El denominado “Comando Jungla” deja su primera víctima en la Araucanía. El comunero Mapuche, Camilo Catrillanca, fue asesinado de un disparo por la espalda mientras conducía su tractor, durante un incidente que todavía no es aclarado por Carabineros ni por el Ministerio del Interior, que abre cada vez más dudas sobre la rectitud del actuar de la policía en tanto institución pública y su deber de apego al principio de legalidad.

Antes que los hechos fueran investigados, la versión difundida por televisión insistía en vincular a Catrillanca con el presunto asalto a un establecimiento educacional que habría sido repelido por Carabineros (sin que se conozca tampoco la identidad de las víctimas). Insistentemente el General Director, Hermes Soto, apeló al eufemismo de los antecedentes policiales del fallecido. Todo ello no hace sino dar cuenta de una estrategia mediática que, por décadas, ha difundido imágenes sobre el miedo al delito y el desprecio de los sujetos a quienes se atribuye esa conducta, para justificar una violencia estatal desproporcionada.

No es un hecho natural que el tópico de seguridad pública resulte el ámbito más sensible en la vida de los chilenos. El rendimiento político que de allí se puede extraer pasa necesariamente por reforzar la atmósfera de caos y violencia (instalando un terrorismo imaginario en la Araucanía) para dotar de mayores atribuciones a las policías, una de las promesas del actual gobierno ante las reivindicaciones del mundo uniformado. Esto se traduce en procedimientos eximidos de cualquier control institucional, como hemos visto en la “Operación Huracán”, los recientes casos de desfalco y, ahora, en el asesinato del comunero Mapuche. La obsesión por el orden basado en la obediencia a jerarquías sociales que se presentan como esenciales, nunca ha tenido finales felices.

A la victimización de Carabineros le subyace una estimulación sistemática de la violencia, que se expresa en el clima de agresividad de la vida cotidiana que, a su vez, justifica el accionar policial. No es posible precisar ahora los alcances que esto puede llegar a tener. Sin embargo, cabría insistir en que el escaso valor que los chilenos le atribuirían a la democracia –a propósito de un estudio reciente en la materia– no es más que el resultado de una transición invocada por quienes hoy denuncian el fantasma del fascismo y se acongojan por los espíritus antidemocráticos que nos invaden. El blindaje al modelo de concentración de la riqueza se tradujo en la ya emblemática “democracia protegida” y la consecuente desmovilización política de la sociedad.

Como ya nos hemos acostumbrado, el predominio de las fuentes oficiales no deja espacio para aclarar los hechos y condiciona, de antemano, la propia investigación. Allí, las garantías constitucionales pasan a segundo o tercer plano en el debate público. Mediáticamente se conforman comisiones especiales en las que periodistas, opinólogos políticos y hasta las propias fuerzas de seguridad y de orden (contraviniendo el mandato constitucional de no deliberancia) remplazan a los Tribunales establecidos por la ley. ¿Quién sabe dónde habita el juez natural? Allí habría una urgencia en términos políticos para disputar la construcción de sentido que sigue en manos de la elite, pues los reagrupamientos de las fuerzas progresistas y democráticas no han logrado superar las fronteras de una crítica funcional al recambio en la administración del orden, postergando el debate sobre la desconcentración del poder y la huidiza emancipación.

Si es preciso descifrar un antagonismo en el Chile contemporáneo (como reactualización de ese “Chile Actual”), es frente al pacto simbólico de la modernización neoliberal, que organiza eficazmente la subjetividad. Los éxitos del modelo están garantizados por su sedimentación cultural, dimensión que debe ser atendida para responder a la encrucijada de nuestro tiempo, más allá de las interpelaciones institucionales.

No es necesario explicar que el fundamento de la ley es la violencia del Estado que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza, desde una legitimidad cada vez más cuestionada. La máquina de guerra se activa cuando se le requiere. Bastaba tan sólo un despunte de los movimientos sociales y una pizca de amenaza a la hegemonía interpretativa imperante por décadas, para que la respuesta no se hiciera esperar, medida en la muerte de vidas disponibles para ser asesinadas (mientras, la derecha sólo está disponible para exigir justicia para Jaime Guzmán, el arquitecto intelectual del neoliberalismo criollo).

¿Cuál es el valor de la vida en un país que invierte millones en gestionar el retorno de los haitianos a su lugar de origen y en un grupo de reacción táctica para enfrentar una “violencia terrorista” que, por más que se le convoca, se resiste en aparecer? ¿Qué sociedad podemos proyectar cuando la delincuencia ha servido para justificar los crímenes de Estado contra los pobres?  Las respuestas requieren una reflexión conjunta.

La muerte del comunero Camilo Catrillanca es un golpe que reafirma el desprecio profundo de aquellas diferencias que no es posible reducir a las lógicas del mercado. El costo de imponer un orden normativo, que se pretende justo y superior es, siempre, la muerte, en esa convicción occidental de que la vida se defiende negando la de otros.

Lo cierto es que el movimiento Mapuche nos propone una mirada subversiva. Nuestros conceptos de propiedad, privacidad, nación, derecho y cultura,  así como de humanidad, allí no tienen cabida, en un pensamiento donde las relaciones de mando y obediencia (esa modernidad que nace bajo el signo del dominio) parecen no tener sentido. Tal vez allí podamos encontrar algunas luces que iluminen nuestras sombras: volver a pensar la comunidad, la libertad, la emancipación, ya no desde los valores morales del capitalismo y los presupuestos teológico-políticos que rigen, hace siglos, los destinos de la civilización occidental.