La ley de aborto en tres causales ha sufrido un largo y complicado camino para poder entrar en vigencia que parece no tener fin. Y a más de un año de su promulgación, este jueves sufrió un nuevo obstáculo, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara como inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia que la rige.

Por ocho votos contra dos, los ministros del tribunal acogieron el requerimiento presentado por diputados y senadores de Chile Vamos para que se declarara inconstitucional el reglamento, que impide que las clínicas y establecimientos privados de salud puedan negarse a practicar el procedimiento si es que tienen convenios y reciben recursos del Estado en atenciones gineco-obstétricas.

En el escrito presentado por los parlamentarios, liderados por Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), alegaron que “ninguna ley puede disponer de las personas como un medio, forzándolas a enajenar sus propias convicciones a través de la imposición de determinadas conductas para satisfacer los deseos, apetencia o necesidades de otros. Lo anterior, pues ello implicaría despojar al destinatario de dicha norma de su calidad de persona, imponiéndole la obediencia ciega a una ley que desconoce su derecho a ampararse en sus íntimas convicciones, precisamente para no llevar a cabo un acto que violente su conciencia”.

La batalla en los tribunales, que parece no tener fin, se inició cuando el gobierno de Sebastián Piñera llevaba dos semanas instalado y decidió modificar el protocolo que había dejado Michelle Bachelet, y con el nuevo documento permitía que los recintos de salud, como los de la Universidad Católica y Los Andes –principales impulsores del cambio–, pudieran negarse sin ningún obstáculo.

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Sin embargo, parlamentarios de oposición acudieron a Contraloría, que en mayo pasado declaró el nuevo reglamento como inconstitucional, y ordenó al gobierno redactar uno nuevo, que fue publicado recién a comienzos de octubre pasado. Pero el nuevo documento no dejó conformes al bloque de Chile Vamos, que decidió acudir al TC.

Por lo mismo, durante los alegatos, que se desarrollaron durante la mañana de este jueves, participó el abogado Camilo Mirosevic en representación de la Contraloría General de la República, quien acusó al gobierno de asumir una posición “cómoda” al no asistir a la sesión a defender la constitucionalidad de “su propio reglamento”.

Mirosevic además criticó el pronunciamiento, debido a que señaló que el TC en realidad está impugnando el dictamen de Contraloría, cuestionó la competencia del tribunal para emitir opinión, y aseguró que los parlamentarios debieron acudir a tribunales ordinarios.