Durante toda la jornada de este miércoles y jueves, el Tribunal Constitucional es el escenario de una serie de alegatos realizados tanto por los partidarios como los detractores del proyecto que reforma al sistema de libertad condicional.

Esto luego de que la iniciativa fuera despachada en el Congreso a fines de noviembre pasado, y que parlamentarios de Chile Vamos acudieran hasta esta instancia asegurando que existe inconstitucionalidad.

En lo concreto, se trata de un decreto que regula el otorgamiento del beneficio de libertad condicional y crea un nuevo régimen tanto para los delitos comunes como para los de lesa humanidad.

La iniciativa establece que, para que condenados por delitos de lesa humanidad opten a la libertad condicional, deberán haber cumplido, al menos, dos tercios de la pena, manifestar arrepentimiento por los crímenes cometidos y haber “colaborado sustancialmente” con la investigación.

En el caso de los delitos comunes, en tanto, podrán postular habiendo cumplido la mitad de la pena y con los requisitos de “intachable conducta” y un informe que dé cuenta de que es consciente de la gravedad del mal causado.

Esta iniciativa, presentada por el gobierno de Michelle Bachelet, estaba sin movimiento desde 2016, y se reactivó luego de la decisión de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a seis condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco.

Desde el gobierno, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunciaron que no participarán de las audiencias para defender el proyecto.