El crimen de Camilo Catrillanca ha generado una interminable secuencia de mentiras, contradicciones y desmentidos de los personeros del gobierno de Piñera (y de los medios que controla). Son acontecimientos que nos duelen e indignan. Observamos un clamor por justicia.

Porque se suma a las anteriores muertes de mapuches asesinados “bajo democracia”. Asesinatos que han quedado impunes o con mínimas penas. En el caso del infortunio actual, se trata del crimen de un mapuche destacado por su procedencia política y simbólica: nieto de un lonko importante de la comunidad de Temucuicui, una de las comunidades más combativas en su lucha por la autonomía y la recuperación de tierras. Este caso viene a sumarse a otras acciones reiteradas derivadas de un mismo patrón institucional. Pareciera que estamos en presencia de una estrategia sistemática de represión y aniquilamiento selectivo del pueblo mapuche en resistencia. Una maniobra asimilable a la figura de ejecuciones extrajudiciales.

¿En qué consiste una ejecución extrajudicial?

Según la concepción y experiencias que ha venido construyendo desde hace años la Relatoría Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y otros juristas internacionales, se trata de un homicidio cometido por agentes estatales, policía, fuerza pública o cuerpos de seguridad, que hacen uso letal de su fuerza, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. Un crimen ejecutado de manera aislada, con la complicidad, tolerancia o aceptación de quienes ejercen el poder armado y su mando.

Algo imposible para un particular. Un cuerpo de seguridad policial podría apoyarse en la protección del Estado para encubrir la verdad, o para impedir u obstaculizar que se inicien investigaciones en su contra, como para lograr impunidad. Aprovechando una poderosa maquinaria estatal de agentes coordinados, cuidadosa selección, seguimiento y vigilancia de las víctimas, análisis de unidades de inteligencia, uso de comunicaciones y variados medios de transporte,  armamento de guerra; pudieran llegar a amenazas de víctimas y familiares, adulteración de pruebas, intimidación o ejecución de testigos para impedir una investigación que inculpe a los autores intelectuales o a sus cómplices. Y finalmente, completar la ejecución sin dejar huellas, eliminando rápidamente cualquier evidencia. El poder del Estado a su favor.

¿Reconocemos estos elementos en la acción de las fuerzas especiales de seguridad operando en la Araucanía en el transcurso de los últimos años? ¿Podemos considerar las muertes a sus manos como ejecuciones extrajudiciales, aun cuando la intencionalidad no haya sido manifiesta? Son preguntas que se nos aparecen como sociedad civil. Porque hoy se nos hace intolerable seguir aceptando la operación delictiva de comandos de carabineros, sea bajo la figura del Gope y del Comando Jungla, generando en la práctica estados de excepción no declarados, que colindan peligrosamente con el terrorismo de Estado.

Y es importante que nos preguntemos por qué ocurren estas operaciones y cuáles son las fuerzas e intereses históricos detrás de la guerra de exterminio encubierta contra el pueblo mapuche, orquestada por el Estado chileno a través de sucesivos gobiernos. Esto no es nuevo.

Ya los mapuche experimentaron desde los tiempos de la ocupación militar del Wallmapu en el siglo XIX cuando, a través de la violencia, fueron excluidos por el Estado-nación, perdiendo sus territorios ancestrales, siendo reducidos a tierras separadas, viviendo procesos de marginalidad, emigración y aculturación. Desde los años 90 del siglo pasado ha emergido un movimiento mapuche que se ha ido fortaleciendo en dignidad e identidad, luchando por la restitución de territorios y el reconocimiento de su autodeterminación como pueblo. El asunto central es hoy una disputa política por el control del territorio.

Una disputa que encubre los intereses del gran capital en su versión contemporánea de capitalismo neoliberal por despojo, como forma de acumulación de recursos a explotar por el poder económico corporativo de forestales e hidroeléctricas. Lo que interesa fríamente a estos poderes, tras la acción del Estado chileno, es que los mapuche no reclamen el territorio ancestral como propio, que lo pierdan o salgan de él. Y para ello, todos los medios son válidos, incluida la guerra encubierta, bajo la forma de represión selectiva y el uso de técnicas militares de contrainsurgencia, asociada a promesas de progreso y desarrollo. El problema no es la debilitación de la estrategia del ministro Moreno que promueve ingenuamente, como se ha dicho, el desarrollo económico y el repliegue de la pobreza en la zona mapuche. Son ambos: militarización y progreso económico juegan un rol como estrategias de sometimiento.

Importante tener en cuenta que este trato a los pueblos indígenas, desde soluciones autoritarias y represivas originadas por la tradición autoritaria de la derecha, es similar a las políticas llevadas adelante por otros Estados-nación en América Latina, para enfrentar las demandas del movimiento social en resistencia al capitalismo.

La activación de la guerra y la militarización de los territorios de comunidades indígenas ha sido instalada no sólo en Colombia (donde fue a formarse el comando Jungla), sino que corresponde a una política global que ya se ha aplicado en Canadá y Centroamérica, en México y en Gaza. Una guerra que tiene como uno de sus ejes la práctica de ejecuciones extrajudiciales, señala la ONU. Se trata de asesinar población civil en resistencia, como experimento progresivo de terrorismo global. No importa quién dispare las balas, pero no son balas locas. Lo que importa es transformar la rebeldía en significados de terror. Por eso, los montajes televisivos para justificar la seguridad. Porque cuando las promesas económicas y sociales no son cumplidas y se hacen patentes los despojos, la injusticia y la indignación, es necesario debilitar la moral, infundir miedo, deslegitimar la lucha reivindicativa de los pueblos indígenas, anticipando estratégicamente escenarios de crisis y fortalecimiento del autoritarismo que amenaza en el horizonte.

Ya lo decía Hanna Arendt. Es fácil transformarnos en monstruos de cualquier cosa con tal de tener seguridad. Provocar terror no sólo para exterminar y atemorizar a mis oponentes, sino para dominar la mente de personas y hacerlas obedientes, porque sólo así podrán tener seguridad. Incluso, desde el terror autoprovocado por los medios se puede justificar cualquier cosa y llegar a mantener una conducta delictual. Entonces el peligro es que pasamos a generar un estado de guerra, venga de donde venga, para provocar miedo y  demandas de seguridad en la población. Un espiral de violencia que justifique una respuesta militar, que vaya en la linea del exterminio de cualquier resistencia, bajo la justificación de que los mapuche son los que provocan la violencia. Historia conocida.

El asesinato de Camilo Catrillanca evidencia que la práctica de la ejecución extrajudicial se puede convertir en un dispositivo de violencia, miedo, criminalidad y disciplinamiento, vinculado a patrones represivos ejecutados por policías que dependen del Estado, para amedrentar o eliminar a quienes son un peligro por su fuerza y simbolismo, o sencillamente para quienes son un obstáculo para los intereses que persiguen. Hoy son los mapuche. Ya hemos visto recientemente, la represión a estudiantes bajo el pretexto de “aula segura”. Mañana serán las mujeres y el movimiento feminista.

Chile no tiene tipificada la ejecución extrajudicial como delito inserto en su código penal. Ha quedado claro que estos comandos especiales de la policia adolecen de la formación y disciplina necesaria para usar la fuerza letal en cumplimento de criterios de gradualidad, proporcionalidad y excepcionalidad. Disparan y luego se encubren, ocultan la verdad y la impunidad prevalece. Deberían incluirse sanciones muy severas para castigar aquellos agentes del Estado que en vez de proteger a los ciudadanos, utilizan el cargo y los privilegios al usar la fuerza y privar arbitrariamente la vida de las personas. Cuenta pendiente desde la dictadura.

Dada la gravedad de la acción policial en el crimen de Camilo Catrillanca, es más necesario que nunca aprovechar la oportunidad para ejercer control ciudadano y ético sobre la policía. Expertas y expertos lo han planteado con insistencia.


Académico y activista en proyectos sociales.