Cinco años después del golpe de Estado por Pinochet, en pleno régimen militar, fue creada la Institución Teletón, registrada formalmente como Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, términos que revelan algunas herencias de la dictadura para el trato de derechos humanos, específicamente en el tema de las personas con discapacidad. La estructura compleja que mantiene hasta hoy tiene entre sus bases la salud y rehabilitación en las manos y poder de empresas privadas. Los reales y grandes logros para millones de niños y jóvenes con discapacidad hicieron con que los gobiernos siguientes mantuviesen la estructura bajo patrones económicos fuera del control público.

Detrás de respetables avances, la casi única salida ofrecida hoy a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se esconden privilegios concedidos desde distintas esferas estatales, sean los gobiernos municipales, regionales y ministerios, en casos que involucran licitaciones y cuentas poco transparentes, jamás cuestionadas y aseguradas por el amparo del Estado, de grandes representantes del mercado y de los ciudadanos, manejados en dos días de masivas campañas en los medios.

En abril de 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas (ONU) expuso la poca atención del gobierno chileno en esa materia, listando una serie de preocupaciones y recomendaciones en un informe especial durante la Convención de la ONU. “Al Comité le preocupa la ausencia de una estrategia para la armonización legislativa relativa a personas con discapacidad, así como la persistencia del modelo médico y el uso de terminología peyorativa tales como ‘invalidez’, ‘incapaces’ y ‘dementes’ en normas vigentes incluido el Código Civil y la ley 20.422 de 2010”, fue uno de los puntos anotados.

En esa situación de falta de “toma de consciencia” por parte del gobierno chileno fue usado como ejemplo los estereotipos negativos estimulados por la Teletón.

En ese contexto de apelación de la imagen peyorativa de las personas con discapacidad como “objetos de caridad” y no de una política de gobierno atenta a la inclusión, que instituciones como la Teletón surgen como “salvadoras”, obteniendo un masivo apoyo popular y la facilidad del Estado de transferir la responsabilidad de esa inversión a una entidad privada. La Asesora Principal de la Secretaría de Derechos Humanos de International Disability Alliance, Silvia Judith Quan-Chang, responsable por este informe de la ONU sobre Chile en el año de 2016, opina que “los Estados en lugar de resolver cómo cubrir a toda la población con dichos servicios, más bien doblan el financiamiento a estas organizaciones privadas para que se expandan, ya que van cubriendo las necesidades de atención que requieren las personas con discapacidad”.

“Como resultado, las organizaciones privadas ya no son tan privadas al final, porque reciben mucho financiamiento público para funcionar. Y lo grave del tema aquí, quizá, no sea el hecho que reciban, sino que muchas veces se da como una carta blanca, sin ningún control, sin ningún tipo de fiscalización”, destacó Quan en entrevista con El Desconcierto.

La Teletón se presenta abierta con sus cuentas financieras en un informe publicado anualmente. Esta base de datos es una exigencia del marco legal a todas las corporaciones de derecho privado que reciben aportes públicos, debiendo repasar sus documentos al Ministerio de Justicia. Pero no es transparente ni aclara cuánto entra todos los años desde recursos públicos, ni cuáles son los reales aportes de la Fonasa, de las Isapres, fondos, licitaciones y contratos con Ministerio de la Salud, Ministerio del Desarrollo Social y otros. Es una simple tabla que dispone los números de activos y pasivos de la empresa.

Con el objetivo de aclarar cómo la Teletón efectivamente se financia, investigamos desde 2016 documentos públicos, licitaciones, contratos e informes de gobiernos para llegar a informaciones que se aproximen a una respuesta. Con un mes de anticipación a la realización del evento, contactamos a Teletón y no hubo respuesta alguna.

¿Cuánto es público y cuánto es privado?

 “Teletón es una institución privada de rehabilitación infantil y juvenil, cuya principal fuente de financiamiento corresponde al aporte solidario de muchos chilenos y chilenas que contribuyen con su donación durante el evento televisivo de la Teletón. A estos aportes se suman las donaciones de los auspiciadores, empresas, colegios y organizaciones sociales del país”, informa la institución en su página web. “La atención de rehabilitación integral que proporcionan los Institutos Teletón no tiene costo directo para los usuarios”, agrega.

Esto ocurre porque los recursos para estos tratamientos tienen origen en convenios de la Teletón con la Fonasa e Isapres. Como cualquier hospital o clínica privada, la Teletón se beneficia de dichas asociaciones.

A Fonasa le toca cubrir los costos de un total de 85% de los niños y jóvenes atendidos. Y, más recientemente, la Institución también logró un convenio nacional con las Isapres Banmédica, Consalud, Vida Tres y Cruz Blanca.

En el año de 2009, el Ministerio de Salud autorizó el pago de un total de 78 facturas y más 48 notas de crédito a la Teletón por parte de Fonasa, que generaron la transferencia de $453.504.122 – que corresponden hoy a $634,367 millones en la actualización del IPC –, para cubrir los gastos de solamente dos meses: enero y febrero de dicho año.

 

Cinco años después, el 17 de marzo de 2014, Fonasa aprobó los precios y tope financiero al convenio de rehabilitación, regularizando que chilenos de todas las regiones podrán ser atendidos por los institutos Teletón en diversos tipos de prestaciones médicas.

Para cada una de ellas, el Estado transfirió hasta un límite de: $18.131.000 mensual para la atención de parálisis cerebral, o $217.571.000 anual; $14.106.000 mensual para enfermedades neuromusculares, o $169.269.000 por el año; $27.694.000 para alteraciones raquimedulares por mes, o $332.334.000 anual; $19.086.000 mensual para alteraciones S.N.C., o $229.033.000 por aquel año; $11.163.000 mensual para amputaciones y malformaciones extremidades, o $133.962.000 anual; y $13.145.000 mensual para tratamientos de otros diagnósticos, o $157.745.000 al año.

Esto significa que en el año 2014 Fonasa pudo transferir hasta $103.325.000 para que sean gastados mensualmente por la Teletón y un tope de $1.239.914.000 en el año (más de $1,4 mil millones en valores ajustados). Además, en una cláusula del contrato se estipulaba que “las partes, de común acuerdo podrán modificar la nómina del Anexo 2 incorporando o eliminando prestaciones”.

Con los mismos parámetros fue celebrado el contrato en el año 2015, pero con un aumento de 38,8 puntos porcentuales en los financiamientos de las prestaciones. Es decir, la sumatoria anual llegaría a los $1.721.000.000. Y más, parte del contrato podría ser modificado, ya que una cláusula establecía el límite de hasta $4.606.766.000 para el año de 2015 (lo que serían más de $5 mil millones en cuantías actualizadas).

La última resolución de Fonasa con Teletón que se tiene registro en los actos del sistema de fondo público tiene la fecha del 4 de agosto de 2017. En él, hay una actualización de $4.925.274.000 como tope máximo anual, que representa un adicional de 6,9% en relación a 2015, con los respectivos aumentos para cada una de las prestaciones. Desde entonces, el IPC subió 3,6%, lo que generaría un ajuste de $5.100.996.209 a octubre de este año sobre esta cuantía original. Pero los posibles cambios no fueron publicados por Transparencia de Fonasa.

Destáquese que en algunas líneas de este convenio, el Ministerio de Salud reconoce que la alianza era más que un estímulo del gobierno. Se explicita la conformidad de las inversiones privadas en obligaciones que deberían ser públicas.

“El Fondo Nacional de Salud debe dar respuesta a la necesidad de nuestra población asegurada, portadores de discapacidades de origen neuro-músculo-esquelético, otorgando tratamientos de rehabilitación, ampliando así la Red de protección social en salud, a través de la complementariedad del sector público con el privado, motivo por el cual el año 2003 se suscribió convenio entre la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, los Servicios de Salud y el Fondo Nacional de Salud”, publicó.

Para la experta Silvia Quand, relatora en el Comité de la ONU recomendando acerca del trato del Estado chileno a personas con discapacidad, lo que hacen las instituciones privadas “no es de todo malo, porque están proporcionando un servicio que el Estado no da”. Pero el riesgo, destacó, está en la falta de fiscalizaciones, tanto de las violaciones de derechos humanos en esa área, como del uso de este dinero.

“Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta en esta situación. Primero, que el principal obligado es el Estado, y no lo está cumpliendo, sino que delega esta responsabilidad a entidades privadas. Segundo, que al hacer esa delegación no está monitoreando la calidad de los servicios que brindan y si cometen o no violaciones de derechos humanos. En tercer lugar, como el Estado le está transfiriendo a entidades privadas esas responsabilidades, también le da financiamiento público para que funcionen y, muchas veces, no se fiscaliza como se hace el resto del presupuesto público”, señaló.

MILLONES EN TRANSFERENCIAS

Además del convenio con el Ministerio de la Salud, por medio de la FONASA, otros documentos revelan que los repases de cantidades a la Teletón vienen de una diversidad de fuentes. La Secretaría responsable por administrar lo que serían los aportes, proyectos y programas de Chile desarrollados a este foco, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), también firmó un Convenio de Transferencia de Recursos junto a la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado.

En el año 2016, Teletón y Senadis cerraron Asignaciones Directas por Convenios de Transferencia, que es un mecanismo para remesa de dinero público de modo automático, sin la necesidad de licitaciones o disputas concursables, que desde entonces no ha sido cambiado. En el portal de la Transparencia se encuentra registrado el convenio, por medio del acto 5951, en la fecha de 14 de diciembre de aquel año y el acceso al archivo no está público.

Sin el documento, por otro lado, la propia prensa de Senadis publicó que este convenio era destinado al financiamiento de ayudas técnicas de usuarios de la Teletón “cuyo monto asciende a $200.000.000 de pesos”. Hasta mayo de 2017, 83 millones de pesos ya habían sido utilizados, un 42% del total, en 13 institutos de la empresa.

En el último año, no fueron identificados aportes del Senadis a la Teletón por medio de las Asignaciones Directas para el uso en 2018. No obstante, la falta de contratos directos no significa la inexistencia de financiamientos de esta secretaría a la institución, sino que, muchas veces, la elección de inversiones indirectas, por otros medios, que permiten la transferencia de recursos públicos que no son fácilmente rastreables.

Un ejemplo es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), servicio del gobierno subordinado al Ministerio del Desarrollo Social, que implementa programas a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social. El Servicio Nacional de la Discapacidad y Fosis firmaron dos transferencias directas de recursos en 2017 para regularizar el uso en el 2018.

En noviembre de 2017, se modificó una cláusula del contrato, agregando que: “En caso que no se utilicen los recursos adicionales para complementar la inversión, se podrán distribuir a las demás direcciones regionales del Fosis para que implementen proyectos inclusivos y/o especiales Yo Emprendo Semilla o Yo Emprendo, en el marco de este convenio, a fin de que aumenten sus coberturas.”

¿Dónde entra la Teletón en ese convenio? Desde 2012, Fosis actúa en asociación con la Teletón para diversos proyectos, y los programas Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo tienen el acceso preferente de los usuarios de Teletón y sus cuidadores al incentivo. El convenio fue renovado el 22 de diciembre de 2017, para ser aplicado este año. En él, Fosis se compromete a invertir un total de $100 millones y Senadis otros $185 millones para ajustes de los dos programas y a otros proyectos especiales.

 

El presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados (FND), Alejandro Hernández, cree que, más allá de los aportes hechos por Senadis a la Teletón, al considerar que la Sociedad Pro-Ayuda del Niño Lisiado tampoco soluciona los problemas del país. Este escenario es un refuerzo de las “negligencias estatales que mantienen a millones de personas con discapacidad excluidas y discriminadas del desarrollo normal del país”, asegura.

“En una sociedad que no incluye, que le cuesta muchísimo integrar a las personas con discapacidad, hay una dicotomía abismante: el Estado dispone de mucho menos recursos que Teletón para atender el 99,2% de la totalidad de personas con discapacidad, porque recordamos que Teletón atiende a solamente el 0,8%”, concluyó Hernández.

De esta manera, los mil millones traspasados a la Teletón todos los años – y que aquí fueron revelados solamente un recorte de la Fonasa y de convenios con algunos Ministerios – son regidos muchas veces por mecanismos con privilegios y, sobretodo, poco transparentes, tanto de la institución privada como del Estado, que explícitamente obstaculizan el acceso público, permaneciendo omisos frente a la facilidad de que una empresa cumpla con los deberes (aunque de solo 0,8% de las personas con discapacidad) que le tocarían al gobierno chileno.

Mira acá los estados financieros de la Teletón:

08 – Estados Financieros Teleton 2017 2016 by el desconciertocl on Scribd