Michel Foucault inició su mejor libro –Vigilar y Castigar– con un relato escalofriante: el suplicio de un tal Damiens que atentó contra la vida del Rey. Fue ejecutado paso a paso, con total meticulosidad, atenazado, horadado con punzones, quebrados sus huesos, quemado por partes hasta ser descuartizado en una acción combinada del cuchillo del verdugo y cuatro caballos amarrados a sus extremidades que tensaban su cuerpo en todas direcciones. Sus pedazos fueron quemados en hoguera pública, y el ultimo ardió cerca de la medianoche, por lo que se puede suponer que el ritual patibulario duro muchas horas.

Recordé al pobre Damiens en marzo de 2018, cuando, esperando un avión para México, coincidí en el aeropuerto con un grupo de frustrados migrantes haitianos que llevaban par de días durmiendo en los sillones de una zona acordonada, comiendo bisuterías gastronómicas que los funcionarios de la PDI les proporcionaban y sometidos a tres pases diarios de lista. Y siempre lo recuerdo cuando repaso la política del gobierno de “poner la casa en orden” y en particular cuando observo lo que sucede con los haitianos, quienes resultan ser los inmigrantes más distantes de la aspiración inmigratoria que siempre ha tenido la elite chilena -racista y aporofóbica- por conseguir blancos con algún dinero. En los nuevos decretos migratorios el asunto vuelve a asomar pero como burlesque: la oferta de visas a profesionales de alto rendimiento graduados en alguna de las universidades colocadas en los 200 primeros lugares del ranking mundial.

Obviamente, hay una diferencia factual entre lo que sucedió a Damiens y lo que sucede a los inmigrantes haitianos. Hay tres siglos por el medio y una revolución francesa. Los haitianos en Chile no son torturados, ni descuartizados, aun cuando se puedan producir hechos violentos físicos con trágicas consecuencias, como sucedió con Joane Florvil. Pero si es evidente que son sometidos a una fuerte violencia estructural y cultural, diría Galtung, que los coloca en lugares sociales muy vulnerables.

Y es esto último lo que trae a colación al Sr. Damiens. Pues hay algo que une ambos casos: la idea del suplicio, es decir, de una economía del castigo con fines pedagógicos para compensar la soberanía ultrajada. En este caso el espectáculo punitivo no es un patíbulo, ni se muestra en un lugar por medio día, sino que dura meses y se expresa como proceso. Este proceso es la manera como los diferentes gobiernos chilenos han manejado el asunto migratorio, que ven la incorporación como un perdón. Es la falta de voluntad de la clase política para remover el adefesio contrainsurgente que nos legó Pinochet. Y finalmente, es la manera como ha sido remodelado todo este asunto a partir de los decretos impulsados por el presente gobierno.

El suplicio se produce en cada momento de lo que los expertos llaman el régimen de incorporación, definido aquí como todo el sistema socioeconómico, cultural y político/legal que condiciona desde la llegada del migrante hasta su conversión en ciudadano, si así lo considera oportuno. Un régimen de incorporación ha de ser claro y accesible. Es decir, explicar un itinerario transparente al que el migrante pueda incorporarse. Son pocas las sociedades que pueden mostrar regímenes auspiciosos de incorporación –lo que debe ir acompañado de una educación intercultural que las sociedades westfalianas no toleran- pero siempre existen matices, mejores y peores. Lo que sucedió en Chile cuando el presidente Piñera anunció su puesta de la-casa-en-orden, fue precisamente mostrar los peores.

No olvidemos que esto comenzó con el establecimiento de un Plan de Regularización que producía filas interminables de personas convocadas a  registrar sus existencia –les evitaba la deportación per se- pero que no le permitía trabajar, y así por un año posible. Lo que -por razones de pura sobrevivencia- les convertía en posibles infractores de la legalidad, y en seres desprotegidos en el mercado laboral informal. Al mismo tiempo, se endurecieron las condiciones de entrada para todos, pero en particular para los haitianos (establecimiento de visa turística solo por dos meses, solicitud de documentos inaccesibles, altos precios), lo que redujo el acceso formal de nuevos migrantes y ha dificultado extraordinariamente los procesos de reunificación familiar. No olvidemos, por ejemplo, cuando en mayo el canciller Ampuero hablaba de los logros del plan, y en un arranque de sinceridad confesó que en todo un mes solo se habían recibido 72 solicitudes de visas humanitarias en el consulado en Puerto Príncipe, se rechazaron 66 y se habían otorgado 2. Cuatro quedaron para severo escrutinio.

A ello debemos agregar la carga de violencia simbólica que ha acompañado este proceso. La idea de que la inmigración va asociada al delito es un gen informativo que cada día es inoculado a la sociedad chilena. Y se puede hacer en aparente ademán positivo, como aquella visita del presidente Piñera a un centro de registro en junio para advertir cariñosamente a los cientos de aspirantes en fila que de igual manera que se abren las puertas y los brazos para los que vienen a “integrarse a nuestro país”, las puertas permanecerán cerradas para los delincuentes, lo que inmediatamente instala la imagen –absolutamente falaz- de que migración y  delincuencia están tan unidos que requieren operaciones quirúrgicas específicas para separarles.

Por ello, cuando estaba despegando el primer avión de los “retornados voluntarios” que ¡no pueden regresar en nueve años! nuevamente pensé en el pobre señor Damiens. La fila de haitianos subiendo al avión con pequeños bultos al hombro fue la mejor imagen de la restauración de la soberanía ultrajada. Fue el resultado de un largo suplicio que frustró las esperanzas de varias decenas de personas que no contaron a su favor con un régimen de incorporación favorable. Es, y seguirá siendo una demostración pedagógica negativa para miles de personas, dentro y fuera, que aspiran a encontrar en Chile una mejor vida. Y un espectáculo de goce voyeurista para ese fragmento de la sociedad chilena espantada por ese otro, tan otro, que no estudió en una de las 200 mejores universidades del mundo.


Investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat