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Mujeres que denunciaron a tres profesores de la PUCV: «Se hizo justicia con las víctimas que denunciamos y con aquellas que no pudieron hacerlo»

Por: El Desconcierto | Publicado: 18.12.2018
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Hace casi dos años, un grupo de estudiantes y ex alumnas del Instituto de Música de la PUCV acusaron a tres docentes por acoso sexual, abuso de poder y hostigamientos. Hoy celebran el proceso que culminó y piden que la universidad y el Instituto de Música «pida perdón de manera explícita y pública a todas las mujeres que hemos sido víctimas de acoso sexual y abuso de poder en la universidad».

A dos años de la denuncia, las estudiantes y ex alumnas del Instituto de Música de la PUCV que acusaron a tres docentes por acoso sexual, abuso de poder y hostigamientos, dan cuenta de los resultados de los sumarios que investigaron sus acusaciones.

En el caso del director del coro y profesor Boris Alvarado se resolvió la aplicación de la sanción de destitución de todas sus labores docentes.

En tanto, uno de los sumarios contra el docente Eduardo Cáceres comprobó los hechos de acoso sexual y señaló que «se resolvió que existió un uso de su posición de influencia con un objetivo amoroso en relación a la estudiante». La segunda investigación se abrió producto de un error del fiscal, quien no incorporó uno de los testimonios al sumario.

Actualmente, Cáceres no tiene calidad de profesor del plantel, ya que antes de dictarse la sentencia se resolvió no renovar su contrato, por lo que fue imposible aplicar la sanción de destitución y se resolvió sobreseer temporalmente la investigación sumaria. En caso de que Cáceres vuelva a la institución, el sumario debe reanudarse para la aplicación la sanción.

Además, el primero de los sumarios contra el docente, que se inició a raíz de una denuncia colectiva, está en etapa de apelación al sobreseimiento, por lo que aún no existe una resolución definitiva.

Por último, el sumario contra Rafael Díaz comprobó los hechos denunciados por una de sus alumnas y se resolvió que el profesor infringió gravemente sus deberes académicos al incurrir en halagos excesivos, acoso y comentarios impropios, con abuso de su posición de superioridad respecto de la estudiante. En específico, los cargos fueron: «Mantener una relación inadecuada con una estudiante, hostigándola y siendo reiterativo en los halagos, lo que le ha producido incomodidad y molestia a la alumna».

Actualmente, Rafael Díaz no es profesor de la PUCV, ya que antes de la sentencia se tomó la decisión de no renovar su contrato. De este modo, no fue posible aplicar la sanción de destitución y se resolvió sobreseer temporalmente la investigación sumaria. Al igual que en el caso de Cáceres, si el profesor Díaz vuelve a ser docente de la universidad, el sumario debe reanudarse para la aplicación de una sanción.

Las estudiantes que los denunciaron, quienes prefieren mantener su identidad bajo reserva, aseguran que el desarrollo de la investigación sumaria «fue excesivamente lento (casi 2 años) y durante el proceso hubo muy poca empatía en el trato de parte del fiscal hacia las víctimas, sin embargo la Universidad, desde la Prosecretaría General, nos brindó todas las facilidades para formalizar las denuncias y, además, puso a nuestra disposición recursos para contar con apoyo psicológico y asesoría legal, por lo que queremos reconocer y agradecer al Prosecretario Fernando Castillo por su comprensión y apoyo».

A la vez, señalaron que desde la dirección del Instituto de Música y su cuerpo docente «no hubo apoyo hacia las víctimas durante el proceso ni cooperación con el comité de género en sus gestiones para generar actividades de reflexión en conjunto con alumnos y profesores sobre los abusos cometidos».

Además, recalcaron que «pese a que 3 profesores fueron acusados y se les formularon cargos por hechos impropios ocurridos en las aulas del IMUS, el instituto no ha asumido su responsabilidad en los hechos, no ha emitido ninguna declaración ni se ha contactado con las víctimas».

Sobre las resoluciones de los sumarios, las denunciantes creen que «se hizo justicia con las víctimas que denunciamos y con aquellas que por diversos motivos no pudieron hacerlo».

«No estamos solas, ya no»

En adelante, las alumnas y ex alumnas de la universidad porteña esperan que los profesores acusados nunca más vuelvan a ejercer la docencia ni a ostentar cargos de poder en la escena musical. A la vez, señalaron que es necesario que las universidades establezcan protocolos claros para evitar todo tipo de violencia de género, así como que se legisle en contra del acoso sexual y el abuso de poder.

«Dado que la sentencia de Eduardo Cáceres fue dictada en la PUCV, pero él también es académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, esperamos que, al pertenecer ambas casas de estudios al Consejo de Rectores, puedan compartir los resultados del sumario y la Universidad de Chile, considerando las graves acusaciones en contra de este profesor y respetando la sentencia de la PUCV, tome medidas concretas para proteger a sus alumnas y desvincular definitivamente al Sr. Cáceres de sus labores docentes«, manifestaron.

Respecto del resto del plantel docente, las mujeres señalaron que es necesario «que se realizan capacitaciones y jornadas de reflexión para evitar estos abusos, pues hasta el momento ha habido una actitud negacionista por parte de los profesores que ha perjudicado a las alumnas, en especial a las denunciantes que están actualmente estudiando en el IMUS».

Las jóvenes aludieron al caso de una docente de la PUCV que realizó publicaciones por medio del sitio web de extensión del IMUS para «limpiar la imagen» de uno de los acusados. «Esto es inaceptable y causó mucho daño. Creemos que las docentes deben involucrarse de manera positiva en estos temas y apoyar a las estudiantes», añadieron.

«Esperamos que la PUCV y el IMUS, en un acto de reparación simbólica, pida perdón de manera explícita y pública a todas las mujeres que hemos sido víctimas de acoso sexual y abuso de poder en la universidad y en especial a aquellas que tuvieron el coraje de denunciar», recalcaron las estudiantes.

Recordando que fueron una de las pioneras en la denuncia a docentes al interior de las universidades, las mujeres reconocieron que al principio había mucho miedo por las consecuencias legales de la denuncia y por las represalias a nivel académico y laboral.

«Para poder superar el miedo fue fundamental contar con el apoyo de otras mujeres, en especial el apoyo de la en ese momento presidenta de la Federación de estudiantes de la PUCV, Camila Lucero, quien nos acompañó y apoyó en todo momento y la asesoría legal y apoyo sicológico del equipo del CVS Valparaíso (centro de atención a víctimas de agresiones sexuales), sin el cual no hubiese sido posible formalizar nuestras denuncias», destacaron.

En este escenario, recalcaron sentirse orgullosas «por haber denunciado, haber visibilizado nuestras experiencias y conseguido la tan anhelada justicia. Creemos que las mujeres que sufren acoso deben buscar apoyo, vencer sus miedos y denunciar».

A la vez, aseguraron que a pesar del temor inicial, no pasó mucho tiempo hasta que «comenzaron a despertar quienes callaron por miedo, vergüenza, inseguridad, indolencias, etcétera, y se produjo el diálogo entre muchas mujeres que en este país han sido víctimas del patriarcado y su normalización de abusos, sobre todo de poder».

Las denunciantes envían un mensaje a otras mujeres que pueden enfrentar una situación similar: «No estamos solas, ya no. Porque después del miedo, vienen puros avances, hay que atreverse a luchar por tus derechos y por hacer justicia, por nuestras ancestras, por nuestras y nuestros hijos, por nuestra cultura».

Las alumnas y ex alumnas de la PUCV recordaron que cuando iniciaron el proceso de denuncia colectiva hubo docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile que quisieron sumar sus testimonios, aunque finalmente decidieron no hacerlo.

«Creo que entre las profesoras víctimas de acoso existe mucho miedo denunciar por no poner en riesgo sus trabajos y porque la universidad no tiene protocolos que permitan a las docentes formalizar sus denuncias de manera segura. Existe miedo a las consecuencias legales que puedan tener sus denuncias», detallaron. En este sentido, aconsejaron a las docentes que «si la universidad no les ofrezca protección y asesoría legal, la busquen en otras instituciones y organismos que brindan apoyo en estos casos».

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