El veredicto que el Tribunal Constitucional anunció este jueves sobre el reglamento de objeción de conciencia ha recibido duras críticas de parlamentarios y parlamentarias de oposición y organizaciones feministas y a favor de los derechos de las mujeres. La decisión del TC de declararlo inconstitucional anula las limitaciones a la objeción de conciencia para instituciones privadas con convenios estatales para realizar prestaciones ginecobstétricas. Entre las entidades que han mostrado su desacuerdo está la Mesa Acción Aborto, que apuntó al gobierno como “cómplice” de la violencia hacia las mujeres.

“Más que el derecho de las mujeres legalmente reconocido en las tres causales, para ellos [parlamentarios de derecha] lo importante es que el sector privado de salud tenga la posibilidad de optar otorgar o no la prestación de interrumpir un embarazo, sin consecuencia respecto de los fondos públicos que pueda percibir”, señaló Gloria Maira, ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y una de las voceras de la Mesa. Maira lamentó que antepongan su “libertad institucional por delante de la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres tengan acceso a las prestaciones a las cuales tienen derecha”.

“Una mujer en cualquiera de las 3 causales, además de tener que sobrellevar lo que está viviendo y cumplir con los requisitos que exige la ley, podría tener que pasar por un verdadero ‘puerta a puerta’ para encontrar dónde interrumpir su embarazo, en una carrera de obstáculos que además es contra el tiempo, que sólo la vulnera aún más”, señaló Maira. “Avalando estas trabas, el gobierno se vuelve cómplice de la violencia hacia las mujeres ejercida por el mismo Estado”,

Para Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa, “permitir que un o una profesional de salud se rehúse a realizar una atención de salud por razones de conciencia es algo extremadamente excepcional”. En su opinión, “esta objeción de conciencia institucional -figura instaurada por el TC por sobre la voluntad del Congreso Nacional- no tiene asidero alguno en los sistemas de protección de derechos humanos. Conciencia tienen las personas, no las instituciones”, enfatiza.

La Mesa Acción por el Aborto en Chile considera “indignante” que, luego que se consiguió tener tres causales en la ley, “la quiten por vía administrativa y judicial, sin respeto a las decisiones democráticas que se tomaron en una larga discusión como país, ni a los derechos humanos de las mujeres”. Y cerró: “El Estado tiene el deber de garantizar la aplicación de la ley y facilitar el acceso de las mujeres, especialmente de aquellas particularmente vulneradas en sus derechos, como las niñas y las adolescentes, o aquellas que viven con escasos recursos económicos”. La organización llamó a participar a la concentración que este viernes a las 13:30 horas tendrá lugar ante la sede del TC.