimiento ha optado por intentar compensaciones en el ámbito material, desde una óptica de la cultura capitalista, sin aceptar que nuestros pueblos originarios no claudicarán hasta recuperar ese modo de vida, que contrariamente a lo que piensan quienes defienden el modo capitalista de producción si contiene un orden, pero que en este caso surge desde la comunidad, por tanto quienes criticamos al estado de derecho lo hacemos no desde la perspectiva de la existencia de un orden en las relaciones si no como éste,  se constituyó en la principal herramienta  que facilita  la explotación, la desigualdad y que en esta última fase desconoce el valor del trabajo como creador efectivo de la riqueza, por tanto solo se detendrán los crímenes como el de Camilo cuando los trabajadores tengan conciencia que su poder radica  más en su capacidad de producir que en el que les otorga el votar en elecciones.

A la memoria de mi Hijo Felipe


Sociólogo, Fundación Sociedad y Trabajo