La reciente emergencia de los movimientos feministas, en distintos territorios, ha transformado la política, posicionando un discurso y una práctica radical, destinados a producir un quiebre con las estructuras que sostienen el sistema patriarcal. Sin embargo, no tardó en llegar la reacción frente a la revolución feminista a nivel internacional, por parte de quienes buscan asegurar la reproducción del orden de género, manifestándose hoy a través de nuevos y viejos dispositivos de violencia contra las mujeres.

Es así que, a pesar de los avances jurídicos favorables a las mujeres (leyes en favor de la igualdad, el sistema de cuotas y paridad, etc.), nos enfrentamos actualmente a diversos casos de violencia que han tenido gran impacto público, pero que, a pesar de su gravedad y relevancia social, las sentencias de los tribunales de justicia, después de investigar los hechos, no han sido proporcionales a los crímenes cometidos. Los resultados judiciales harían evidentes, entonces, las complejas estructuras de la violencia de género.

Las historias de Clara García Luna joven española víctima de “la Manada” o el feminicidio de Lucía Pérez en Argentina, ilustran el carácter de esta reacción, que busca generar mecanismos correctivos contra el conjunto de las mujeres. Es decir, las sentencias de los juicios son una señal de que el monopolio del poder patriarcal busca mantenerse intacto.

La madre de Lucía, Marta Montero señaló en el marco de la paralización desarrollada esta semana en Argentina para exigir justicia frente a este femicidio; “¿Cuántas otras Lucías hay que no se ven, que no se dice nada y que las matan y que jamás se sabe? Y es tal la impunidad de ese fallo que vos decís, ¿qué pasa? No puede ser tan explícita esta impunidad. Por eso, no lo vamos a permitir“. El mensaje que indica la madre de Lucía es claro respecto a la impunidad frente a la violencia contra las mujeres, dando cuenta que a pesar de que la ley nos declara “iguales”, continuamos siendo un “otro” subalterno. Es en este marco que el carácter de la impunidad denunciada por Marta, se establece como mecanismo restaurador del orden patriarcal y la violencia de género aparece legitimada por una matriz jurídica que no es imparcial cuando se trata de ejercer la justicia para las mujeres.

Así como en mayo del 2018 diversos medios de comunicación daban cuenta de la irrupción de la tercera ola del feminismo en el país [1], indicando su origen en la Universidad Austral de Chile, recientemente también algunos medios han visibilizado la situación que afecta a la estudiante de Derecho de nuestra universidad Francisca Díaz, quien fue condenada por denunciar un episodio de abuso sexual, un caso claro de la inequidad en materia de justicia.

La situación que enfrenta Francisca nos compromete profundamente como comunidad universitaria y como feministas, porque mientras avanzamos como instituciones de educación superior en políticas de género que permitan erradicar la violencia y la discriminación, emergen estas señales de las instituciones públicas y jurídicas que transitan en una dirección opuesta. Ya que la condena a la estudiante, sólo podemos comprenderla como parte de estas estrategias de restauración patriarcal, un castigo público al desacato contra el patriarcado y una señal que busca ser ejemplificadora contra el conjunto de las mujeres que hoy levantamos la voz para denunciar las diversas formas de violencia.

Es en el marco descrito que tal como en el pasado los movimientos feministas en la actualidad tienen el enorme desafío de avanzar no sólo en los cambios culturales, sino apuntar a desmontar las estructuras fundantes de la violencia contra las mujeres.

[1] La prensa en general la situó como la tercera ola, invisibilizando el feminismo de las mujeres trabajadoras de comienzo de s.XX, por ello debiera reconocerse como cuarta ola del movimiento feminista del 2018.


Académica Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Prodecana Facultad de Filosofía y Humanidades UACh.