Durante este viernes se realizó la audiencia de formalización de los cuatro ex funcionarios de Carabineros que fueron detenidos por su participación en el operativo del Comando Jungla que terminó con el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

El sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, quienes fueron detenidos el pasado jueves, tras ser dados de baja por la institución por las irregularidades en el operativo. Todos los ex uniformados son acusados de obstrucción a la justicia, mientras Alarcón y Ávila Valenzuela fueron apuntados por el homicidio simple en grado de consumado de Catrillanca.

El peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI describió que los restos metálicos obtenidos desde la cabeza de la víctima establecen que se trata de una munición tipo 5.56, compatibles con un fusil Colt M4 que portaba el sargento Alarcón. Además, la autopsia del Servicio Médico Legal señaló que hay un ingreso directo en la cabeza de Catrillanca, lo que descarta la tesis de un rebote: “El disparo que dio muerte a Camilo Catrillanca fue un disparo que ingresó directamente en su cuerpo”, sostuvo el fiscal Cristián Paredes.

Según los datos de la PDI, el sargento Alarcón disparó en 7 oportunidades y Raúl Ávila -quien destruyó la tarjeta de la cámara GoPro- realizó un disparo de fusil, por que lo que también se le imputa homicidio. Ambos dispararon sin que hubiera una acción que lo justificara: ni Catrillanca ni el adolescente M.P.C. estaban armados, pero recibieron disparos por la espalda de parte de los funcionarios “en varias ocasiones”.

El abogado de los ex uniformados argumentó que el tribunal debía declarar ilegal la detención debido a que solo existió la orden verbal de aprehenderlos: “Ellos manifestaron su disposición absoluta a cualquier diligencia que se necesite”, argumentó, cuestionando la legitimidad de la detención y pidiendo que sea conocido por la Justicia Militar. Sin embargo, la jueza Sandra Nahuelcura descartó la petición y recalcó que las víctimas “son personas civiles” y una de ella es un adolescente.

Tras dar detallar los hechos ocurridos, el fiscal Paredes solicitó la prisión preventiva de los cuatro carabineros formalizados. 

Imagen del sargento Alarcón portando una cámara GoPro.

El Ministerio Público mostró una serie de videos que muestran que no hubo enfrentamiento alguno en el momento previo del asesinato de Catrillanca y que confirman que todos los funcionarios que participaron del operativo portaban cámaras GoPro. Esto, en contraposición a las primeras declaraciones de los acusados, quienes aseguraron que ninguno tenía cámaras en el procedimiento.

En este sentido, el fiscal Jorge Calderara recalcó que los funcionarios “mintieron al declarar que no portaban cámaras en operativo”, provocando una demora de varias horas en las diligencias de la investigación. En tanto, el fiscal Garrido señaló que “la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad” y añadió que “estamos ante una situación de violación a los derechos humanos”.

Más tarde fue el turno del abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, quien reconoció que “la verdad en este caso ha ido emergiendo paulatinamente” y que los disparos realizados en el lugar no obedecieron a fines disuasivos.

La audiencia fue suspendida después del grito de familiares de Camilo Catrillanca, que irrumpieron gritando “pacos asesinos”. La sesión quedó suspendida, a falta de la resolución de la jueza respecto a la prisión preventiva de los cuatro ex carabineros.

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