Sólo pocas horas después de conocer que en Argentina quedó impune el femicidio de Lucía Pérez, la joven de 16 años torturada y violada hace dos años, en Chile se conocía la condena a tres años y un día de pena remitida en contra de Francisca Díaz, estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Valdivia, tras haber denunciado a un ex funcionario del Ministerio Público de Hualaihué.

Francisca fue sentenciada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Puerto Montt por el delito de injurias y calumnias contra el ex fiscal Willy Fahrenkrog, a quien acusó de abuso sexual. El caso se remonta a 2016 cuando el entonces fiscal subrogante de Hualaihué, en la Región de los Lagos, y la joven se contactaron a través de Tinder y después de unos días se conocieron en persona en Puerto Montt. En su primera cita, después de haberle dicho “no” en reiteradas ocasiones, Francisca denunció a Carabineros que Willy la agredió sexualmente. Un extenso reportaje publicado en “Es mi fiesta” relata lo que la joven vivió esa noche, desde los mensajes para quedar con Fahrenkrog hasta el proceso que enfrenta la chica para interponer la denuncia.

Tras una investigación de tres meses, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo de la acusación y consideró la denuncia como “calumniosa”. Francisca explicó en el reportaje mencionado que “nunca” se le notificó esa audiencia de cierre del caso, por lo que no acudió al juzgado con lo que “sólo se escuchó a la contraparte para tomar una decisión”. Aquella conclusión provocó que la joven pasara de ser víctima y denunciante a ser considerada una mentirosa. Una condición que no desaprovechó Willy Fahrenkrog, quien se querelló el 16 de junio de 2016 por “denuncia calumniosa” ante la misma Fiscalía de la cual él había formado parte. La historia daba así un giro de 180 grados y lo colocaba a él como nueva víctima.

Tres días después, Francisca Díaz fue notificada para concurrir el 6 de julio a una audiencia de formalización por el delito de “obstrucción a la investigación” (artículo 269 bis del Código Penal).  Se preparó para defenderse de ese cargo, pero al llegar a la audiencia, –según recoge el reportaje– la Fiscalía la formalizó por un delito distinto: el 211 del Código Penal (denuncia calumniosa), anulando todo el trabajo previo de la defensa. El juicio oral empezó el 12 de noviembre y Francisca arriesgaba una condena de cinco años de cárcel, el pago de una multa 20 UTM, además de las costas del juicio y la inhabilitación a cargos públicos o políticos de por vida.

Finalmente, el tribunal de Puerto Montt la castigó con tres años y un día de pena remitida, avalando así la versión de Fahrenkrog, quien además de haber ejercido dentro de la Fiscalía que llevó el caso, sería pariente lejano del Fiscal Regional don Marcos Emilfork. De hecho, los vínculos del ex fiscal son recogidos en una minuta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), que ha acompañado a Francisca en todo el proceso.  El texto detalla que “con tan solo 26 años, recién titulado y habiendo realizado su práctica en Derecho Civil,  [Fahrenkrog] ya tenía el cargo de abogado suplente en la Fiscalía Regional de Los Lagos, donde trata el área del Derecho Penal”. Dice, también, que cuando la estudiante conoció el parentesco entre el Fiscal Regional y Willy Fahrenkrog, su abogado solicitó a Fiscalía Nacional que la causa fuera llevada por otra Fiscalía Regional, pero el fiscal regional Emilfork “ordenó que la causa pasara de la Fiscalía Local de Puerto Montt a la de Puerto Varas, ambas correspondientes a la misma Fiscalía Regional de Los Lagos”. Según la minuta, esto infringe la Ley Orgánica Constitucional que prohíbe “dirigir la investigación ni ejercer la acción penal, en caso de tener relación laboral con el Fiscal”.

/ Agencia Uno

“Irregularidades”

Desde que empezó su periplo judicial, Francisca Díaz  ha estado acompañada de varias organizaciones feministas y  compañeras que le han mostrado su apoyo y se han movilizado en las fechas clave del proceso. Una de ellas es Carla Iuspa, su vocera. Estudiante de Derecho y parte del círculo de mujeres de la carrera, Iuspa cuenta a El Desconcierto que Francisca hoy se siente “decepcionada con el sistema” porque “las instituciones que están para respaldarnos y protegernos por la vía judicial y de la investigación policial y fiscal, fallaron”. Relata que todo el proceso ha sido “muy desgastante” para su compañera y critica que tanto el querellante como el fiscal se han referido a las mujeres que han apoyado a Francisca “de forma super machista y super negativa”. Una actitud que habrían mantenido en diversas ocasiones durante el juicio: “Lo que más nos dolía como mujeres fueron los cuestionamientos sobre por qué Francisca tenía Tinder, por qué usaba estas redes sociales para acostarse con hombres, por qué salía a tomarse tragos si después no quería nada”, se queja. En su opinión, todo el proceso ha sido “machista, con pruebas simplemente para desacreditarla y no para probar los hechos”.

La formalización de Díaz ha sido criticada desde el inicio por redes y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. La prodecana de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, la doctora Yanira Zúñiga, experta en Género y Derechos Humanos, opina que la investigación “no se llevó a cabo en términos adecuados”. Zúñiga sostiene que no se investigó “con la misma acuciosidad la versión de la víctima y la del denunciado”. Además, pone énfasis en una pericia relevante para la decisión final que tomó el tribunal: un test de alcoholemia que arrojó o,0. Pese a que tanto las versiones de la misma Francisca, como la de varios testimonios y el propio querellante revelan que la chica tomó tres mojitos durante la cita, el tribunal validó el resultado del examen y consideró que la versión de la estudiante no era creíble. La versión de Francisca es que el test “fue utilizado en el sumario administrativo que le realizaron a Willy, para decir que él no se encontraba bajo la influencia del alcohol y que eso pudiese interferir con sus funciones”. Ese día, Fahrenkrog estaba de turno.

Un voto en contra

La decisión judicial hecha pública este lunes no ha sido unánime. De los tres magistrados que dictaminaron sobre el caso, dos –un hombre y una mujer– fallaron a favor del querellante, mientras que la presidenta del tribunal –Patricia Miranda– votó en contra.  Yanira Zúñiga subraya la importancia de ese voto disidente que, en su opinión, pone de relieve “que había una duda razonable” sobre la acusación contra la estudiante y, por lo mismo, permite “una distinción entre la verdad judicial y la verdad fáctica”.

Carla Iuspa explica que las consideraciones de la presidenta del tribunal se basan en que no se podía probar el dolo directo, necesario para que exista la denuncia falsa, es decir, con intencionalidad. “Ella [la juez] creía que no se puede probar que [la denuncia de Francisca] haya sido ejercida con esa intención”, indica la vocera. El voto discordante será clave para el recurso de nulidad que Francisca pretende presentar en los próximos días en contra de su sentencia. Su abogado estudia ahora si lo entregará a la Corte de Apelaciones –en caso de que decida señalar fallas de tipo procedimental– o al Tribunal Supremo –para cuestiones más de fondo, como vulneraciones de derechos fundamentales o garantías–.

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Un precedente nefasto

La sentencia del caso de Francisca, en la que la víctima mujer termina siendo culpable y el acusado hombre es presentado como nueva víctima crea un precedente nefasto para las denuncias de mujeres que sufren violencia de género. Además de sentirse cuestionadas y con su credibilidad puesta en entredicho o anulada, tienen que enfrentar condenas por convertirse, de repente, en mentirosas, embusteras o calumniosas, mientras tratan de superar el trauma de ser agredida sexualmente. “Además de la libertad vigilada, que implica llevar un dispositivo GPS en el tobillo permanentemente, Francisca pierde su carrera de Derecho porque la Corte Suprema, que es quien entrega el título de abogado, exige como requisito legal que la persona [que recibe el título] no haya sido condenada”, apunta la abogada Nicole Henríquez, que ha trabajado en casos de violencia de género. Y agrega: “Es una inhabilitación perpetua que sólo se puede revertir si se anula el fallo”.

Para la letrada, la sentencia del tribunal constituye “una mordaza gravísima” para las mujeres se atreven a denunciar a sus agresores y “confunde a la gente” porque da por hecho que todo lo ocurrido en el proceso fue una mentira.

Yanira Zúñiga también considera que éste es un “mal mensaje para la sociedad”.  A su parecer, se genera un escenario que “desincentiva” la denuncia porque “una de las tesis que podría entenderse es que cualquier denuncia no probada en materia de delitos sexuales sirve como base para constituir una denuncia calumniosa, por lo que las mujeres podrían correr el riesgo de que se vuelva en su contra y ser ellas las denunciadas”.

En opinión de la prodecana, es necesario contar con jueces y fiscales capacitados en perspectiva de género. Pese a que hay instituciones que ya han empezado a trabajar en el tema –como el Ministerio Público o la Defensoría Penal Pública, según señala Zúñiga– la académica cree que son “insuficientes” y que falta potenciarlo en las universidades y escuelas del rubro. El caso de la estudiante de Derecho puede servir a sus propios compañeros, futuros abogados y abogadas, fiscales y jueces del país, para que las próximas generaciones corrijan la mirada desigual y cuestionadora que la Justicia patriarcal decidió instalar sobre las mujeres. Mientras, Francisca seguirá dando la pelea hasta que un tribunal concluya que su historia nunca fue falsa: fue víctima de un abuso sexual.

Lee aquí el veredicto del Tribunal de Puerto Montt sobre el caso:

Francisca Díaz Veredicto 21 noviembre 2018 on Scribd