Uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet, en las ultimas semanas ha causado diversas problemáticas y conflictos al interior de las casas de estudio que adscriben a la gratuidad.

Lo que ocurre es que esta política está produciendo importantes brechas financieras en dichos establecimientos, puesto que la ley establece aranceles fijos que paga el Estado que muchas veces son inferiores a los aranceles que cobran las universidades.

A esto se suma que a los estudiantes que se atrasen en la duración formal de la carrera se les quita la gratuidad, pero a éstos por ley no se les puede cobrar más de la mitad del valor del arancel. Por esta razón, según consigna La Tercera,  las 27 universidades del Consejo de Rectores tendrán una pérdida de $36.616 millones el próximo año, luego de que 23 mil jóvenes de esas instituciones que se atrasaran en su avance curricular.

Igualmente, desde 2019 existirá un límite al cobro de los aranceles de los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, que son aquellos que no entran en la gratuidad.

En las distintas universidades esta problemática ya ha comenzado a mostrar sus efectos. En el caso de la Universidad de Chile, se aplicarán reajustes a los aranceles del décimo decil, que van desde el 3,5% al 9,9% en el caso de las facultades de Artes y Filosofía. 

Esta situación ha provocado que surjan movilizaciones al interior del plantel, donde incluso los estudiantes se tomaron la Torre 15 (Servicios Centrales) de la universidad como forma de presión. La respuesta de la rectoría fue la implementación de una beca interna para los estudiantes del décimo decil.

En universidades privadas como la Diego Portales, las brechas han causado la desvinculación de varios académicos para cubrir el déficit presupuestado. Eso sí, dentro de la institución aún no se han anunciado ni detallado las alzas en los aranceles.

En el caso de Finis Terrae, se pospuso la construcción de un nuevo edificio, que buscaba descomprimir el hacinamiento que se vive en la casa central. Igualmente, se atrasó la contratación de académicos con doctorados.