Sin duda, la muerte de Julia lo cambió todo para su familia. La mujer, de 32 años, fue asesinada el 3 de enero de 2014 a manos de Luis, su marido, quien ese día se inmiscuyó en su hogar y la apuñaló en reiteradas ocasiones en el cuello hasta que la degolló. Ella se desplomó a los pocos pasos, pero había intentado huir del lugar: en el piso de arriba estaban sus hijos, que escucharon toda la escena.

Julia Castillo Figueroa y Luis Humberto Carrasco Díaz habían dejado de vivir juntos hacía cuatro meses y él tenía dos órdenes de alejamiento por violencia intrafamiliar, pero ellas no impidieron que cometiera el crimen por el que cumple una pena de 15 años de prisión. Y desde entonces, los dos hijos del matrimonio –el mayor tiene hoy 17 años– dejaron su hogar y quedaron a cargo de sus abuelos maternos, de más de 70 años. Pero las cosas no han sido fáciles.

Érika es dueña de casa y Gerardo temporero, y junto a sus nietos viven con los 130 mil pesos que él recibe de pensión. La única ayuda económica que reciben son los 18 mil pesos mensuales que el mayor recibe de la AFP de su mamá, por lo que hace algunos años él también empezó a trabajar después del colegio para poder aportar en algo a sus gastos.

“Me ha sido duro, porque yo no puedo trabajar. Mi marido trabaja, aunque también tiene problemas de salud, pero hemos sabido sacarlos adelante. Pero esto pasa con todos esos niños que quedan sin nadie que los apoyen, porque en el momento están todos, pero pasan los años, y quedan sin nadie que los ayude”, relató Érika.

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Como ellos, durante los últimos tres años existen 190 niños, niñas y adolescentes que han perdido a su madre producto de un femicidio, de acuerdo a las cifras oficiales. Por otra parte, el conteo del Sernameg –que contempla sólo a las mujeres asesinadas por sus antiguos o actuales esposos o convivientes– señala que durante 2017 fueron 44 las mujeres que fueron asesinadas por sus ex parejas, en lo que va del año esa cifra van 35 víctimas, y al menos 99 femicidios frustrados.

Durante el último año, las demandas feministas como el fin a la violencia de género, y el femicidio como su expresión más cruda, han sido cubiertas con mayor atención por los medios. Sin embargo, quienes aún han quedado relegados a un segundo plano, pese a ser también víctimas directas de la violencia, son los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas.

En gran parte de los casos son sus propios padres los responsables del homicidio, por lo que los niños y adolescentes deben enfrentar una doble pérdida que, en muchas ocasiones, se suma a la situación de desamparo que quedan ante la incertidumbre de no saber quién se hará cargo de ellos, y la ausencia de apoyo psicológico y económico para poder seguir adelante.

“Hay violencia simbólica y psicológica”

“El caso de los niños y adolescentes que son víctimas del femicidio de su madre están en una situación de vulnerabilidad extrema. La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa y difícil, pero si además es un asesinato, y se le suma además que fue cometido por el padre, a ellos les queda una situación súper difícil de elaborar. Entonces todo ese trabajo posterior es súper delicado, porque sin duda que ahí hay una vivencia excesivamente traumática, hay violencia simbólica y psicológica que tiene muchos efectos”, explica Paula Sáez, psicóloga y psicoanalista con Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Diego Portales.

La especialista explica que las terapias son fundamentales para que los menores puedan rearmarse como personas e integrar la pérdida como parte de su historia. “Ellos no tienen las herramientas que podría tener un adulto, al que ya le sería muy difícil, y además es un proceso que muy probablemente no se va a curar en un plazo breve, en muchos casos se extiende hasta la adultez”, agrega.

Como respuesta a este fenómeno en el país, en 2009 se creó un Circuito Intersectorial de atención a víctimas de femicidio –considera a las mujeres afectadas en caso de que se trate de un crimen frustrado, y a sus familiares cuando el hecho se consuma– que brinda apoyo psicológico y legal, y en el que participan cuatro instituciones: Carabineros, Sename, Ministerio del Interior y Sernameg.

El primer paso es definir quién quedará a cargo de los menores a través de un proceso judicial: se da prioridad a los parientes cercanos, que deben acudir al Tribunal de Familia correspondiente para solicitar la tuición, y en caso de que ello no suceda, los niños y/o adolescentes son trasladados hasta un centro de residencia del Sename.

Al mismo tiempo, el circuito contempla la atención psicológica para los menores a través de dos instancias: el Programa de Apoyo a Víctimas (PAV), que depende de la Subsecretaría del Interior, y la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Sename.

De acuerdo a los datos de la Subsecretaría del Interior, durante 2017, el Circuito Intersectorial de Femicidio registró un total de 59 niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del asesinato de sus madres, y de ellos, 37 eran hijos en común entre la víctima y victimario o sólo de la víctima. En tanto, de los 35 femicidios que se han registrado en lo que va de 2018, 30 NNA corresponden a hijos en común entre la víctima y el victimario o, bien, son hijos sólo de la víctima. De este grupo, 10 menores son atendidos en los Centros de Apoyo a Víctimas a lo largo del país actualmente. 

“El Programa ofrece atención a todas las víctimas indirectas. Sin embargo, el tratamiento es voluntario. En los casos de los niños, siempre se ofrece atención bajo el amparo de un adulto responsable o significativo que acompañe el proceso de superación de las consecuencias graves que deja un delito”, explica José Antonio Arellano, jefe del Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría del Interior.

“En el ámbito social, se entrega asesoría y derivación asistida en materias judiciales civiles. También, se realizan coordinaciones con otras instituciones para la obtención de recursos económicos en apoyo a la familia a través de fondos públicos, por ejemplo. En este contexto, el Programa brinda un servicio transversal, tanto es sus redes primarias, como la familia; secundarias, como los amigos; e institucionales, como el colegio, centros de salud, municipio, entre otros”, agrega.

Con respecto al acceso, cada región del país cuenta con entre uno y tres Centros de Atención a Víctimas (CAVD), excepto la Región Metropolitana, que tiene 14.

No extender el círculo de violencia

Sin embargo, existen críticas que señalan que el apoyo hacia este grupo es precario. “El Estado no realiza labores más allá de las básicas y mínimas, y creemos que esta situación es gravísima”, asegura Silvana del Valle, integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

La abogada explica que desde la organización, que cuenta con más de diez años de trabajo, han asistido a un gran número de familiares de víctimas de femicidio, y que los principales obstáculos que han detectado, además de la lentitud en los procesos judiciales para obtener justicia, son la dificultad para obtener la tuición legal, para acceder a atención psicológica en centros de salud, y la ausencia de una reparación económica que les ayude a enfrentar su nueva realidad.

“En nuestro país lamentablemente estamos acostumbrados a que la legislación internacional en derechos humanos no se cumpla. Tenemos obligaciones como Estado, tanto para los niños y niñas como para las mujeres que sufren violencia, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la Belém do Pará, para no seguir extendiendo los hechos de violencia hacia las mujeres, y eso incluye reparar el daño moral y que la situación de violencia deje de afectar a las personas relacionadas con la víctima“, afirma.

Suele suceder que en muchas ocasiones, cuando el trauma no se repara, se repite, y por eso en la misma línea, la psicóloga Paula Sáez agrega que, además de la importancia para la integridad misma de los menores, el hacerse cargo del trauma que se genera en estos menores también tiene repercusiones directas con respecto a la violencia de género.

“Hay muchísimos estudios que señalan que es más probable que se repita el círculo de violencia cuando el niño observó violencia en sus padres que haberla recibido directamente. De ese nivel estamos hablando, de sostener el círculo de violencia entre las generaciones, porque son niños que han estado expuestos a esa manera de relación, a ese concepto de relación de pareja”, explica.

/ Agencia Uno

Proyecto de apoyo económico y psicológico

En Latinoamérica existen tres países que tienen legislaciones que contemplan la reparación para los hijos de víctimas de femicidio, Argentina, Uruguay y México, tanto psicológica como económica, con montos que oscilan entre los 200 y 275 mil pesos chilenos.

En el caso de Chile, hace pocas semanas, el diputado Diego Schalper (RN) propuso un proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta situación. En específico el proyecto tiene tres ejes: el primero se trata de que el presupuesto del país considere, en la partida del Ministerio de Desarrollo Social, un apoyo económico cercano a los $280 mil para cada hijo hasta los 21 años.

En segundo lugar, propone una una tutela provisoria para los menores durante el tiempo que dure el procedimiento penal y que pueda ser ejercida por un pariente hasta el cuarto grado. Y en tercer lugar, plantea que los protocolos que hoy existe en los ministerios de la Mujer y Justicia, que brindan apoyo legal y psicológico, eleven su rango a legal.

“Este es un problema que se encuentra en estado de invisibilidad en Chile, y que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que quedan desamparados en los casos en que se comete un femicidio o parricidio. ¿Qué sucede con esos niños que quedan en el más absoluto desamaparo? Esta es la manera en como ponemos en prioridad nacional a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de los femicidios en Chile”, señaló Schalper.