Camilo Catrillanca ha muerto de un balazo en la nuca. La bala corresponde a las utilizadas por Carabineros. La evidencia gráfica es destruida, y el Ministro Andrés Chadwick lamenta que se destruyera material comprado con recursos del ministerio.

Pareciera ser una broma, pero no. Al ministro le importa más la pérdida de recursos públicos que el actuar delictual de las fuerzas punitivas del Estado, configurando una nueva arista del histórico conflicto entre el Estado chileno y la Nación Mapuche, conflicto que se da producto de un Estado que se construyó a través de la violencia sobre el pueblo mapuche, sobre territorios que la corona española reconoció por no haber podido derrotar, pasando luego por una invasión militar basada en la masacre y el desplazamiento forzado en el siglo XIX, denominada pacificación, para continuar con una etapa de subyugación cultural, sosteniendo conflictos hasta hoy producto de la imposición de políticas desarrollistas, perseverando conflictos culturales, ambientales y territoriales.

Hoy, en el marco de la globalización, los mapuche se enfrentan a la expansión de la explotación maderera-forestal y recursos naturales, proyectos hidroeléctricos, y la construcción de infraestructura, así como el desinterés ante el reclamo por tierras, el reconocimiento y su autonomía respecto a un Estado que actualmente le criminaliza, enquista e invisibiliza.

Si bien la vuelta a la democracia supuso un nuevo marco de entendimiento, ello quedó en las buenas intenciones, producto de la consagración del neoliberalismo, sosteniendo los privilegios de clase. De hecho, en el gobierno de Ricardo Lagos se sostenía que para el Bicentenario se debía haber resuelto las demandas citadas, respetando los derechos de la propiedad de la tierra, superando la pobreza, pero siempre desde la perspectiva del desarrollo hegemónico, promoviendo que los indígenas sean sujetos activos en el desarrollo del país, discurso semejante al primer gobierno de Bachelet, donde se decía que Chile cumpliría los convenios internacionales y reconocería constitucionalmente los Pueblos Originarios. Sebastián Piñera, en su primer mandato propuso el Plan Araucanía para transformar económica y socialmente la zona, basado en su potencial agrícola, ecoturístico y cultural, señalando que las políticas de la Concertación fueron ruralizantes e insuficientes para incorporar los pueblos indígenas al desarrollo. El segundo gobierno de Bachelet llamaba a un camino de paz, diálogo y entendimiento, repitiendo el mismo discurso de desarrollo, reconocimiento constitucional, el derecho a la tierra y reformas institucionales. Sin embargo, todo este entendimiento e incorporación al desarrollo se tradujo en la muerte de 16 defensoras, comuneros y activistas en extrañas circunstancias y nulo pronunciamiento del Estado.

Ahora, en el segundo gobierno de Piñera se habla del Plan Araucanía 2.0, donde incluye asegurar la paz y el Estado de derecho “separando (…) la legítima reivindicación y demandas de los pueblos indígenas de los actos de violencia o terrorismo, aplicando todo el rigor de la ley a quienes no [lo] respeten, cualquiera sea la excusa o razón para ello”. Esto se relaciona con el eje de seguridad del Plan, con el que se modernizará la policía con un nuevo sistema de inteligencia y fuerza conjunta antiterrorismo, se mejorará la cobertura de servicios de celulares para facilitar la comunicación de las víctimas, se aumentará las Juntas de Vigilancia Rural, y se implementarán seguros para el trasporte privado y un sistema de prevención de delitos y Plan Anti Bandas y Pandillas.

En este marco, nace el infame Comando Jungla del GOPE de Carabineros de Chile, el cual fue entrenado por el área de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional de Colombia. En junio de 2018, 40 efectivos fueron enviados a entrenar durante un mes en la selva colombiana para aprender técnicas de sobrevivencia y combate al narcotráfico y guerrillas.

El Comando Jungla colombiano nace producto de la cooperación de Gran Bretaña y la Dirección de Antinarcóticos en 1989, cuando se dicta el primer curso especializado en contrarrestar al narcotráfico, a través de operaciones contra productores de marihuana en zonas del norte de Colombia. Sin embargo, dicha política vive un acento producto del Plan Colombia, impulsado por EEUU como política antidrogas pero que en la práctica era una estrategia militar contrainsurgente, siendo criticada a nivel mundial por la violación a los Derechos Humanos.

Ahora bien, esta contrainsurgencia se remonta a mediados del siglo XX, producto de un conflicto de clase por el dominio de la propiedad de la tierra, donde se configuró presencias diferenciadas de violencia y del Estado para fomentar el acaparamiento de tierras por parte de terratenientes en detrimento de los primeros colonos campesinos que llegaron a ocupar zonas marginadas por la colonia y el incipiente Estado colombiano. La permanente persecución y uso excesivo de la fuerza derivó en la conformación de autodefensas del campesinado, quien impotente ante la ofensiva Liberal-Conservadora, vio en la insurrección armada la única forma de resistir. Dicho conflicto desplazó, hasta 2017, a 8.074.272 personas por el accionar de los diferentes participantes, con un total de 218.094 muertos entre 1958 y 2012, del cual el 19% fueron combatientes y 81% civiles.

A meses de ser implementado en el país, y a pesar de las diferentes voces que le criticaron y siguen criticando por su anacronismo, su excesiva militarización, el Comando Jungla en efecto se transformó en un dispositivo que lleva más violencia a La Araucanía, perseverando la peyorativa categorización estatal de la Araucanía – el Wallmapu – como zona terrorista, cuando en la Francia de Robespierre, el terrorismo corresponde al régimen de la violencia instaurado por un gobierno, y no los actos legítimos de un pueblo contra el tirano. Por omisión, el gobierno tiene razón, solo que el terror de la región no lo infunde el pueblo Mapuche.

Finalmente, no se trata de jugar al empate, pero la misma indignación y vehemencia con la que la derecha recalcitrante persigue y busca sancionar a Gabriel Boric y Maite Orsini por haberse reunido con Palma Salamanca en París, debiese expresarse para pedir la renuncia de Andrés Chadwick. Sin embargo, esto no va a ser así: primero, porque el ministro es primo del presidente; y segundo, porque para la derecha y la ex Concertación, algunos muertos valen más que otros. De hecho, el juego del empate sí aplica, al menos cuando estos últimos reconozcan sus culpas, ya que también tienen sangre en las manos, la sangre de todos nuestros muertos.


Ingeniero Constructor de la Universidad de Valparaíso