14 adolescentes mapuche denuncian violentas detenciones de Carabineros desde la muerte de Catrillanca

Entre gritos y gases lacrimógenos, Cristián sintió el impacto en su rostro: dos perdigones de goma le llegaron directo a la cara. Uno en la nariz, centímetros bajo el ojo izquierdo, y el otro bajo el labio. Se encontraba en el antejardín de su casa, en la comunidad Antonio Rapiman, comuna de Padre de Las Casas, junto a su hija de 2 años, su hermana y sobrinos de 6 y 1.

Horas después, el doctor del Hospital Regional de Temuco le diría a Ana, su madre, que Cristián se salvó por dónde se le mire. Unos centímetros más arriba y perdía el ojo; unos centímetros más adentro, y la bala llegaba al cerebro.

Ana llegó corriendo apenas le dijeron que estaba herido. Se encontró con su hijo de 17 años con las heridas en el rostro y a su otra hija aislada en la casa protegiendo a sus tres nietos de los gases lacrimógenos. La casa de Cristián está a un costado del camino y a alrededor de 100 metros de la carretera, donde estaban los vehículos de Carabineros. El disparo, le dirían después los manifestantes que exigían justicia por Camilo Catrillanca, fue de cerca. Su hijo no alcanzó a salir de su casa cuando recibió los balines.

Ana asegura que los Carabineros se negaron a abrir el camino que tenían cortado para que llegara la ambulancia que habían llamado los manifestantes, los mismos que finalmente tomaron al joven y lo llevaron al vehículo que lo trasladó a Temuco.

Cristián fue operado esa misma noche bajo un fuerte resguardo policial. De todo lo que pasó ese día, eso fue lo que más le shockeó a Ana. “Me sentí muy pasada a llevar como mamá”, cuenta. Oficiales acompañaron al joven en el box de atención –donde se desnudó para ponerse la bata del hospital- e incluso cuando estaba en la sala de recuperación, justo después de la cirugía. Ana entró corriendo a sacar al oficial que ingresó con un papel en la mano, le dijo a su hijo que no firmara nada porque es menor de edad y las enfermeras le pidieron disculpas por el incidente.

“Su hijo está detenido pues, señora”, le dijo uno de los carabineros que se puso como punto fijo en el Hospital de Temuco.

A las 10 de la mañana, Cristián fue dado de alta y se fue de vuelta a su casa en Licanco. Estrictamente, nunca estuvo detenido. El fiscal de turno dio la orden en la madrugada de no pasarlo a control de detención.

Es viernes y Ana cuenta que ha acompañado a su hijo toda la semana. Que no siente el labio y que solo puede comer alimento molido. Ese mismo día, Sebastián Piñera visitó La Araucanía y dio una confusa imagen de separación de poderes al reunirse con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y con el persecutor regional, Cristián Paredes. Habló extensamente de su “Plan Araucanía”, de cómo eso ayuda a enfrentar la violencia y comparó a un camionero agredido en el rostro con Camilo Catrillanca.

“Nosotros no existimos, me siento desamparada”, dice Ana, quien solo tiene agradecimientos para organizaciones de Derechos Humanos en la zona, los únicos que no los dejaron solos “como gente de campo, de esfuerzo que somos”.

Cartucho de una bomba lacrimógena encontrada en el patio de la casa de Cristián

Violencia normalizada

A 10 días de la muerte de Camilo Catrillanca, El Desconcierto recopiló 14 casos de menores de edad que fueron detenidos por carabineros en la llamada “macrozona” del conflicto que enfrenta al Estado con el pueblo mapuche. 12 de ellos fueron liberados antes de las doce horas por disposición del Ministerio Público, que rechazó iniciar investigaciones por desórdenes en el marco de las movilizaciones por el joven comunero asesinado. De los otros dos que sí pasaron a control de detención, solo una fue declarada legal por el tribunal correspondiente.

El tránsito por el retén de Carabineros, ser golpeados ahí o en la comisaría y después ser liberados es un camino de violencia policial normalizado en la zona. “Lo típico que pasa acá”, dice una abogada antes de relatar esa misma secuencia que se repite en cada uno de los casos.

El martes 20 de noviembre, estudiantes de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, se sumaron a los alumnos del Liceo Politéctnico Manuel Montt en una marcha por las calles de la localidad. Ubicada en plena provincia de Malleco, la comuna está a corta distancia de Pailahueque, el lugar donde el Estado transformó un liceo en una base de Fuerzas Especiales de Carabineros y de Ercilla, donde está la comunidad de Temucuicui.

12 personas fueron detenidas ese día martes, de los cuales nueve eran menores de edad. Los registros se comenzaron a viralizar esa misma tarde en las redes sociales: Videos de los enfrentamientos con Carabineros y una foto de un adolescente, con vestimenta escolar, con la cara ensangrentada producto de un golpe de un policía.

Los nueve escolares varían entre los 14 y 17 años de edad.

Esa misma tarde, se presentó un recurso de amparo que solicitaba al juzgado de Garantía de Victoria declarar ilegal la detención de los menores, ya que habrían sido sometidos a “abusos de fuerza por funcionarios de Carabineros de Chile, sin identificación”. La solicitud pide a la policía que entregue los videos institucionales de los funcionarios de Fuerzas Especiales que participaron en el operativo.

“Los afectados han sido golpeados y vejados públicamente, configurándose una grave vulneración de los derechos a la integridad física y psíquica”, dice el recurso.

Ocho de los esos jóvenes fueron liberados antes de que la jueza Evelyn Zelaya tomara resolución sobre el amparo. Los tres adultos y uno de los menores, Marcos* de 16 años, fueron pasados a control de detención y acusados de desórdenes públicos y maltrato de obra a carabineros con resultados de lesiones leves.

La misma magistrada, el día miércoles, decretó que la detención de los cuatro se ajustaba a la legalidad y Marcos fue formalizado. La fiscalía aseguró que existe un testigo que vio al menor de edad tomar una piedra y lanzarla al carro policial.

En la audiencia, sin embargo, el joven de 16 años denunció que los médicos del Hospital de Victoria solo lo miraron en la constatación de lesiones y no lo examinaron de verdad. El adolescente tenía marcas de heridas en las muñecas –producto de las esposas- el cuerpo y el rostro, ninguna de las cuales quedó consignada en el respectivo informe. “Este tribunal ha logrado verificar que el adolescente sí presenta lesiones que no fueron constatadas por el médico de turno”, dice la resolución de la jueza Zelaya, en la que oficia al Hospital por el procedimiento irregular, a Carabineros por “no haber utilizado la fuerza necesaria y racional para proceder a su detención” y al Ministerio Público, para que inicie una investigación.

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Hace dos años, El Desconcierto publicó el reportaje llamado “Niñez marcada: Historias de violencia policial contra la infancia mapuche”, que daba cuenta de, hasta 2016, más de 130 recursos de amparo presentados ante los tribunales de justicia por niños, niñas y adolescentes mapuche vulnerados física y psicológicamente por la policía.

La recopilación dio cuenta de cómo los menores naturalizan los violentos allanamientos policiales que sufren desde que tienen memoria. Desde el juego del “paco y el mapuche” a dibujos de tanquetas en la esquina de la casa; el conflicto adquiere dimensiones impensadas al hablar de los más pequeños.

“Uno puede ver cómo influye el proceso histórico en relación al pueblo mapuche y cómo, por ejemplo, lo han despojado de su cultura. Ves síntomas muy distintos que responden a la etapa evolutiva y edad que tengan los niños, según eso van a ser distintas manifestaciones emocionales. Está la línea de estrés postraumático que es evidente, la alteración de sueño, pesadillas, sobre todo en los más pequeños. Se da esto del terror nocturno. Por ejemplo un niño de tres años decía a cada rato que iban a matar a su papá”, dijo en ese entonces Carla Hormazábal, psicóloga de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia en Tirúa.

En marzo de este año, Juan* fue detenido en Ercilla junto a tres primos, dos niños y una niña, todos entre los 12 y 14 años de edad.

Venían saliendo la jornada escolar en el Establecimiento Educacional Alonso de Ercilla y Zúñiga e iban a la casa de uno de ellos, donde todos comparten en la semana para asistir a clases. Una patrulla de carabineros los interceptó y los obligó a caminar a un sitio eriazo cerca del lugar, con el pretexto de realizarles un control de identidad. La única del niña del grupo escapó y los siguió de lejos, sacando fotografías de cómo los carabineros no solo registraron sus ropas y pertenencias palpándolos, sino que también los obligaron a desnudarse.

Según el relato de los niños, un carabinero les preguntaba constantemente por Matías Huentecol, padre de uno de ellos y conocido dirigente de la comunidad Huañaco Millao, de Ercilla.

La Corte de Apelaciones de Temuco, en una resolución tomada en mayo de este año, desechó el recurso de protección presentado a favor de los jóvenes, que incluía pericias psicológicas de todos ellos, asegurando que Carabineros negó la existencia del control de identidad y que por lo tanto no se podía “acreditar la privación o perturbación de libertad de los amparados”.

Solo semanas después, la Corte Suprema analizó el mismo caso y no puso en duda los testimonios, sobretodo porque ninguno de los afectados tenía la edad suficiente como para ser objeto de un control de identidad. “Las actuaciones de Carabineros constituyen una vulneración a la libertad personal y seguridad individual de los amparados”, dice la resolución, que revocó la sentencia de la Corte de Temuco y acogió el amparo de los menores.

Dicha sentencia implica que Carabineros de la IX Zona Araucanía “deberán adecuar tanto sus protocolos como sus actuaciones a lo establecido en las leyes, en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, informando a la Corte de Temuco acerca de las medidas concretas que se adopten”.

Juan* fue uno de los cuatro adolescentes detenidos el fatídico miércoles 14 de noviembre en Ercilla. Salió del liceo esa tarde, tal como lo había hecho meses antes con sus primos, solo que ahora vio a Carabineros sacar un cuerpo del carro policial e ingresarlo al Cesfam. Era Camilo Catrillanca, solo momentos después de recibir el disparo en la nuca que terminó con su vida.

El joven dice que los carabineros los corrieron a “patadas, palmetazos y puñetazos”. Esa secuencia quedó grabada en el celular de un testigo y se difundió inmediatamente por las redes.

Dos adultos y cuatro adolescentes fueron detenidos esa tarde. Dentro del carro policial se encontraron el joven M.P.C., el único testigo del asesinato de Catrillanca y por quien el INDH y la Defensoría de la Niñez se querellaron por torturas y homicidio frustrado contra Carabineros por lo que pasó esa tarde en Temucuicui.

El informe de constatación de lesiones de Juan esa tarde en el Hospital de Collipulli dice que no tiene ninguna lesión física, pese a que el joven asegura que un carabinero lo cerró la puerta de uno de los carros contra su  cuerpo.

El grupo fue detenido alrededor de las 5 de la tarde en Ercilla y salió en libertad recién a las 3 de la madrugada –salvo M.P.C., el único que fue formalizado- después de que un recurso amparo resuelto por la jueza María Fernanda Lagos. Uno de los adolescentes tenía 13 años de edad, lo que lo hacía inimputable según la ley.

Matías Huentecol es tío de Juan y dirigente de su comunidad, el mismo por el cual preguntaron constantemente los carabineros que detuvieron a los menores meses atrás. Cuenta que su sobrino mantiene dolores hasta hoy y marcas en sus costillas, que no fueron consignadas en la constatación de lesiones.  Dice que los vio esa madrugada con hambre después de tantas horas encerrados, pero sobretodo con “mucha pena por lo que había pasado con el peñi Catrillanca”.

“Nosotros como familia, como comunidad, vemos que esto es una persecución. Mi sobrino siempre ha participado en cosas de la cultura mapuche, porque es su cultura, y los carabineros tienen el ojo sobre quienes pueden ser futuros werkenes. De chicos los empiezan a asustar para que de grandes no sean dirigentes de la comunidad”, afirma.

“Ellos a estas alturas no piensan como niños, no tienen una niñez normal, piensan que están en una guerra porque los controlan todos los días al ir al colegio, les preguntan por sus familiares. Todos los días está el Comando Jungla en las esquinan, ¿cómo van a vivir tranquilos?”, se pregunta Jorge Huenchullán, werken de la comunidad de Temucuicui.

El amparo presentado ante la Corte de Apelaciones por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a favor del joven M.P.C. por la detención del miércoles 14 de noviembre, enumera un total de seis recursos presentados por el mismo organismo, de distintos casos en que el actuar policial ha afectado los derechos de niños y niñas del Lof Temucuicui.

«La observación documentada del INDH en relación a la actuación policial en dicha comunidad, permiten concluir la prevalencia de determinados modos de ejecutar los procedimientos, que tienen como elemento común el resultado de vulneración de derechos que queda impreso traumáticamente en las experiencias vitales de los afectados/as», dice el documento.

Cada fallo a favor ordenó a Carabineros adecuar sus procedimientos a la Constitución y las leyes.

*Todos los nombres de los menores de edad fueron cambiados para la protección de su identidad.