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La violencia en los colegios no es un tema nuevo, todo lo contrario, nos hemos acostumbrado a ver imágenes o videos de estudiantes golpeándose en todas las plataformas, desde noticiarios a redes sociales. Lamentablemente, estas situaciones se han visto naturalizadas y con ello se han dejado pasar varias vulneraciones sin activar protocolos. Esta es una de las situaciones que tiene preocupadas a las y los apoderados del Colegio Brasil de Concepción.
Desde abril hasta la fecha se han recopilado cerca de 14 casos de vulneración, de los cuales siete se han transformado en denuncia en la Superintendencia de Educación. Situaciones que no fueron detectadas e intervenidas tempranamente por el equipo encargado de convivencia escolar, falencia que colabora en generar un espacio propicio para la propagación de actitudes violentas y de maltrato. Tras meses de evidenciar esta falta al derecho de la protección de los niños es que la Municipalidad ordena un sumario administrativo al funcionario encargado de convivencia escolar, José Pérez Vega.
El Colegio República de Brasil de Concepción es una de las instituciones municipales más grandes de la ciudad, albergando a más de 1700 estudiantes, transformándose en un estandarte regional en educación por ser una institución bicentenario. Sin embargo, al ingresar Colegio Brasil al buscador de Google las primeras cuatro noticias que aparecen son de denuncia por parte de apoderados y estudiantes por la nula atención a casos de violencia y abuso.
Hace unas semanas circuló a nivel nacional una entrevista que se le realizó a la vocera del Centro General de Padres y Apoderados, Ana Arce Bustos, en donde comentaba la inoperancia del equipo encargado de convivencia escolar, en específico del profesional que actualmente se encuentra bajo una investigación administrativa. La entrevista alcanzó un protagonismo importante debido a que metros más atrás dos colegialas se estaban golpeando en el suelo. A partir de esta situación televisada es que el director se manifiesta públicamente y se compromete a intervenir.
Ana Arce señala que como CGPA (Centro General de Padres y Apoderados) han detectado casos desde el 2016 y que los han hecho llegar a las autoridades del colegio, las que se han comprometido a dar respuesta, pero a lo largo de este tiempo han faltado a los acuerdos y los han ido excluyendo de las discusiones.
Llegado el 2018 el tema se agudiza y las situaciones son más graves y recurrentes. “A un mes de clases se detecta el primer caso que denominamos 1°A, ya que es un curso completo los que se ven afectados. Los niños llegaban orinados y defecados de clases y las apoderadas hacen un llamado de alerta al colegio, empiezan a pedir entrevistas y no fueron escuchadas” afirmó Arce. Al darse cuenta que no se habían activado los protocolos, los apoderados solicitan ayuda al CGPA comentando que los niños ya no se quieren presentar a clases y que están teniendo conductas agresivas en sus hogares. El Colegio Brasil tuvo que pagar una multa por este caso de maltrato de adultos a niños y niñas, pero aún así las familias evidencian que no se cumplieron los compromisos, sino que se estaban realizando entrevistas a los estudiantes, sin consentimientos de los padres, y haciendo firmar las declaraciones a los afectados, niños y niñas de seis años de edad.
A partir de la situación antes mencionada es que el Centro General de Padres pide la ayuda al DAEM y realizan un consejo escolar extra programático en donde a su parecer se demuestra que existen intereses distintos al cuidado y protección de los y las menores.
En la actualidad, han sistematizado 14 casos de vulneración de derechos en una carpeta que fue entregada al DAEM. Además en junio se hizo entrega de un petitorio que contiene el diagnóstico del clima escolar y propuestas de cómo trabajar esta problemática. Éste fue facilitado al Director del Colegio, Manuel González, a concejales, Municipio, Seremi de Educación y al DAEM. Hasta la fecha no han tenido respuesta.
El 14 de diciembre se firmó el decreto que inicia un sumario administrativo al funcionario José Pérez Vega, encargado de convivencia escolar del Colegio Brasil, por el no cumplimiento de protocolos (Art. 127 del Título V de la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales) y otras faltas.
La psicóloga infanto-juvenil especializada en ambiente escolar, Carla Galaz, al ser preguntada por la situación del Colegio Brasil plantea que los protocolos existen con el objetivo de que “las instituciones educativas cumplan con su rol garante de derecho. Entonces el no activar los protocolos, en este caso los que tienen relación con convivencia escolar, violencia y accionar, pasan a llevar tratados internacionales a los cuales Chile está adscrito como es la convención por los Derechos de los Niños y Niñas, legislación que regula sus Derechos Humanos.”
La creación de protocolos de convivencia se remonta a la necesidad de resguardar el bienestar de la comunidad escolar, ya sean estudiantes, docentes, trabajadores y apoderadas/os. Tal como lo explica la guía del Ministerio de Educación denominada Convivencia Escolar: Orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos de Convivencia Escolar en la escuela/liceo (2017) que concuerda en que se deben mejorar los niveles de aprendizaje potenciando la investigación en los indicadores de desarrollo personal y social, ya que se reconoce la enseñanza a convivir en comunidad, es decir, se busca el aprendizaje de ser ciudadanos o sujetos en sociedad.
De acuerdo al documento, el encargado de Convivencia Escolar es la persona encargada de hacer cumplir y gestionar estrategias de buena conducta desde un enfoque de derecho. En otras palabras, se espera que el proceder frente a estos fenómenos sea el de detectar e intervenir inmediatamente, para luego prevenir casos futuros.
La especialista agrega que la no activación de los protocolos se traduce en un menoscabo a los niños y niñas como sujetos de derecho. “Lo que pudo ser un conflicto de convivencia o vulneración se agrava, porque ocurre en un espacio que tiene la obligación, reitero, de ser garante de derecho y lo está vulnerando. Es decir, el garante de derecho es quien está vulnerando los mismos derechos que debiese proteger y las consecuencias se verán en toda la comunidad, naturalizando y reproduciendo relaciones violentas”.
Los efectos en el individuo que ha sido vulnerado (por el hecho en sí mismo y por la carencia de intervención) pueden ser daños psicológicos, problemas de socialización y aprendizaje, sentimientos de inadecuación, entre otros. Es por tal razón que el llamado es a todas las personas que conforman la comunidad educativa a tener un rol activo dentro de la educación, visibilizando y denunciando estos hechos para así disminuir los grados de violencia a los que están expuestos las y los niños.
Los apoderados y apoderadas del Colegio Brasil hoy se encuentran a la espera de que el sumario decretado se realice a la brevedad, ya que no quieren que sus niños vuelvan a ser víctimas de funcionarios que no respetan los Derechos de los niños y niñas.
*El Director Manuel González y el encargado de Convivencia Escolar José Pérez no respondieron a la invitación a participar de esta nota.
