Antes nos quemaban, hoy nos criminalizan

Inmersas en esta sociedad reproductora del patriarcado, el machismo y la misoginia, como mujeres hemos levantado banderas de lucha y con ellas a miles más, cuestionando lo que no era cuestionado e incomodando a quienes siempre han tenido privilegios. No solamente partimos desde una desventaja, sino que se intensifica a medida que se exige cambiar lo que no se quiere cambiar.

La violencia machista más cruda es la que hemos puesto en la palestra, esa violencia machista que trasciende instituciones, organismos y personas. Esa violencia machista que protege a todes menos a las mujeres y disidencias.

Hemos sido quienes han puesto en la mesa que las instituciones deben dejar de ser patriarcales y proteger a quienes hoy son reproductores del machismo a través del acoso, el abuso, la violación y la discriminación. Hemos puesto caras y nombres a quienes no pueden seguir impunes y gozar de la tranquilidad cuando ejercen violencia sistemáticamente. Hemos sido las feministas los lazos de sororidad y resistencia frente a quienes ejercen violencia, quienes también no se hacen cargo y quienes criminalizan al hacer oír nuestras voces.

El año 2016 en la UTFSM ya se escuchaban situaciones de acoso sexual a profesores, un caso de pedofilia y red de pornografía infantil de un estudiante y la necesidad urgente de cuestionar el rol de la institución al momento de asumir la responsabilidad de estar educando en un sistema profundamente sexista. Es ahí donde, desde la federación de estudiantes de ese año, de la cual yo era presidenta, levantamos la necesidad de elaborar un protocolo que permitiera dar el primer paso para espacios más seguros. Pero no es hasta el 2017-2018 que se presenta la urgencia de aplicar estos reglamentos en una denuncia triple de abuso sexual hacia a un mismo estudiante, el cual al día de hoy se encuentra impune y tranquilo en manos de los veredictos de la institución.

A raíz de la violencia de género y la incapacidad de la institución de responder por el bienestar de todes sus estudiantes, comienza la organización autónoma de mujeres en diferentes campus en una universidad completamente masculinizada, llena de ingenierías y técnicos.

En el Campus Vitacura se realiza la primera toma feminista, en la cual, yo misma y Francisca Segura fuimos electas voceras en primera instancia. Tal toma no alcanzó a durar ni un día, ya que el director Edward Johns decidió mandatar el desalojo a Fuerzas Especiales a primeras horas de la mañana. Cuando se presentó al lugar, habló con nosotras mientras tres funcionarios y autoridades nos grabaron con sus celulares, realizaron preguntas tendenciosas en un tono prepotente para mandarnos a sumario interno y denunciarnos a Carabineros. La asamblea de mujeres, por su parte, sólo tenía dos solicitudes para bajar la movilización: la suspensión del denunciado durante el proceso de investigación y el pronunciamiento de la institución a raíz del hecho de violencia de género. Ninguna de las dos fue respondida más que con un desalojo violento e innecesario por parte del GOPE.

Con estas grabaciones, el director nos denunció internamente y también a Carabineros, criminalizándonos sólo por el hecho de ser voceras. Cuando las tomas se replican en el resto de los campus de la Universidad, este hecho no se repite, ninguna otra vocera es denunciada por alguna otra autoridad, ni siquiera por el rector. Además, durante toda la movilización fue una solicitud que se nos retirara la denuncia pero esto persistió hasta que alcanzamos dos meses y dos semanas de paralización, las últimas fueron por esta causa.

Además de ser criminalizadas, fuimos expuestas a indebidos procedimientos. Considerando que los sumarios internos ya son irregulares, hubo ataques directos y además no se realizaron las grabaciones correspondientes de las declaraciones. La sanción inicial podría haber alcanzado la suspensión de un semestre académico, pero por no tener conductas anteriores que vinculan sanción alguna, solo se nos sancionó con una amonestación escrita. Aún así, la voluntad política es sancionar a quienes representamos la voz de las y los estudiantes en contra del machismo, en contra de la vulneración de las mujeres y en contra del silencio cómplice de las instituciones patriarcales. Cabe mencionar que la denuncia interpuesta en Carabineros por el director del campus quedó inválida ante la fiscalía, por lo que legalmente fuimos consideradas inocentes, pero en el proceso interno se nos juzga arbitrariamente por profesores.

Hoy las universidades dicen avanzar en igualdad de género a costa de las luchas feministas, a costa de la organización autónoma de mujeres y disidencias, a costa del costo que significa tomar la vocería feminista en una sociedad patriarcal. A través de medidas populistas y parches, intentan conllevar un problema que no fueron capaces de detectar, que no fueron capaces de desarrollar y que no saben llevar hasta el día de hoy; más bien, insisten en sancionar a diversas feministas, que sin duda, sin tal nivel de organización hoy las instituciones educativas no tendrían los mismos niveles de discusión ni avance.

Cuestionamos las estructuras, las instituciones, las relaciones cotidianas. Planteamos una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de construir educación, nuevas formas de lucha y nuevas formas de hacer política.

La revolución será feminista o no será.