Nadie podría negar que en la Araucanía haya violencia y que ésta en gran medida tenga que ver con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. En mi opinión, se trata de actos de violencia política intolerables en una democracia, pero que no pueden ser calificados de terrorismo de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Lo que hay detrás de dichos actos es una legítima reivindicación por ser considerados como un pueblo dentro del Estado de Chile y con el derecho inalienable de decidir su destino y de preservar su cultura y cosmovisión. El Estado por su parte, está obligado a traducir este reclamo en medidas legislativas, administrativas, judiciales, sociales, etc., que permitan garantizar dichos derechos.

La muerte de Camilo Catrillanca a manos de agentes del Estado presumiblemente ha vuelto a poner la relación entre el pueblo mapuche y el Estado sobre la mesa. Por cierto, se trata de avanzar en la generación de condiciones para que dicha violencia ceda en el marco de un diálogo con todos los actores involucrados, incluidas las empresas forestales y aquellos grupos, que aunque pequeños, han optado por la violencia política. Ciertamente la ciudadanía en la Región de la Araucanía condena los hechos de violencia, pero no es menos cierto que el pueblo mapuche comparte las reivindicaciones por sus territorios y recursos naturales, y por el reconocimiento de sus derechos políticos, tanto a la autonomía, como a participar con mecanismos propios y nacionales de las decisiones que les afectan directamente y de las que impactan en la vida del país.

Un dialogo por la paz requiere retrotraerse a lo que fue el proceso de contra-reforma que afectó al pueblo mapuche en los ‘80 cuando las forestales se instalaron en la zona en condiciones privilegiadas de inversión bajo el Decreto 701 y que retrotrajo los avances que habían logrado los mapuche gracias a la reforma agraria. A grandes rasgos, ese fue el segundo despojo después de la llamada pacificación de La Araucanía. Una memoria presente en el pueblo mapuche y que marca su desconfianza permanente hacia el Estado chileno. Un diálogo por la paz, requiere escuchar sin pre-conceptos, con una agenda abierta y con disposición de ceder en aras de lo que se pretende conseguir, sabiendo que a la base de dicha relación se encuentran relaciones desiguales de poder y que son precisamente esas relaciones las que se debe buscar igualar desde una perspectiva de derechos humanos. Algo tendrán que ofrecer las empresas forestales y también los grupos que han recurrido a la violencia política. El Estado debiera garantizar que dicho diálogo no se acaba cuando se acabe el gobierno, de manera de poder sostener en el tiempo las confianzas que se vayan creando, y debiera avanzar decididamente hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos con los pueblos indígenas.

Hasta ahora la recurrencia a una estrategia de seguridad por una parte y a una de desarrollo por otra, ha sido probada, con más o menos inversión pública, en los distintos gobiernos. El saldo ha sido negativo, en tanto no se han resuelto los problemas de fondo y han muerto personas en dicho marco, profundizando las desconfianzas de unos y otros respecto de lo que se pueda lograr.  Es hora de que el Estado invite a un diálogo abierto que tenga en el centro al pueblo mapuche, en su diversidad, y sus demandas de reconocimiento y redistribución, por una parte, comprometiéndose, por otra, a un control político férreo de las Fuerzas de Orden y Seguridad en la zona y en una agenda de desmilitarización de la región que tenga como contrapartida el cese de las acciones de violencia política.