El 13 de noviembre pasado, un día antes del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en Ercilla, se firmó el decreto que presenta nuevas normas para el comportamiento de Carabineros.

El reglamento que fue publicado en el Diario Oficial señala que, tras lo informado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Alex Lemún -adolescente de 17 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza por el oficial Marco Treurer-, se suscribió un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones en donde se obligó a instar garantías respecto a un cambio en los protocolos de los uniformados.

Según informó La Tercera, en específico se les instó a “aprobar un decreto presidencial que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial, revisar y actualizar los protocolos existentes relativos al empleo del uso de la fuerza para la mantención del orden público, así como establecer el mecanismo para que Carabineros de Chile reporte anualmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos”.

El decreto precisa que las fuerzas policiales deben respetar y cumplir la ley, evitando “el uso intencional de armas letales, debiendo preferir el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos”.

A la vez, señala que en caso que sea necesario emplear un arma de fuego, “siempre que sea posible, adecuado y útil, el funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla. Esta advertencia no será necesaria en aquellos casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas”.

El reglamento también regula el uso de la fuerza contra personas detenidas, recalcando que debe ser “estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona”.

El decreto ordena una revisión y actualización periódica de los protocolos de Carabineros para la mantención del orden público. Además, se estipula que la institución, dentro de un plazo de 90 días desde la publicación del reglamento, tendrá que revisar y actualizar su Protocolos de Intervención del Orden Público; la circular Nº 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, donde se imparten órdenes sobre el uso de la fuerza.

A la vez, los uniformados tendrán que presentar informes semestrales al Ministerio del Interior con información estadística sobre el uso de la fuerza y episodios violentos.

Tras el asesinato de Lemún, el carabinero responsable de su muerte recibió un día de sanción y continuó trabajando en la institución. Tras declararse incompetente por violencia policial excesiva, el asesinato de Lemún fue derivado a la justicia militar y se sobreseyó la causa.