La semana pasada Chile sorprendió a la comunidad internacional decidiendo, a última hora, no concurrir a la firma del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es importante destacar que este Pacto tiene como principal fortaleza dar un tratamiento más sistemático a los desafíos que involucra el fenómeno migratorio para los Estados, y profundizar y precisar obligaciones que se encuentran prescritas en otros tratados de derechos humanos, de los cuales el Estado de Chile sí es suscriptor; como son la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En el mundo, según cifras de Naciones Unidas, 244 millones de personas son migrantes (3,3% de la población). De estas, 117 millones son mujeres y 50 millones son niños y niñas. Y respecto de los niños, niñas y adolescentes, existen obligaciones ineludibles para nuestro país, que es importante tener en cuenta, especialmente en el marco de la discusión de la ley que pretende reemplazar al actual marco normativo que data de 1975 en materia migratoria. Entre ellas, el derecho que asiste a todos los niños y niñas a tener una nacionalidad, independiente del estatus migratorio de sus padres; a ser oídos cuando se toman decisiones que los involucran, especialmente en procesos judiciales; a vivir en familia y por tanto contar con normas que permitan la reunificación familiar; y, por cierto, a contar con garantías reforzadas cuando se encuentran viajando sin adulto responsable.

Todo lo anterior se encuentra tratado en el Pacto de Marrakech, que tiene como propósito entregar herramientas a los Estados para una migración segura y regular, entendiendo que la movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva de derechos.

Dado lo anterior, la decisión de restarse por parte de Chile ha sorprendido, porque desde el regreso a la democracia nuestro país ha tenido como política de Estado la suscripción a estos instrumentos, incorporando progresivamente a su normativa interna estándares internacionales en materia de promoción y protección de derechos, lo que ha influido positivamente en nuestras políticas públicas. Buen ejemplo de ello ha sido la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la tipificación de la tortura y la proscripción de la pena de muerte, entre muchas otras medidas. Es de esperar que la decisión de restarse del Pacto Global sea revisada por las autoridades competentes, y que nuestro país continúe incorporando a sus políticas públicas los estándares que la comunidad internacional ha asumido progresivamente, teniendo como eje la protección primordial de los derechos humanos, sin ninguna distinción.


Abogada de Corporación Opción